FIT-U: un proyecto de ley bizarro para “proteger la presencialidad escolar y laboral”

Cuesta trabajo imaginar que a alguien se le hubiera podido ocurrir un proyecto producción de vacunas como el que ha presentado el FIT-U. El texto propone declarar de “utilidad pública” al laboratorio mAbxcience, del kirchnerista Hugo Sigman, y prohibir la ‘exportación’ del principio activo que elabora con licencia de AstraZeneca a México. En este país, ese producto debe ser producido y envasado para utilización interna y para Argentina, y eventualmente varias naciones de Centroamérica.

´Utilidad pública´

La figura de ‘utilidad pública’ que utiliza el proyecto, tiene el propósito de hacerlo viable en el plano constitucional y, de ese modo, obtener un viso parlamentario. En caso improbable de ser aprobado por el Congreso, un organismo público debe tasarlo, para que el Tesoro indemnice a la empresa sujeta a expropiación. Aun cumplidos estos requisitos, la ley puede ser apelada ante la Justicia, o al menos el monto de la tasación. El FIT-U (todo él) abandona con toda ligereza el programa socialista que se refiere a la expropiación sin pago del gran capital, para adoptar el rumbo del vaciamiento de las arcas del Estado, donde se juntan los impuestos que pagan los trabajadores. Sería una nacionalización burguesa, por su método (indemnización) como por su propósito (modificar un eslabón de la cadena capitalista).

Arrancamos la crítica desde este ángulo, para poner de manifiesto, antes que nada, que los trotskistas que han estampado la firma en este texto han roto cualquier vínculo con el programa histórico de cuatro internacionales obreras. El proyecto es presentado a sabiendas de que no tiene la menor viabilidad parlamentaria, lo que significa que no sirve para aquello que dice pretender resolver con urgencia – que es proveer un mayor número de vacunas. En estas condiciones, no es una ilustración de las fuertes ideas con que cuenta la izquierda, sino una estafa ideológica. Con el ‘tsunami’ soplando, quienes sostienen la salida expuesta en el proyecto debieran agitar la ocupación inmediata de las empresas que deberían ser nacionalizadas.

El dislate

El laboratorio al que apunta la nacionalización del FIT-U fue sub-contratado por el ricachón mexicano, Carlos Slim, para procesar el principio activo de la vacuna de la farmacéutica anglo-holandesa AstraZeneca. La etapa siguiente, producir y envasar las dosis de la vacuna tendrían lugar en México, para su distribución incluso más allá de Argentina y México. Slim, y Bill Gates también, se responsabilizaron en financiar proyectos de esta clase, que luego deducirían, inflados, de su declaración de impuestos. En estos términos, para que la vacuna sea producida por esa empresa, una vez nacionalizada, sería necesario, antes, confiscar la patente que AstraZeneca licenció en beneficio de Slim y confiscar el dinero que hubiera adelantado el mismo Slim. Para no perder la licencia y ese financiamiento, los colegas mexicanos y británicos del FIT-U deberían hacer aprobar un proyecto que declare la utilidad pública de AstraZeneca en el Congreso mexicano y en el House y la Cámara de los Lores de Londres. En caso de éxito deberán esperar la tasación de los bienes expropiados y las apelaciones judiciales de práctica. Otro camino alternativo sería que los Fernández obtengan la muy improbable autorización de AstraZeneca para mantener la licencia del principio activo de la vacuna, para su desarrollo en las instalaciones nacionalizadas de la empresa de Sigman, y devolver el dinero a Slim. AstraZeneca, como es sabido, fue financiada por el gobierno de Gran Bretaña, con el compromiso mentiroso de entregar vacunas en forma gratuita. Este largo cabildeo provocará mayores demoras en la importación de las vacunas en circulación, cuando no su completa suspensión. La escasez y el acaparamiento internacional de vacunas, que socavan su distribución masiva y gratuita, debe ser combatida por medio de la movilización internacional de los trabajadores. Hay que luchar contra el bloqueo a la exportación de vacunas, a favor de la importación masiva y gratuita de los países que no las producen.

Responsabilidad de los Fernández

El negocio bifásico montado por Slim (Argentina y México) entró en cortocircuito cuando debido a la escasez de los filtros necesarios para el proceso de envase y producción que debían ser importados de Estados Unidos. Muchos han advertido que el faltante de filtros sería un boicot de parte de Biden, para forzar a México a comprar las vacunas de Pfizer, Moderna o Jensen, y a someterse a otras tantas exigencias del imperialismo norteamericano. Otros atribuyen la crisis a un acaparamiento de filtros, como ha ocurrido también con barbijos, respiradores y otros, en el marco de la lucha que libran, en forma ostensible, los monopolios internacionales y sus estados. Las malas lenguas, por último, creen ver en este colapso de las entregas de vacunas desde México, la animosidad de Slim ante el congelamiento de tarifas de telefonía móvil en Argentina. La responsabilidad política de esta crisis, en lo que atañe a Argentina, le cabe a los Fernández, que confió la provisión de vacunas al ricachón mexicano, probablemente para favorecer a un empresario nacional y popular, también relacionado con Ginés González, el ministro VIP de la Salud. Al cabo de todo este trayecto ruinoso y perjudicial, el Gobierno asegura ahora que Biden liberó los filtros; que la mexicana Lolomont podrá envasar y producir las vacunas, a partir de los principios activos elaborados en Argentina, bajo licencia de AstraZeneca.

Programa

El proyecto de ley del FIT-U propone retener la producción del principio activo en Argentina y organizar, en consecuencia, una producción masiva. Esto implica la nacionalización de AstraZeneca, no de Sigman, y la confiscación del dinero de Carlos Slim. Todo esto por medio de un proyecto de ley, en medio del ‘tsunami’. Los ‘posibilistas’, o sea, quienes sostienen que sólo hay que procurar aquello que está al alcance, no tienen, por lo que parece, la menor conciencia entre fines y medios. Pero aún con esta poderosa limitación, proponen impedir la exportación del principio activo a México, en una versión del ‘Argentina first’ Con este enfoque, deberíamos prohibir la vacuna para uruguayos, bolivianos y paraguayos – numerosos en Argentina.

Para producir vacunas en Argentna, con independencia de los monopolios internacionales, y contra el acaparamiento de ellas y las restricciones para exportarlas, es necesario, primero, una movilización internacional. Los problemas políticos deben encararse políticamente. En segundo lugar, es necesario para producirlas en el país, para lo cual están disponibles el Malbran, el Conicet, la industria estatal de genéricos y la industria farmacéutica en su conjunto – en primer lugar sus científicos y obreros. Esto plantea movilizar los recursos científicos que ya existen y la intervención del estado en esa industria, bajo control de los trabajadores – científicos, sanitaristas y producción Para imponer este objetivo es necesaria la movilización de la clase obrera.

La producción de medicamentos debe ser planificada en función de las urgencias sanitarias de las masas. Es necesaria la asociación con Cuba para la producción y distribución de la vacuna Soberana, e incluso una asociación del Malbran con el laboratorio publico brasileño Butantan, que está muy avanzado en la obtención de la vacuna, a pura pelea contra Bolsonaro. Todo esto es concreto – la voluntad política necesaria será impuesta por una movilización política de los trabajadores.

En oposición al los slogans chovinistas, planteamos un llamamiento a los obreros de todo el mundo para que exijan a sus gobiernos, mediante la movilización y la huelga, la obligación de abastecer vacunas a todos los países en forma gratuita, La crisis humanitaria exige la nacionalización del ‘big pharma’ internacional, la abolición del patentamiento y el derecho a la producción para todos los países.

Presencialidad

El proyecto del FIT-U es una salida por la tangente. Su posición fundamental es otra: la defensa de la presencialidad escolar y laboral – “segura”. En el tiempo que lleva inscribir el proyecto en la mesa de entradas del Congreso, la pandemia sigue su trabajo destructivo sobre una población a la que el Estado obliga a circular, con excepción parcial de la gastronomía, para ganarse el pan cotidiano. El Banco Central acumula reservas para pagar la deuda externa, al FMI y al Club de París; el Tesoro autoriza exenciones impositivas a las patronales, y la plata del impuesto a la riqueza no aparece. Hacer descansar la salida crisis por medio de la vacunación es un dislate científico, que los epidemiólogos no se cansan de repetir, y la oferta de una tregua política al capital y al estado. La salida por medio de la vacuna ha sido la orientación con que Trump y de toda la derecha combatieron toda forma de aislamiento social, y la necesidad consiguiente de financiar la cotidianeidad de la población con los recursos acaparados por la clase capitalista. Los perjuicios de la ‘nueva normalidad’ (trabajamos y enseñamos mientras nos enfermamos) son admitidos por las patrones, que cierran sus plantas, como ocurre ahora con Toyota, Volkswagen, donde los contagios y fallecimientos se empinan.

Los trabajadores, sin embargo, no se comen el discurso oficial. Las huelgas extendidas van creciendo en el sistema escolar. El movimiento piquetero reclama, en la calle, una asistencia social que le permita enfrentar la pandemia. El pequeño comercio y el autónomo se rebelan ante las restricciones, porque el dinero público se destina al pago de la deuda usuraria y a la asistencia Repro a las grandes empresas. La conclusión es: la crisis de la pandemia plantea una lucha de clases social y política, no proyectos parlamentarios mañosos, reñidos con los principios más elementales del socialismo revolucionario en toda su historia.