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El lunes 22 de febrero las organizaciones articuladas en la "Coordinadora de la Costa" convocaron a una concentración y conferencia de prensa en la "Fuente de la Cordialidad", en el acceso Este de la ciudad, sobre la Ruta Nacional 168, en repudio a una obra privada ilegal que produjo un importante movimiento de suelo.
La concentración se dio frente al predio emplazado sobre el Riacho Santa Fe del cual el empresario agropecuario Daniel Questa manifiesta ser propietario desde 1978. Allí pretende llevar adelante un proyecto turístico e inmobiliario junto a la firma Benuzzi, una de las principales constructoras e inmobiliarias de la ciudad.
El 30 de enero este empresario, su apoderado Publio Ignacio Benuzzi y la empresa Coivalsa S.A. (dueña de la maquinaria) iniciaron de manera ilegal la construcción de un terraplén de 400 metros de largo y 4 metros de profundidad, en una zona clasificada como inundable y espacio verde ribereño por los códigos de edificación urbanos.
La obra destruyó un humedal ribereño que funcionaba como zona de evacuación de crecidas y almacenamiento hídrico. Las excavaciones pusieron en riesgo, además, los pilotes del único puente que conecta el barrio de Alto Verde con el centro de la Ciudad de Santa Fe. La obra viola legislación municipal, provincial y nacional.
El modus operandi es harto conocido en este tipo de avanzadas inmobiliarias, donde al margen de la ley o amparados en ella, los capitalistas ganan posiciones para luego discutir y negociar sobre el hecho consumado, o esperan el tiempo que sea necesario hasta que haya condiciones más adecuadas para seguir adelante. Ejemplos, sobran.
Esta es la razón por la que pusieron a trabajar día y noche las retroexcavadoras, a la vista de todo el mundo, en uno de los accesos más transitados a la ciudad.
Cada minuto valía, en la ilegalidad, hasta que el tema se destape, en un momento en que además el río Paraná comenzaba a subir. Ahora el tema está instalado en la opinión pública, pero también lo está el terraplén, que ya se encuentra construido. Los 7 días de silencio oficial durante los que se realizó la obra fueron claves para garantizar el proyecto.
Las tareas se paralizaron recién en el mediodía del 5 de febrero, luego que integrantes de la organización social Proyecto Revuelta y la Red de Organizaciones de Alto Verde, realizaran denuncias públicas y alertaran a los funcionarios, quienes actuaron tardíamente solamente cuando el hecho tomó estado público en los principales medios de la ciudad.
Recién entonces las autoridades municipales se hicieron presentes y solicitaron la intervención de la provincia, llevando adelante una inspección de manera conjunta a partir de la cual se ordenó la suspensión de las obras y se labró un acta de infracción municipal.
Luego, el lunes 22 de febrero, el Gobierno de Santa Fe intimó a los tres empresarios a regresar el terreno al estado previo a la obra, otorgando un plazo de 48 horas desde la notificación. La intimación incluye la restitución a la cota original del terreno y la reforestación. Estas horas serán claves para conocer si las empresas acatarán o no las medidas dictadas.
Del otro lado, es esperable que los empresarios también consideren claves estas horas, para conocer si la movilización popular y la denuncia pública continúa o no, ya que es el factor dinamizador del proceso.
A su vez, el Ministerio Público de la Acusación abrió una investigación de oficio a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni, especializado en delitos ambientales y la Municipalidad de Santa Fe se presentó como querellante. Nada de esto hubiera ocurrido sin el accionar y la denuncia de las organizaciones territoriales.
La Coordinadora de la Costa viene denunciando que estos emprendimientos no son hechos aislados, que responden a políticas públicas estratégicas basadas en la proyección capitalista del territorio. Enmarcan esta obra en un proyecto pergeñado hace una década a partir de un estudio que el ex intendente radical del Frente Progresista Cívico y Social Mario Barletta (hoy Cambiemos) encargó a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL. Consiste en el dragado para tornar "turístico" el Riacho Santa Fe, hoy obstruido para la navegación por la dinámica natural del humedal. Una primera etapa del proyecto se ejecutó en 2013.
"Sabemos que hay muchos otros proyectos que están en las mismas condiciones y que el Gobierno los habilita, o deja hacer como en este caso, hasta que esto se hizo público. Entonces no vamos a frenar los reclamos y vamos a controlar de cerca lo que sucede acá y en todos los proyectos que se pretenden en estos territorios, que se quieren llevar puesto la vida en el lugar" dijo Anahí Acebal, una de las voceras de la Coordinadora de la Costa.
