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El 30 de abril se cumplirán seis meses del femicidio de Paola Tacacho, la joven docente de inglés oriunda de Salta asesinada por un ex estudiante, que la acosó y hostigó durante 5 años, la esperó a la salida del gimnasio para atacarla y luego se suicidó. Su caso conmocionó a la provincia por la brutalidad del crimen y por el calvario que sufrió Paola bajo la responsabilidad del Estado.
Paola había realizado 22 denuncias, 14 en el fuero penal, una en el fuero civil, una en la Oficina de la Mujer, una en la Oficina de Violencia Domestica, dos veces en la Municipalidad, una en la Brigada y dos denuncias en Salta. La respuesta que recibió en cada una de las denuncias fue el ninguneo, la complicidad con el femicida. Por detrás, asegurando impunidad, operaba el hermano de éste, Ronald Parada Parejas, un conocido empresario amigo del poder político, empleado de la legislatura y asesor de la Universidad Nacional de Tucumán.
La lucha de la familia de Paola permitió conocer cada una de las responsabilidades en su desenlace fatal. El juez Pisa, frente a un pedido de elevación a juicio por parte del fiscal actuante, sobreseyó al femicida sin averiguar las denuncias que ya tenía y en nombre de no ocasionar gastos innecesarios a la justicia. El pedido de juicio político que realizaron distintas organizaciones de mujeres y de derechos humanos no llegó a ser tratado en la legislatura, mostrando también su complicidad, dando un tiempo para que el gobernador le aceptara el pedido de renuncia bajo el beneficio de la jubilación de privilegio.
Indagando que pasó en cada denuncia a lo largo de los años se pudo verificar que un ayudante de fiscal, Fernando Isa, archivó la causa por falta de espacio físico. La fiscal Mariana Rivadeneira, en tres causas que inició Paola en 2016 y 2017, desestimó los pedidos por falta de pruebas sin tener en cuenta las denuncias previas y sin escuchar a Paola que ya vivía un calvario. Dos veces llegó el caso Paola Tacacho a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia; en una la mandaron de vuelta a la Policía (aunque ya tenía más de cinco denuncias hechas) y en la segunda la enviaron a mediación cuando, de ningún modo, tratándose de violencia de género, podía llevarse adelante.
Este accionar de la justica y el Estado se repitió en el resto de las instancias que recorrió Paola.
Este entramado, donde todo el régimen político está implicado, explica que a pocos días de cumplirse seis meses la causa por el femicidio de Paola avance sólo como resultado de la lucha. El fiscal actuante, Carlos Sales, que se niega a unificar las causas e investigar al empresario Parada Parejas, tuvo que aceptar, como resultado de la movilización, el llamado a testigos que la familia de Paola había solicitado desde un principio. También está en curso un sumario, que el ministerio público fiscal se vio empujado a iniciar a Fernando Isa. La familia de Paola impulsa un pedido de juicio política a la fiscal Mariana Rivadeneira como parte de una campaña por exponer el carácter impune y misógino del gobierno y la justicia.
Sostener el cuadro de movilización en un cuadro de coordinación y unidad con familiares víctimas de la impunidad es el camino que permitirá arrancar justicia por Paola y mostrar la necesidad de desmantelar este régimen de opresión, descompuesto y criminal a través de una lucha de conjunto. Ninguna confianza en el Estado y sus instituciones, a Paola y a todas las que nos faltan la vamos a vengar con la organización y movilización independiente.
