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El 30 de enero se cumplieron tres meses del femicidio de Paola Tacacho, la joven docente de inglés que, tras 5 años de sufrir acoso por parte de un exalumno -y realizar 20 denuncias-, fue asesinada brutalmente. Su caso conmovió a la provincia, que ya había sido sacudida en las semanas previas por los femicidios de dos niñas. El crimen de Paola volvió a poner al descubierto el régimen de impunidad y violencia contra las mujeres que proviene del propio Estado.
Por la acción de la familia de Paola, que se movilizó inmediatamente y averiguó por sus propios medios todo el derrotero de la joven ante la justicia, saltaron a la luz las numerosos denuncias que Paola había realizado y su cajoneo, bajo la responsabilidad de fiscales y jueces. En 2017, el fiscal López Ávila había pedido la elevación a juicio, pero el juez Pisa lo rechazó por falta de pruebas, a pesar de las numerosas denuncias de Paola, para ´no malgastar´ recursos del Estado. En las restantes causas, la actuación de la justicia fue similar. En el desenlace atroz, están comprometidos la casi totalidad de jueces, fiscales y secretarías de la Corte Suprema, ante los cuales acudió Paola.
Por detrás de todas estas maniobras, estaba la familia del acosador y femicida. El hermano, Ronald Parada Parejas, es un empresario allegado al poder político. Fue directivo de uno de los clubes más importantes de la provincia, adjudicatario de distintas obras públicas e integró el grupo empresario que años atrás se hizo cargo de un ingenio quebrado, el San Juan, y que cuya gestión dejó deudas impagas a trabajadores y cañeros, al igual que con los préstamos realizados por el estado provincial para ponerlo en funcionamiento.
Esta radiografía del carácter descompuesto y criminal del poder judicial llevó a que desde la familia y de las organizaciones del movimiento de mujeres se levante la consigna de la remoción del juez Pisa y su juicio político. Sospechosamente, cuando se levantó este reclamo, se conoció un pedido de renuncia -condicionada a cobrar su jubilación como juez- formulado por Pisa unas semanas antes. La movilización y la indignación popular provocaron que Manzur no pudiera aceptar la renuncia hasta el momento y que la legislatura tenga que dar curso a los pedidos de juicio político. Con el fin del receso de enero se dará a conocer el descargo realizado por el juez y la comisión de juicio político deberá tomar la decisión de si formula la acusación o no.
Sabiendo que están en curso todas las maniobras políticas para tratar de cerrar el caso, y que quede en pie todo el muro de impunidad, es que la familia de Paola convocó a un acto y marcha este 30 de enero. Pese a las vacaciones y al clima desfavorable tuvo lugar una importante jornada de lucha que volvió a reinstalar los reclamos de Justicia por Paola. Tuvo la virtud también de converger con otras víctimas y familiares de víctimas. A mediados de enero se produjo otro caso similar al de Paola, donde la víctima fue el hermano de la joven acosada y hostigada. Marcos Montenegro Cano, un conocido basquetbolista, fue asesinado cuando enfrentó al hostigador de su hermana. El asesino ya tenía 17 causas en la justicia y proviene de una familia con influencias. Nadia Cano se hizo presente en la movilización y denunció la protección de los jueces, bajo la acción del gobierno, a los poderosos.
La convergencia de las víctimas y familiares y la movilización es el camino que hay que seguir. Este 26 de febrero se cumplirá el 15° aniversario del crimen de Paulina Lebbos. Esa fecha se ha convertido en la jornada anual de lucha contra la impunidad. Preparemos una masiva convocatoria por justicia por todas las víctimas para fortalecer la organización y coordinación independiente del Estado.
