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La muerte de la docente Marcela Gatti por Covid-19 en la localidad de Baradero echó luz, de manera dramática, sobre las condiciones de absoluta falta de protección a la que docentes, estudiantes y familias son sometidos con la presencialidad forzada en medio de la pandemia y sin haberse completado la vacunación de todo el personal de educación, aún con el comienzo del plan vacunatorio durante la semana pasada. La muerte de Marcela es su contracara más feroz.
La docente, directora de la Secundaria 5 de Baradero y de tan solo 55 años, se encontraba cumpliendo funciones presenciales desde comienzos de febrero cuando -esto es sabido por cualquier trabajador de la educación- inspectores y autoridades locales replicaron la presión estatal, mediática y patronal para abrir las escuelas a como dé lugar. Es lo que se repite por estas horas, con la insuficiente vacunación en marcha: se pretende mandar a las escuelas a “cumplir horario” (esa figura tan utilizada y arbitraria como inexistente en el Estatuto Docente o en Reglamento general de escuelas) cuando las primeras dosis de la vacunación aún no cundieron efecto ni se garantizaron para el conjunto de los trabajadores de la educación. La muerte de Marcela realza la vigencia de la lucha en defensa de la vida y la educación, pues sin la vacunación total y con la persistente circulación masiva del virus, la presencia forzada en escuelas continúa siendo un enorme riesgo, de consecuencias letales para la comunidad educativa.
Los sindicatos docentes de la localidad del interior de la Provincia de Buenos Aires llamaron, casi con cinismo, a una “jornada de reflexión” para este 8 de marzo, cuando la docencia bonaerense estará de paro en el Día Internacional de la Mujer trabajadora. Fueron los mismos sindicatos los que, contra la voluntad y la preocupación extendida en sus bases, alentaron la aceptación de los Planes Jurisdiccionales (cuyas pautas mínimas, por lo demás, siguen sin cumplirse). Militantes de la “nueva normalidad”, el gobierno de Axel Kicillof y Agustina Vila, con el visto de las conducciones burocráticas de los sindicatos docentes y estatales, pretenden tapar con insuficientes barbijos, mascarillas y pomos de alcohol en gel la crisis de infraestructura que corroe las escuelas bonaerenses.
Tal como se señaló en Política Obrera (https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/4112-vacunacion-masiva-de-docentes-en-la-provincia-de-buenos-aires-el-giro-de-kicillof), desde el primer momento nos opusimos a la presencialidad en pandemia sin vacunas. Denunciamos que no existe “regreso seguro”, ni protocolo que “inmunice” a trabajadores y estudiantes.
Con la consigna de “Ni una docente menos, ni una enfermera menos, ni una trabajadora menos”, la movilización del 8 de marzo –antecedida por una espiral de femicidios que tienen al estado y sus laderos policiales en la mira de todo el campo popular y las luchadoras- debe ser un terreno de intervención para la docencia, cuando se la empuja a una vuelta insegura (y criminal, como en el caso de Marcela) a las aulas.
¡Marcela Gatti, presente! ¡Ni una menos! ¡El estado es responsable! ¡Sin vacunas y en pandemia, rechazamos la presencialidad!
