Tucumán: nos movilizamos por Úrsula, Paola Tacacho y todas las que nos faltan

El miércoles 17 de febrero, en el marco de la convocatoria nacional por Úrsula y todas las víctimas de femicidios, se realizó una importante movilización en el Palacio de Tribunales convocada por el Ni Una Menos y la Multisectorial de Mujeres. Entre las consignas de ambos sectores se colocó la responsabilidad del Estado, ya que en todos los casos se repiten la negativa de las comisarías a tomar las denuncias, el cajoneo de las causas en las justicias, el incumplimiento de las medidas de protección y el encubrimiento, cuando los hostigadores son policías e hijos del poder. Se hicieron presentes distintos familiares quienes, en sus intervenciones, dieron testimonio de esta realidad.

Estuvieron familiares de Paola Tacacho, que viajaron desde Salta para hacerse presentes en la movilización, para denunciar el operativo de impunidad en torno al caso. Al igual que Úrsula Paola hizo 22 denuncias durante los 5 años que sufrió hostigamiento y acoso por parte de su femicida. La investigación que llevó adelante la propia familia permitió conocer que dos denuncias fueron archivadas por falta de espacio en las oficinas donde ingresaron; en otro caso, el juez Pisa decidió rechazar el pedido de elevación a juicio realizado por el fiscal en nombre de “no malgastar los recursos de la justicia”. Este tipo de actuación se repite en las restantes causas debido a la influencia del hermano del femicida, un empresario de la provincia vinculado al gobierno.

Al reclamo de justicia por todas las víctimas se impuso el pedido de juicio político a Pisa en el entendimiento que hay que echar a los responsables políticos de la situación de extrema violencia de género. También porque es un juez socio del poder político, conocido por actuar a su favor en numerosas denuncias de corrupción. Esta asociación llega a tal punto que el gobernador Manzur tiene en su escritorio el pedido de renuncia condicionado a la jubilación de privilegio que este juez habría realizado antes del femicidio de Paola. Sólo la conmoción social y la movilización por el caso de Paola presionó para que no la firme pero están en juego numerosas maniobras tanto desde el gobierno como la legislatura para darle impunidad.

Desde el Plenario de Trabajadoras (Tendencia) sumamos el reclamo por la inmediata libertad de Yolanda Vargas, trabajadora ultraprecarizada de Colonia Santa Rosa (Salta) que perdió a sus hijos en el incendio de su casilla. Denunciamos la celeridad con la que actúa el Estado y la justicia para encarcelar a una mujer pobre criminalizándola por la situación de miseria social en la que vive. Detrás de esta causa el Estado busca culpar a Yolanda para eximirse de su responsabilidad por la falta y precariedad del trabajo, la vivienda y infraestructura y servicios, la falta de guarderías en las barriadas. La prima de Paola también hizo referencia a la situación de Yolanda y a la campaña que se está realizando por su libertad.

Queda planteada poner en pie una gran organización para que el 8 de marzo seamos miles en las calles y que a través de asambleas en las barriadas y lugares de trabajo debatamos cómo enfrentamos la violencia y los femicidios, cómo continuamos la campaña por la libertad de Yolanda y cómo transformamos la jornada del 8 en una expresión de apoyo a la docencia que enfrenta la imposición de la presencialidad, cuando la situación de la pandemia está lejos de ser superada, y las trabajadoras y trabajadores de la salud que vienen sosteniendo un plan de lucha por el salario y las condiciones laborales y contra la persecución a los luchadores.