Colombia: las centrales sindicales frenan una respuesta al impuestazo

Escribe Emiliano Monge

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El presidente colombiano Iván Duque, en medio de la terrible crisis sanitaria que atraviesa su país, ha presentado en el Congreso un nuevo proyecto de reforma fiscal y tributaria. Se trata de la tercera reforma tributaria. Prevé un aumento del IVA a los alimentos y productos de la canasta familiar, y una reducción de impuestos para los empresarios.

Golpe al bolsillo

Los productos que hoy cargan el 5% en concepto de IVA pasarán a tributar el 19%. Duque aspira a recaudar 20 billones de pesos colombianos y estima una devolución de 800 mil millones a los sectores más empobrecidos.

Este impuestazo sobre los bienes de la canasta familiar se produce en el marco de una caída del consumo y los salarios. El desempleo supera el 20%, las ayudas sociales se encuentran paralizadas. La deuda externa de Colombia representa sólo el 54,8% del PBI, sin embargo, las calificaciones de riesgo aumentan. Desde Ecopetrol se lanza una privatización encubierta mediante la venta de acciones estatales.

El proyecto ha generado una crisis política en las filas propias. Un representante del oficialista Centro Democrático, Gabriel Vallejo dijo: “La única reforma tributaria que acompañaré será la que consista en reducir impuestos” (infobae, 11/2) y una “reducción del Estado”. “El Partido de la U, también se desmarca de la propuesta” (ídem). También expresó disidencias el oficialista Partido Conservador.

Huelgas y movilizaciones

Fabio Arias, fiscal general de la CUT, declaró que “la Central Unitaria de Trabajadores anunciará con las demás organizaciones sociales y políticas del país un gran paro nacional” contra el proyecto, pero sin fecha (ídem). También ha condicionado una marcha “debido a las diferentes restricciones que existen por la pandemia” (infobae, 11/2).

El 26 de febrero está convocada una movilización por un pliego de trabajadores estatales, por la no privatización de empresas estatales, que cuenta con más de un millón de trabajadores. La FECODE, central sindical de maestros, dice que rechazan la vuelta a clases presenciales. El 26% de las escuelas no tiene agua potable, y sólo el 46% tienen acceso a internet. Los estudiantes también movilizarán por sus reclamos.

Se encuentra en vigencia el decreto 1.174, que constituye una verdadera “reforma laboral” en los hechos: a los jóvenes que tienen su primer empleo y a todos los contratos que comiencen a partir del 1 de febrero, los empresarios no estarán obligados a pagar el mínimo, en los casos en que corresponda según los convenios respectivos; elimina aportes patronales, vacaciones, licencia de maternidad, garantías para contratación colectiva y derecho de asociación, y los trabajadores son contratados por horas. Esto les ahorra un 37% a los patrones, que sólo pagan el 15% del piso de protección social.

Crece el desempleo, las masacres, los asesinatos de cientos de líderes sociales, las amenazas y el desplazamiento de campesinos e indígenas, el creciente poder del narcoestado, la pauperización de las condiciones laborales, la destrucción de recursos naturales, la concentración de tierras. Las centrales sindicales frenaron y dilataron la lucha, como vuelve a ocurrir ahora.

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