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A pocos días de la implementación de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, los límites para la realización de la práctica en el centro norte de la provincia de Santa Fe alcanzaron extremos peligrosos.
En Política Obrera realizamos una grave denuncia sobre el desmantelamiento del equipo de atención de salud sexual y reproductiva del Centro Especialidades Médicas (Cemafe) de la ciudad capital, que atiende los casos de práctica de aborto de segundo nivel del centro norte de la provincia, justo en el momento en el que la demanda es mayor. Organizaciones de mujeres y socorristas replicaron el reclamo en medios locales y provinciales.
La ministra de Salud, Sonia Martorano, rápidamente salió a responder que “estaba al tanto de la situación” y que “todo se irá acomodando”. Pero lejos está la situación de resolverse. Al momento, el equipo fue en gran parte desmantelado, y no cuenta con los insumos básicos para poder realizar la práctica. A su vez, continúa el hostigamiento y las presiones para quienes lo integran. Por otra parte, los tiempos de la gestión no contemplan la cantidad de adolescentes y mujeres que esperan ser turnadas para una práctica segura en la provincia. Hay personas que esperan turnos hace más de tres semanas y que son derivadas a Rosario, pero no son acompañadas ni siquiera con los pasajes o el asesoramiento para transitar la derivación del primer nivel de atención a un hospital.
La gran acumulación de casos responde a que, en la agenda de la gestión, de la dirección de Salud Sexual y de la ministra, no está cumplir con la ley en los hospitales de alta complejidad de Santa Fe. Ambas instituciones están controladas por conocidos objetores y amigos del clero, como Juan Pablo Poletti del hospital Cullen y Samuel Seiref del hospital Iturraspe. En el hospital de Niños Alassia, la condición de precarización extrema del personal de salud imposibilita que los profesionales decidan garantizar IVE a las niñas víctimas de violación.
Tanto la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir regional Santa Fe como la Campaña por el Derecho al Aborto, emitieron comunicados repudiando la situación. La posible presentación de una carta en el ministerio podría habilitar una jornada de reclamo en la calle para la próxima semana. Estas iniciativas deben profundizarse e incluir una fuerte denuncia a la orientación política del gobierno del PJ en la provincia que, demagógicamente, hizo campaña por un ministerio de Igualdad y Género que no emitió una sola palabra al respecto y que no ha dado respuestas a los innumerables flagelos y violencias que sufrimos las mujeres trabajadoras en la provincia.
Tomar la calle es fundamental, cuando gran parte del movimiento de mujeres que responde al gobierno provincial elije mirar hacia otro lado. Lo hacen en medio de la grave situación que viven muchas personas que esperan la práctica, como así también el personal de salud que la garantiza. La efectiva implementación de la Ley depende de que no abandonemos la lucha, y que nos organicemos contra la objeción de conciencia en cada ciudad.
