Salta: radiografía de una crisis humanitaria

Escribe Olga Céspedes

Tiempo de lectura: 3 minutos

La pandemia sigue a latigazos al gobierno de Sáenz. Las denuncias por malversación de fondos en hospitales públicos, la vacunación VIP a los “estratégicos” y el fracaso potencial de la vacunación a los verdaderos esenciales, se suman al colapso sanitario en la provincia y la desocupación. El gobernador acaba de prorrogar la emergencia sanitaria por seis meses.

Una prórroga falaz

La prórroga de Sáenz es letra muerta. El regreso a la presencialidad de docentes y alumnos, la apertura al turismo y los cines y la habilitación a los empresarios de la noche son la expresión de que el gobierno miente cuando dice querer evitar la propagación del virus. Mientras tanto, los contagios van en ascenso, superando los 27.200 contagios y 1.137 decesos. La mitad de los casos se concentran en la capital salteña y le siguen en el ranking Orán y San Martín, Metán, Anta, Cafayate, Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera. Al Covid-19 se suma 180 casos de dengue en la provincia -133 en Colonia Santa Rosa-; hay casos de personas que contrajeron coronavirus y dengue a la vez.

La “vuelta a la normalidad es un fracaso”. Salta quedo como la tercera provincia en caída de empleo formal de 7.162 trabajadores, un 6,1%. La precariedad representa el 50 % del trabajo en la provincia. La quita del IFE ha profundizado la miseria social – sus consecuencias son los bagayeros que murieron en el río Bermejo tratando llevar el pan a sus familias o la tragedia de Yolanda Vargas, quien perdió a sus hijos en el incendio de su precaria vivienda y fue detenida arbitrariamente. Esta más vigente que nunca el reclamo de un subsidio al desocupado equivalente al 80% del costo de la canasta familiar.

Colapso

El gerente del hospital Materno Infantil anuncia que el 90% de las camas de UTI están ocupadas y advierte que el tratamiento de enfermedades como el cáncer y otras patologías han debido postergarse (El Expresso de Salta, 8/3). El gerente de Terapia Intensiva del hospital “Papa Francisco”, Ricardo León de la Fuente, sentenció que las 23 camas asignadas a pacientes críticos por covid-19 estas ocupadas. Familiares y pacientes oncológicos denuncian el retraso de medicamentos y postergación de tratamientos, lo mismo con las diálisis y tratamientos por tuberculosis. Si Sáenz tiene que elegir entre los enfermos por covid-19 y pacientes con cáncer, estamos ante una bomba de tiempo.

Malversación y vacunación vip

El gerente del hospital “Juan Domingo Perón”, de Tartagal, fue reemplazado por el ex senador del PJ, Santiago Payo. Pesan sobre el primero denuncias por vacunación VIP y malversación de fondos. Pacientes y sus familias protestan por la falta de atención y tratamiento de otras patologías y los trabajadores de la salud exigen aumento salarial y denuncian sobretrabajo sin condiciones de salubridad. La situación en este hospital concentra el fracaso de la gestión capitalista para abordar el covid-19. Por la misma vía va una denuncia al gerente del hospital Arturo Oñativia de la capital salteña sumando maltratos y violencia de género.

El ministro de salud, Juan José Esteban, ha salido a tratar de encubrir su propio delito echando al exgerente del hospital de Tartagal. Esteban también está acusado de vacunación VIP y de usar la “dedocracia” a favor de su hija en la cartera que dirige en nombre de un acuerdo que tuviera con el gobernador cuando éste le pidió reemplazar a la golpeada ex ministra de salud, Josefina Medrano, echada por la pueblada oranense. Sin embargo, el ministro de gobierno, Ricardo Villada, salió a desmentir el “acuerdo”. ¿Soltada de mano?

Perspectivas obreras

Docentes, trabajadores de la salud, enfermos de covid y de otras patologías no dan más y crece el descontento porque la vacuna no llega a todos y a tiempo. El Ministerio de Salud Pública informa que se inocularon 59.170 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de las cuales 49.213 corresponden al primer componente y 9.957 al segundo. Insuficiente, sólo los docentes son alrededor de 60 mil. Las comunidades originarias piden a gritos ser vacunados, testeados y atendidos en otras enfermedades. Denuncian que hay enfermos y muertos por covid-19 que no están en las estadísticas y hace días lamentaron la muerte de Nery López quien falleció de cáncer abandonada en su precaria vivienda sin tratamiento. Ante este cuadro no queda otra que organizar la pelea y salir por la gestión del sistema de salud bajo control de los trabajadores, la única clase social capaz de defender la salud y la vida. Deben gobernar los trabajadores.

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