Un país que excluye a niños, niñas y adolescentes

Escribe Hermes Volodia

Tiempo de lectura: 4 minutos

En este artículo analizamos los impactantes datos sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC). Ya es sabido que en Argentina los datos de pobreza e indigencia en niños, niñas y adolescentes son más que alarmantes: 6 de cada 10 se encuentran por debajo de la línea de pobreza por ingresos y casi 2 de cada 10 por debajo de la línea de indigencia, lo que implica que, para los primeros, los ingresos de sus hogares no resultan suficientes para cubrir los requisitos mínimos de vivienda, educación, salud, transporte y nutrición, entre otros rubros, mientras que para los segundos, el ingreso del hogar no permite si quiera acceder a las necesidades básicas de alimentación.

Con una estimación de más de 13.000.000 de personas con edades comprendidas entre 0 y 17 años, las estadísticas indican que cerca de 8.000.000 de los niños, niñas y adolescentes son pobres, de los cuales 2.000.000 son indigentes, con una distribución relativamente homogénea a lo largo y ancho del país.

Si estos datos no resultan lo suficientemente preocupantes, la situación empeora al indagar aún más en los datos oficiales: Según los informes sobre niñez y adolescencia publicados por la OPC, el primero en el mes de febrero de 2021 y su actualización a mediados de marzo como consecuencia del cierre de los datos oficiales de 2020, la existencia de niños, niñas y/o adolescentes en un hogar triplica las chances de que los hogares se encuentren en situación de pobreza o indigencia: En los hogares sin menores, las tasas de pobreza e indigencia son de 12,6% y 4,3%, mientras que en los que sí habitan niños, niñas y/o adolescentes, estas tasas se disparan a 49% y 15%, respectivamente. Tal situación evidencia que el nivel de salarios de los trabajadores a duras penas alcanza para su propio sustento, pero no es suficiente para solventar los gastos básicos si poseen menores de edad a cargo.

Adicionalmente, se analiza la situación de los hogares con niños, niñas y adolescentes según el estado ocupacional y el nivel educativo del mayor de edad a cargo: Ante esperables tasas altas de pobreza e indigencia en hogares con personas desocupadas y en los que se posee escasa formación, se observa en el otro extremo del análisis que 4 de cada 10 hogares con personas que tienen al menos una ocupación se encuentran en situación de pobreza, demostrando que tener trabajo no es garantía de subsistencia básica, y que el 16% de los hogares en los que se posee formación universitaria completa también se encuentran debajo de esa línea, indicando que la formación avanzada puede no ser suficiente para garantizar mínimos niveles aceptables de ingreso.

¿Qué hace el Estado Nacional para la atención de niños, niñas y adolescentes?

Los informes mencionados analizan las diversas políticas públicas emprendidas por el Estado Nacional durante 2020 utilizando como criterio objetivo la contemplación de los niños, niñas y adolescentes en el diseño de éstas, es decir, que la normativa de creación (Ley, Decreto o Resolución) prevea específicamente a este grupo poblacional como población objetivo.

Con cerca de 1 billón de pesos destinados durante 2020 a la niñez y la adolescencia, que representaron 3,6% del Producto Bruto Interno (PBI) y el 13,8% del total del gasto realizado por el Estado Nacional, se esperaría que los niveles de pobreza e indigencia fueran notablemente inferiores, más aun considerando que casi el 90% de dicho gasto se consignó para complementar ingresos familiares (74,9%, principalmente destinado a asignaciones familiares) y a la asistencia alimentaria (13,9%, principalmente tarjetas alimentarias y asistencia a comedores), políticas destinadas a contrarrestar la pobreza y la indigencia, respectivamente.

De este modo, se demuestra que la política gubernamental no resulta suficiente ni adecuada para solucionar este problema estructural social, considerando incluso que los niveles de pobreza e indigencia no son nuevos, sino que se vienen presentando hace años (con un crecimiento progresivo y constante) y que este tipo de iniciativas se aplican hace más de una década independientemente del gobierno de turno, careciendo desde hace años de una adecuada política de empleo y salarios que permita que el trabajador y su familia no caigan en la pobreza o la indigencia. Más aún, se observó que, por primera vez en los últimos 5 años, la cantidad de Asignaciones Universales por Hijo (AUH) superó a las asignaciones familiares para trabajadores registrados y/o pertenecientes al sistema contributivo, lo que denota la constante y progresiva precarización de la clase trabajadora.

Por otra parte, el gasto restante, que se destina a la protección de derechos, al acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en situaciones vulnerables, a la salud, a la educación y a la promoción de la cultura y el esparcimiento, no sólo evidencia valores bajos en los presupuestos asignados (en términos de los montos que se manejan a nivel público) sino que la ejecución efectiva de las políticas, cuya medición puede evaluarse con las llamadas “metas físicas”, presentan en su gran mayoría incumplimientos durante 2020 respecto a los objetivos propuestos. Si bien es cierto que el contexto de pandemia complicó el normal desempeño de la actividad estatal, no se evidencian alternativas ni ideas por parte de los funcionarios de turno para llegar a las poblaciones objetivo que requieren de asistencia, independientemente del contexto.

Como ejemplo de ello, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), dependencia creada específicamente para este grupo poblacional con un generoso presupuesto asignado, presenta escasa información sobre las actividades que realiza y, en los casos en que sí lo hace, puede observase que se trata de políticas con alcance acotado y marginal, e incluso en este marco tuvo incumplimientos de hasta el 95% de sus metas físicas anuales durante 2020: tomando algunos casos, se asistieron 1.220 adolescentes de 3.000 previstos en centros de adolescencia y se atendieron a 39.625 familias de las 80.000 previstas en centros de primera infancia.

Este cuadro expuesto demuestra que, como tantos otros grupos dentro de la población, los niños, niñas y adolescentes se encuentran excluidos y que las políticas de las que en reiteradas oportunidades se hace bandera no son suficientes ni buscan realmente solucionar los problemas estructurales de los trabajadores y sus familias, agravándose año a año su situación por no adoptar medidas efectivas en favor de la clase trabajadora para que perciban ingresos acordes, como mínimo, a las necesidades esenciales propias y de su grupo familiar, lo que evidencia sin lugar a duda el avance del capital sobre el trabajo extremando la explotación y la tendencia a la pauperización que ello genera.

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