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Este miércoles, a horas de reunirse la comisión de juicio político de la legislatura tucumana para tratar los pedidos de destitución realizados contra el juez Pisa por el femicidio de Paola Tacacho, Manzur le firmó la renuncia condicionada a la jubilación de privilegio. De este modo, el juicio político no se podrá concretar y se materializa un nuevo capítulo de impunidad. Pisa fue uno de los tantos jueces, junto a otros tantos fiscales, que ninguneó las denuncias de la joven docente. Al cabo de cinco años, Paola realizó 22 denuncias por el acoso que sufrió de un ex estudiante suyo. En 2017, frente al pedido de elevación a juicio realizado por un fiscal, Pisa resolvió rechazar el pedido y sobreseer a quien luego se transformó en el femicida, bajo el argumento que no había suficientes pruebas, para ahorrar “costos” para la justicia. Detrás de esta causa y de las otras, estaba operando el hermano del femicida, un poderoso empresario allegado al poder político.
Desde el momento que la familia de Paola comenzó a investigar la actuación de la justicia, y puso el descubierto la actuación de Pisa, se conoció que éste había pedido la renuncia condicionada a la jubilación de privilegio a Manzur. Hubo marchas masivas exigiendo la destitución de Pisa, se presentaron siete pedidos de juicio político, se juntaron 70.000 firmas solicitando a Manzur que no le firme la renuncia. La propia familia de Paola le escribió una carta al gobernador, expresando su dolor y pedido de justicia. La legislatura también fue parte de la maniobras de impunidad ya que si bien le pidieron el descargo a Pisa dilataron los plazos para dar curso al juicio político (el 25 se vencía el plazo de la acusación). Distinta fue la posición de los parlamentarios para destituir al juez camarista Pedicone, quien denunció condicionamientos por parte del gobierno en la causa contra su aliado Bussi por abuso sexual y robo de identidad a la joven. Ahí la legislatura procedió con rapidez para proceder al juicio político y a su destitución.
La noticia de que Pisa iba a quedar impune generó un repudio generalizado y rápidamente se convocó una concentración en casa de gobierno. Estuvieron allí presentes la mamá de Paola, Mariela Tacacho, y su prima, Nilda Zerpa, quienes llegaron a la provincia porque venían a seguir personalmente la labor de la comisión que debía tratar los pedidos de juicio político a Pisa. También participó Alberto Lebbos a 2 días de cumplirse 15 años del femicidio de Paulina y que la causa prescriba y no se pueda llegar a los autores materiales y a Alperovich y sus funcionarios. Se tuvo que enfrentar la represión porque la policía no quería que se prendan unas gomas y rápidamente avanzó contra las compañeras. Con cánticos y la defensa del derecho de protesta, la policía tuvo que retroceder.
Tucumán es un polvorín resultado de la política criminal que lleva adelante el gobierno de Manzur contra los docentes obligándolos a la presencialidad, porque la justicia provincial es una suerte de asociación ilícita para proteger a la pandilla de gobernantes y poderosos, porque la legislatura es la puerta trasera del gobierno donde pactan oficialistas y opositores, y porque Tucumán es zona liberada para femicidas, narcotraficantes y redes delictivas.
En este cuadro es fundamental la organización de los familiares para enfrentar la impunidad, para que la causa de Paola y del resto de femicidios y casos impunes avancen, el carácter independiente del movimiento de mujeres y la perspectiva de un congreso donde los distintos sectores en lucha deliberen y resuelvan un programa y plan de acción para enfrentar a fondo al gobierno y régimen de explotación, impunidad y violencia contra las mujeres. Este 26 de febrero, en el marco de la jornada contra la impunidad convocada por los 15 años del crimen de Paulina, colocaremos nuevamente el reclamo de justicia por Paola, por el juicio y castigo a todos los responsables y la revocatoria popular de los jueces y funcionarios implicados, entre ellos el propio Manzur.
