Créditos UVA: impasse

Escribe Emiliano Monge

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El lunes 31 de enero venció el congelamiento de los aumentos en los créditos hipotecarios UVA, dispuesto primero por Macri y luego prorrogado por Alberto Fernández. Para salir del atolladero, el gobierno plantea un plan escalonado de aumentos que comenzarán a pagarse a partir de febrero. En cuanto a las diferencias generadas, se transformarán a UVA y se agregarán cuotas al final del crédito, extendiendo el pago en el tiempo. Los endeudados en créditos UVA suman un millón de personas, de las cuales el 10% son hipotecarios.

Para que esa actualización no sea brusca para los hipotecados, se diseñó un mecanismo de “compensación” para distribuir la deuda a lo largo de los meses: “El aumento de las cuotas oscilará entre el 6% y el 9% e irán convergiendo a lo que estipula cada contrato entre febrero y julio de 2022. A su vez, la cuota no podrá superar el 35% del ingreso familiar, y si esto sucediera, la diferencia pasará a extender el plazo final del crédito” (Clarín, 1/2). Es decir, una hipoteca eterna que se llevara ´solamente´ el 35% del ingreso -ojo- de todo el grupo familiar, estimado según parámetros que aún no fueron precisados oficialmente.

La disparada inflacionaria ha tornado inviable el sistema de indexación de los UVA, por eso ahora en le gobierno se discute pasar a un “índice de variación salarial elaborado por el Indec”, según informa La Nación.

Gobierno vs. deudores hipotecarios

Los deudores aseguran que el plan de convergencia propuesto por el Gobierno “no es un beneficio, es un plan en 18 cuotas para pagar el aumento de la cuota que no pudimos pagar, y que reafirma que los créditos UVA aumentaron más de lo que podemos afrontar”. El escalonamiento es rechazado por las agrupaciones de los hipotecados UVA, dado que aseguran que si se calcula una inflación del 3 por ciento mensual más el plan de convergencia, la cuota va a subir “un 160 por ciento”, y denuncian que el gobierno miente.

“Desde la agrupación Hipotecados UVA señalaron que el esquema de convergencia al valor del UVA vigente morigera las subas en las cuotas durante los primeros meses, pero en el caso de que durante 2021 haya una inflación del 3% mensual promedio, las cuotas subirían 65%” (infobae, 2/2). Para tomar un caso concreto “quien pidió al banco financiar el 80% de su vivienda con un monto de 2 millones de pesos, poniendo la diferencia al valor total, hoy deben 6 millones, sin haber dejado de pagar un solo mes, iniciado el crédito con una cuota de 16.000 pesos y hoy pisando los 56.000” (Clarín, 1/2).

Los deudores hipotecarios, que desde 2018 comenzaron a autoconvocarse porque no podía hacer frente a los aumentos, plantean que “quien pidió al banco financiar el 80% de su vivienda con un monto de 2 millones de pesos, poniendo la diferencia al valor total, hoy debe 6 millones de pesos, sin haber dejado de pagar un solo mes (hasta la posibilidad de diferimiento por la pandemia, propuesto por el gobierno)”. En 2016 la cuota del valor UVA era de 14 pesos y hoy asciende a 66,54 pesos.

Según cifras oficiales, hay unos 105.000 préstamos hipotecarios otorgados bajo la modalidad UVA, de los cuales el 73% fue otorgado por la banca pública. El Banco Central asegura que la mora es baja -no alcanza el 1%- pero ocurre que la devolución de los créditos es, en la mayoría de los casos, descontada directamente de la planilla salarial.

Los deudores realizaron diferentes protestas durante el fin de semana pasado, con repercusiones frente a la quinta de Olivos, Salta, Misiones y Mendoza.

El gobierno intenta contener una nueva bomba de tiempo, que se suma a la crisis habitacional que quedó de manifiesto con la ocupación de tierras en Guernica y otros lugares del país; con la crisis de los 9 millones de inquilinos, muchos de los cuales no pueden hacer frente a los aumentos. Los desalojos se producen a diario. En un polo, aumenta la burbuja de los negocios especulativos e inmobiliarios; del otro, el hacinamiento de la clase obrera, en el marco de una crisis sanitaria sin precedentes.

El esquema de convergencia reafirma las deudas y extiende plazos en el tiempo condenando a los deudores hipotecarios a atarse más años de su vida a pagar y pagar cuotas, con salarios y paritarias a la baja.

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