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En las primeras dos semanas del año hubo al menos 80 llamados al 0800-222-3444, la línea de salud sexual y reproductiva del ministerio de Salud, para solicitar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Según indicó el secretario de servicios de salud Martín Flores Perazzone, “67 fueron de Capital y 13 de otros departamentos. Comenzó a haber solicitudes de localidades que antes no tenían pedidos”. Los pedidos son derivados a la Dirección de Salud Materno Infantil de la Provincia, que se comunica con las pacientes y les otorga un turno.
“Ya en 2020 la demanda era alta y había poco personal disponible para contactar a cada una de ellas y luego derivarlas al servicio de salud. La demora para acceder a la práctica era de 15 días, sobre todo en el Hospital Público Materno Infantil, donde un solo profesional realizaba el procedimiento y resolvía cuatro casos una vez por semana” (Clarín, 28/1). En la semana del 24 de enero, cuando entró en vigencia la ley de aborto legal, las intervenciones se duplicaron.
El ministro de Salud de la provincia Juan José Esteban envió cartas a los gerentes de los hospitales para comenzar a armar equipos de trabajo con equipos de tocoginecólogos que no se declaran objetores. Un relevamiento oficial reportó que en toda Salta hay sólo 19 médicos no objetores, que podrán llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo. Hospitales como el Papa Francisco, y departamentos enteros dicen no contar con profesionales que garanticen la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El gobernador Sáenz ha decidido no hacer comentarios al respecto.
El gerente del Hospital Materno Infantil, Federico Mangione, volvió a recordar que de los 70 especialistas que tiene a su cargo, 67 serían objetores. Señaló también que los objetores en la parte pública no son todos objetores en la parte privada. “Un médico no objetor puede cobrar 30 mil pesos por el procedimiento, mientras el médico que está en la parte pública no cobra eso”, declaraba Flores Perazzone.
Sin presupuesto
Desde la sanción de la ley no se ha informado que exista una partida presupuestaria para contratar más médicos para tratamiento de IVE, o para realizar el traslado de la persona gestante en caso de que no sea posible garantizar la práctica en el plazo de los 10 días que estipula la ley luego de requerida. Desde ya, esta es la situación que tenemos en el interior.
La falta de un presupuesto que contemple el aumento general de salarios para todos los trabajadores de salud, sin la incorporación de médicos correspondientes en todos los centros de salud y hospitales, y sin el acondicionamiento de la infraestructura, provisión de misoprostol y anticonceptivos, conspira contra el derecho a un aborto legal.
Antes de la legalización en Salta, se contabilizaban al menos 3.200 egresos hospitalarios al año por abortos, es decir de mujeres que habiendo realizado la práctica de forma clandestina recurrían al hospital por complicaciones. El sistema de salud deberá ser reforzado para esperar 6 o 7 veces más esa cifra, según los datos que manejan las organizaciones de mujeres.
Los hospitales no han sido reforzados ni con la pandemia del Coronavirus, menos para el tratamiento de enfermedades que se expanden como el dengue, la salmonelosis, incluso afecciones graves en útero de mujeres jóvenes que están destinadas a perderlo, porque no se garantiza la medicación. La "autogestión" y el sistema de gerenciamiento han llevado al desquicio la salud.
