Santa Fe: el gobierno desarma equipos de atención integral del aborto

Desde hace varias semanas ha dejado de atender el único centro médico (CEMAFE) del centro norte de la provincia con equipo profesional capacitado para llevar adelante la IVE en el segundo trimestre de gestación. Esto ocurre a quince días de la promulgación de la ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo, y a una semana de haberse comunicado su implementación. En Santa Fe, la provincia “modelo” en lo que concierne a la ejecución de abortos no punibles, los límites se hicieron sentir, incluso con grandes retrocesos.

El CEMAFE suspendió la atención por falta de personal. Las maniobras del Ministerio de Salud agravaron la situación. El consultorio de salud sexual y reproductiva de CEMAFE funciona con un reducido equipo de trabajadores y trabajadoras, sin ninguna seguridad laboral, inmersos en la precarización disfrazada detrás de los “convenios de comisiones de servicio”. No son personal de la institución sino que trabajan en “préstamo”. El trabajo a destajo y la falta de reemplazos y de personal capacitado, hacen del consultorio un equipo descartable que sirve para apagar incendios.

A CEMAFE llegan las derivaciones por parte de centros de salud y los Servicios para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCO) de diferentes localidades de la región que no pueden realizar la práctica de manera medicamentosa a pacientes con embarazos de más de 12 semanas, así como la derivación de niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violación. Estas derivaciones se multiplicaron en el último año por la falta de acceso a las consejerías en los centros de salud, así como la dificultad para acceder a los turnos de laboratorio y ecografía (indispensables para que el tratamiento sea seguro y efectivo). No es difícil llegar a la explicación de esto: hemos señalado innumerables veces que el sistema de salud se encuentra colapsado, con trabajadores infectados y sin reemplazos. La demora que pone en riesgo este derecho es efecto del mismo colapso. El Estado es el primero en violar los tiempos que la misma Ley impone. Y este retraso tiene como principales víctimas a las mujeres y niñas que necesitan interrumpir un embarazo.

El CEMAFE tiene que reanudar sus actividades inmediatamente.

Todas las pacientes deben ser atendidas. El no cumplimiento de los plazos es exclusiva responsabilidad del Estado.

La precarización laboral es un arma contra los trabajadores y contra los derechos de las mujeres. Exigimos el urgente nombramiento y la capacitación de los profesionales.

Exigimos la estabilidad laboral de todos los profesionales que cumplen con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

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