Catamarca: megamineria en fase roja

Escriben Bruno Corzo y Matias Richterová Ovejero

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En el transcurso del mes de marzo, activistas ambientales de la asamblea El Algarrobo, en la localidad de Andalgalá, advirtieron que varios camiones y maquinaria se trasladaban hacia el yacimiento Agua Rica. A partir de este hecho, se estableció un estado de alerta y asamblea permanente que derivó en un corte selectivo e informativo sobre la ruta, que permanece desde el 22 de marzo, día internacional del agua.

El movimiento de equipos hacia la mina continuó por caminos alternativos, lo que elevó la tensión y multiplicó las medidas de fuerza con acciones frente a las oficinas de Agua Rica y en Capital, en las puertas del Ministerio de Minería.

Este sábado, alrededor de 3.000 vecinos marcharon alrededor de la plaza principal. Allí en circunstancia aún poco claras, se produjeron incidentes sobre las instalaciones de la empresa y en la sede el PJ, que fueron incendiadas. En cualquier caso, la manifestación es un botón de muestra del rechazo mayoritario del pueblo de Andalgalá a la explotación megaminera.

Fase roja

El conflicto coincide con un pico de hasta 70 contagios diarios en Aldalgalá, que se transformó en uno de los departamentos donde el gobierno provincial se vio obligado a suspender las clases presenciales.

Que la zona haya sido declarada en fase roja no alteró el proceso económico ni las actividades presenciales vinculadas a la actividad minera, por el carácter esencial otorgada por el poder político. Tampoco se tradujo en el reforzamiento del sistema sanitario.

Con este cuadro, el gobierno en lugar de reforzar el sistema sanitario, lo que hizo fue reforzar el aparato represivo de la zona, no contra el virus, sino frente al proceso de repudio a la megaminería.

Así en los días subsiguientes, Andalgalá fue militarizada con policías uniformados y de civil y Gendarmería.

Ilegalidad

La lucha contra la megaminería, en el pasado, logró bloquear la actividad de Agua Rica por vía judicial. En 2016, la Corte falló a favor de un recurso amparo que dejó al descubierto la irregularidad de los informes de impacto ambiental que contaban con el respaldo del estado provincial.

El mismo año, y por unanimidad, se sancionó la ordenanza de prohibición de la actividad minera en resguardo del medioambiente en toda la extensión de la Alta Cuenca Hídrica del Río Andalgalá.

Para sortear estos bloqueos legales, Yamana Golds apeló a la Corte de la provincia, y en diciembre de 2020 declaró la inconstitucional la ordenanza. Por otro lado, la empresa minera procedió a la integración del proyecto Agua Rica con Minera Alumbrera para utilizar su infraestructura y presentar un nuevo informe de impacto ambiental.

En paralelo, el gobierno de Jalil (Frente de Todos) modificó por ley el código de procedimiento minero, dándose la potestad exclusiva de habilitar, denegar o cancelar concesiones a través del ministerio de minería.

La minera justifica el inicio de estos trabajos de exploración por la autorización del Estado provincial, señalando que su nuevo informe de impacto ambiental fue aprobado, incluso antes de que entrara en vigencia el nuevo código.

La entrega de los recursos mineros a las corporaciones multinacionales forma parte de las exigencias del capital financiero, como moneda de cambio para las negociaciones de deuda. En este sentido, la orientación política del gobierno de Jalil-Fernández es brindar las condiciones legales y de seguridad para que las megamineras puedan operar.

Por otro Andalgalazo

La acción determinada y sostenida de lucha contra la megaminería por parte del pueblo de Andalgalá, que en el 2010 protagonizó una pueblada que obligó a suspender todas las acciones dirigidas a poner en marcha el emprendimiento de Agua Rica y el Pichao, ahora vuelve a resurgir ante los nuevos acontecimientos.

Para el próximo martes está convocada una marcha solidaria en la capital catamarqueña. En los demás pueblos mineros catamarqueño entre el activismo antiminero ha comenzado un proceso de deliberación orientado a adoptar acciones solidarias.

Es necesario coordinar un plenario provincial de todas las organizaciones para votar un plan de lucha de conjunto en solidaridad con el pueblo de Andalgalá contra el saqueo de los recursos naturales, en defensa del medioambiente, la salud y la vida.

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