Yo sabía que a Bulacio lo mató la policía

En las inmediaciones del estadio Obras Sanitarias, donde Los Redondos ofrecerían su show la noche del 19 de abril de 1991, Walter Bulacio de 17 años fue detenido de manera ilegal junto a -al menos- otras 100 personas, por una razzia policial encabezada por el comisario Miguel Ángel Espósito. Los menores que allí se encontraban fueron detenidos bajo el “Memorándum 40”, una disposición de 1965 ya derogada que les otorgaba a las fuerzas de seguridad la libertad de detener menores sin dar aviso a las autoridades judiciales. Esa noche Walter fue trasladado a la Comisaría N° 35 donde fue golpeado de manera brutal, golpes que una semana después le ocasionarían la muerte.

¿Y cuánto vale dormir tan custodiado?

Dos años después de su asesinato, en noviembre de 1992, el comisario a cargo de la razzia policial que detuvo a Walter, Miguel Angel Espósito, fue sobreseído por la justicia. En 2001, la causa Bulacio fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual finalmente falló contra el Estado argentino “por actos y omisiones” que permitieron “la vulneración de derechos a la libertad e integridad personal, a la vida, a las garantías judiciales, a la protección judicial, y los derechos de los niños”.

Sin embargo, el comisario siguió perteneciendo a la Policía Federal hasta el año 2008. Finalmente, en noviembre del 2013, tras 22 años de impunidad, Espósito, quien fuera el único acusado por el crimen y quien gozaba plenamente de su libertad, fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso, en el marco de la investigación por la detención ilegal. En otras palabras, el responsable de la muerte de Walter fue condenado por el delito de privación ilegal de la libertad (el cual prevé como máximo una pena de 6 años de prisión) y no así por su asesinato. En este marco es importante aclarar que la prisión “en suspenso” le permite al Juez no efectivizar la detención del condenado, cuando se tratara de una condena no mayor a tres años.

La pendejada de que todo es igual

El caso Bulacio ha transitado en manos de decenas de jueces, cámaras de apelaciones, juzgados de instrucción hasta tribunales internacionales de derechos humanos, sin embargo, desde 1991 hasta la actualidad, el Estado y todos los gobiernos democráticos posteriores han sido garantes de la impunidad de los responsables materiales e intelectuales de su muerte. Su asesinato puso en evidencia las prácticas ilegales de detención por fuera de lo normado de la institución policial y la complicidad que mantiene con el aparato judicial cuando se trata de sentar en el banquillo de los acusados a quien realice funciones públicas al servicio del Estado.

Desde 1983 hasta el 2019, CORREPI lleva contados 7091 casos de gatillo fácil, tortura y muertes en lugares de detención. En tanto desde diciembre del 2019 a noviembre del 2020, se registraron 411 casos de asesinatos en manos del aparato represivo del Estado, un promedio de una muerte cada 20 horas. Es importante remarcar que de esas 411 muertes, 348 se dieron en el marco de la cuarentena por la pandemia de COVID, sin dejar de mencionar la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro en manos de la Policía Bonaerense. El caso de Facundo fue el que mas relevancia tuvo en los medios, pero hubo también otras tres desapariciones seguidas de muerte: Carlos Orellano en Rosario, Luis Armando Espinoza en Tucumán y Javier Cruz en Florencio Varela. El informe muestra que, si bien durante el ASPO las muertes por gatillo fácil disminuyeron respecto al 2019, aumentaron las muertes bajo custodia en lugares de detención: más de la mitad ocurrieron en cárceles y comisarias. Todas estas cifras que dejan al desnudo que no se trata de “casos aislados” sino que la violencia institucional y policial forma parte de una política de Estado y de los gobiernos.

Un par de sienes ardientes que son todo el tesoro

A 30 años de su crimen, el nombre de Walter se ha convertido en bandera de la lucha de la contra el gatillo fácil, la represión y las detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad. De la vulneración de la juventud ante la descomposición de la policía y su connivencia con el crimen organizado, nace la necesidad de la organización y la lucha independiente y consecuente contra la violencia institucional y por nuestros derechos políticos plenos.