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Luego de poco más de dos años en funciones, Marcelo Saín presentó su renuncia al cargo de ministro de Seguridad.
El ex ministro se vio envuelto en sucesivas polémicas al interior del oficialismo. El último episodio, ocurrido semanas atrás, fue la difusión de un audio en el que Saín denostaba a toda la fuerza policial de la provincia. Un sector de la oposición en la legislatura pidió su juicio político. Saín será reemplazado por otro funcionario de la cartera de seguridad, Jorge Lagna, perteneciente al “ala dura” o derechista del justicialismo, como lo han caracterizado los medios de comunicación en comparación a la orientación de “seguridad democrática” pregonada por Saín hasta el momento.
Si podemos identificar un derrotero de la gestión, desde el minuto uno fue foco de los ataques de la oposición del Frente Progresista ante las frecuentes acusaciones de que durante los mandatos de Bonfatti y Lifschitz, argumentando que el crimen organizado se desarrolló al amparo y bajo la égida del Estado y todos sus poderes, lo que fue tomado como una afrenta por el establishment provincial. El narcotráfico ha penetrado hasta el meollo del Estado provincial, envolviendo a todas las clases – desde los “soldados” reclutados en las barriadas, hasta banqueros, abogados y pequeños y grandes empresarios.
La crisis se agudizó con el escándalo que involucra a un grupo de fiscales y al senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, hombre del PJ “tradicional” que comanda la vicegobernadora Alejandra Rodenas y personero directo de las exportadoras. Sucede que a razón de las declaraciones de los funcionarios judiciales, hoy presos y procesados por delitos de cohecho vinculados al juego clandestino, aparece el apellido de Traferri como figura política imprescindible para garantizar la impunidad de los involucrados en estos entuertos. Fue solicitado su desafuero para que comparezca en sede penal, pero no tuvo asidero a raíz del voto negativo de la mayoría del senado, entre algunos oficialistas y opositores del Frente Progresista, votación que llamó la atención de la opinión pública ante el abroquelamiento en torno al senador. Entre bueyes no hay cornadas.
Las consecuencias políticas no se hicieron esperar: los senadores y legisladores “leales” a Perotti constituyeron su bloque. Recordemos que “Pipi” Traferri fue fundamental al votar la ley que impedía a Sain mantenerse en su cargo de ministro porque establecía su incompatibilidad como funcionario judicial (norma que finalmente fue vetada) y otras que exigían la publicidad de los gastos en las investigaciones relacionadas al crimen organizado. Los carpetazos, en pocas palabras, salpicaron a todo el régimen político y sus agentes. Mientras todas estas crisis suceden por arriba, por abajo el crimen organizado en la provincia parece no tener fin, especialmente en los conglomerados de Rosario y la ciudad de Santa Fe, donde durante el 2020 se reportaron más de 375 homicidios vinculados con ajustes de cuentas en el delito organizado.
En síntesis, en la figura de Sain se concentraban todas las contradicciones de un gobierno débil que nuevamente ha relevado personal de su gabinete para intentar sortearlas. Estas fracturas internas y la crisis de gobernabilidad emergen en un cuadro excepcional, signado por la crisis humanitaria por un lado, y la tendencia a intervenir de la clase trabajadora, por el otro. De esto se trata comprender su carácter eminentemente político.
