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El pasado sábado 6, cerca de la medianoche, fue detenida por "por escándalo en la vía pública e incumplimiento al toque de queda" la estudiante de enfermería Keyla Martínez, de 26 años. A las pocas horas fue declarada muerta en un hospital, al que fue trasladada, según las fuentes policiales “tras intentar suicidarse en una celda de una comisaría en la ciudad de La Esperanza” (BBC, 10/02).
La autopsia realizada a la joven en el hospital determinó que la versión policial era falsa. Según la fiscalía, “la autopsia reflejó que la muerte…fue por asfixia mecánica, lo que demuestra que fue un homicidio” (Ídem). Los policías implicados fueron enviados a otras estaciones, lo que encendió la furia de los vecinos de La Esperanza. Quienes se congregaron pocas horas después en las puertas de la comisaría fueron duramente reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma. El informe oficial no reportó heridos ni arrestos. Sin embargo, los vecinos denunciaban: “había personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños, porque todo el pueblo está indignado, y de repente los policías lanzaron bombas lacrimógenas, tratando de reprimirnos, pero no nos callaremos hasta que se haga justicia y muestren los rostros de los asesinos, queremos verlos tras las rejas” (Nodal, 11/02). La bronca fue extendida por todo el pueblo, que realizó piquetes con llantas encendidas y hasta se quemó un monigote vestido de policía al grito de “policías asesinos”.
Los organismos internacionales manifestaron su preocupación también. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) considera que los hechos podrían configurar una ejecución extrajudicial. Desde la Secretaría de Seguridad, llegó a afirmarse que el "intento de suicidio" fue descubierto por un agente que realizaba una "ronda de supervisión". (BBC, 10/02) Un encubrimiento total.
Ayer, miércoles 10, fue reprimida ferozmente una movilización convocada para exigir justicia en Tegucigalpa, capital hondureña. Los detenidos fueron interceptados por patrullas a varias cuadras de la Casa de Gobierno, cita de la manifestación. Los detenidos son jóvenes universitarios y activistas de varias organizaciones estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los activistas podrían enfrentar diversos procesos judiciales en su contra, lo que demuestra que existe una clara complicidad dentro del propio aparato estatal hondureño.
