Tiempo de lectura: 2 minutos
Ha pasado un mes desde que se solicitó formalmente el sobreseimiento para la Yolanda Vargas en la justicia salteña. Sin embargo, el juez de la causa, Francisco Oyarzú, no ha tomado determinación alguna aún cuando los plazos están vencidos.
En tres meses de un proceso judicial plagado de irregularidades, no existe ni existió elemento alguno que establezca la culpabilidad de Yolanda. Las dilaciones del juez solo pueden responder a un solo objetivo: consagrar un nuevo escenario de maniobras para volver a arremeter contra nuestra compañera y rechazar así el pedido de sobreseimiento. Es bajo este marco, que la Fiscalía, a cargo de Claudia Carreras, ha citado nuevamente a testigos, entre ellos la madre y el cuñado, quienes ya declararon, e incorporó un tendencioso peritaje psicológico, buscando revertir así lo que la inmensa movilización que arrancó la libertad de la compañera dejó al desnudo: la completa responsabilidad del Estado.
A las calles
Bajo esta consideración, en la mañana de ayer, los compañeros del Partido Obrero y del Polo Obrero nos hemos movilizado con una delegación en Orán y en la Capital a la Ciudad Judicial en Salta para exigir su inmediato sobreseimiento.
En la movilización en capital, más de 150 compañeros estuvieron presentes, junto a una delegación del Nuevo Mas y al pronunciamiento de otras corrientes políticas y del movimiento de mujeres, que formaron parte de los cortes de calles y las acciones por la libertad a Yolanda y que, ante este cuadro, se colocaron a disposición para discutir nuevas jornadas de lucha.
En Orán, la propia compañera Yolanda Vargas encabezó la movilización y denunció la completa arbitrariedad de su causa, señalando y desbaratando el “relato” armado por la justicia. “Yo hacía comida para vender. A veces, cuando tenía quien me cuide los chicos, me iba a trabajar a la finca o me iba a limpiar casas. Hacía cualquier cosita para ellos”, reflejando con esta declaración la realidad de cientos de trabajadoras y sus familias en la Colonia Santa Rosa, que viven entre chapas y maderas, sometidas a la precariedad y el hacinamiento, a la desocupación y el hambre.
“Ya ha pasado un mes desde que salí y no tengo ninguna respuesta. Siguen llamando testigos, me están tratando de culpar por algo que no hice. [Los vecinos y compañeros] más que nada me acompañan porque me conocen y saben que luché por mis hijos y les di lo que más pude. Me encierran por algo que no hice, me tuvieron 22 días y ahora sigo con esta causa que no finaliza”, declaró la compañera desde la puerta de la Fiscalía de Orán. Yolanda comentó que realizó varias denuncias contra el padre de sus hijos durante el 2019, pero “nunca hicieron nada”. Recién una semana y media de haber salido de la cárcel, la Justicia la citó para preguntarle si el padre de sus hijos le pasaba la cuota alimentaria, excusándose luego de que “no sabían nada” de la muerte de sus hijos.
Es con el método de la movilización y la acción directa, que nos permitió arrancar a nuestra compañera de su arbitraria detención, que podremos quebrar el conjunto de las artimañas de la justicia salteña. Bajo este enfoque, convocamos al conjunto de los trabajadores, a sus organizaciones y a la población en general a tomar como propia la lucha por el sobreseimiento a Yolanda Vargas y a redoblar las acciones y la movilización para sentar en el banquillo de los acusados al Estado y sus personeros que, como el gobernador Sáenz y el intendente Guerra, son responsables de la miseria social a la que somos arrojadas las trabajadoras y nuestras familias.
