Tiempo de lectura: 2 minutos
El aumento incontrolable de los contagios de Covid-19 en Formosa obligó al gobierno de Gildo Insfrán a retroceder a la fase 1.
A casi un año del inicio de la pandemia, la “estrategia sanitaria” de Insfrán muestra sus falencias de la manera más dramática.
El sistema público de Salud ha sido quebrado. Las informaciones referidas a la totalidad de médicos, terapistas y unidades de terapia intensiva son ocultadas a la población. En el interior provincial no hay laboratorios ni centros de diagnósticos (una mujer debe viajar a la capital para hacerse una ecografía) y hay pueblos donde no hay médicos.
Durante todo el año 2020 no hubo una política de testeo que permita tener un seguimiento del desarrollo del contagio. Por el contrario, el gobierno se jactaba de no tener demasiados casos. El estallido de contagios en la región Oeste de Ingeniero Juárez -con foco en las reuniones y convocatorias de las iglesias de la zona- lo tomó por sorpresa. Hay circulación viral en 14 barrios y el hospital de la región colapsó por la cantidad de personal sanitario contagiado.
El gobierno no solo bloquea la información sanitaria a la población, tampoco ha dispuesto dispositivos de contención para la circulación viral: la población testeada con PCR se entera del resultado de sus análisis por Internet, permitiendo que los casos positivos asintomáticos continúen circulando hasta enterarse de los resultados.
Represión
Ante esta situación, el gobierno resolvió aislar a los casos positivos, asintomáticos y contactos estrechos de manera compulsiva, mezclando a positivos y negativos en centros de aislamientos, agravando aún más la situación. Los centros que hoy mantienen aisladas a 623 personas, se encuentran exclusivamente en manos de las fuerzas de seguridad y funcionan literalmente como centros de detención más que como postas sanitarias. La falta de recursos humanos competentes a las tareas, como trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, médicos, etc., fue reemplazada con el aparato represivo con el que gobierna el gobernador. En el Departamento Ramón Lista, en las comunidades wichí El Palmarcito, San Miguel, María Cristina 1, que se encuentran bloqueadas totalmente, la respuesta a los reclamos de agua potable, provisión de alimentos, banco móvil para cobrar beneficios sociales, entre otros, fue una brutal represión y detenciones arbitrarias.
La detención y persecución por parte del estado provincial de dos concejalas de la capital -una enrolada en el “peronismo disidente” y otra en el radicalismo- mientras desarrollaban las denuncias de maltrato y avasallamiento de derechos humanos a personas alojadas en un Centro de Atención Preventivo, han tenido un alto impacto en los medios. Estas denuncias, sin embargo, apuntan al levantamiento total de la cuarentena, en función de la ´inmunidad de rebaño´, que se ha probado criminal en todo el mundo.
En esta situación de vulnerabilidad, se contraponen agudamente, como nunca antes, los intereses económicos empresariales y el manejo capitalista de la pandemia con los de nuestra clase, su salud y su vida.
