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Las expectativas que se pudieron haber generado por los esperados anuncios del gobierno en materia de asistencia social se han derrumbado. En el día de ayer, el presidente Alberto Fernández dio un discurso en la reunión del llamado “Consejo contra el hambre”, integrado por los ministros de economía y de desarrollo social, entre otros, y por representantes internacionales de Unicef. A su vez, participaron Estela de Carlotto, dirigentes sindicales, empresarios, dirigentes de la UTEP, miembros de la iglesia católica y de iglesias evangélicas. En palabras de Daniel Arroyo, ministro de desarrollo social, los ejes de las preocupaciones del consejo son “la calidad nutricional” en Argentina y “la situación de los niños”.
Los discursos de los presentes coincidieron en reivindicar la orientación de la política oficial. Representantes de la iglesia católica, en esta misma tesitura, trajeron a colación un proyecto de ley para establecer un estatuto del trabajador socio-comunitario, es decir, de aquellos que ponen en pie cada día los comedores y ollas populares en los barrios. El proyecto deja sin vigencia, para el sector que abarca, a la Ley de Contratos de Trabajo que rige el conjunto de los trabajadores y coloca a las organizaciones sociales en el rol de tercerizada el Estado. Por ello, crea nuevas “modalidades contractuales”, que implican la recontratación sucesiva del mismo trabajador para la misma tarea, sin indemnización ni vacaciones pagas y que “podrán establecerse condiciones de trabajo y escalas salariales diferenciadas teniendo en cuenta la magnitud de las OSC”, o sea, más precarización.
La referencia a aquellos y aquellas que ponen en pie cada día las ollas populares no contó con la mención de las dos compañeras de comedores fallecidas esta semana por Covid: Teodora Olloa, del FOL de la villa 31, y Lourdes Huarachi de la Juana Azurduy de la villa 20. La política de “inmunidad de rebaño” que los gobiernos aplicaron para las villas de la Ciudad durante el año pasado, que se cobró cientos de vidas, ni siquiera contempló la posible pérdida de esa inmunidad en el transcurso de las siguientes olas del virus, con nuevas cepas incluidas. De más está decir que durante este tiempo las condiciones habitacionales en las villas no mejoraron en lo más mínimo. Con los niveles de pobreza, indigencia y desocupación agravados con respecto a los índices del año pasado, un nuevo intento de “inmunidad de rebaño” para esta segunda ola implicaría muchas más muertes.
En la reunión del consejo, los representantes de la UTEP dirigieron sus misiles hacia “el precio de los alimentos”. Es la orientación que defiende Arroyo, quien hace tiempo vienen sosteniendo que la política del gobierno en materia de asistencia social está clausurada y que, en su lugar, buscarán controlar los precios de los alimentos. La UTEP le da a esta orientación un semblante de “popular”, al sostener que todos los esfuerzos que el gobierno habría hecho en materia de asistencia social se licuaron a través de los empresarios de la alimentación que aprovecharon la bonanza para subir los precios. De esta manera, el discurso de la UTEP en el consejo anticipó la línea del gobierno de mantener cerrada la política social, ni siquiera de manera paliativa, y de centrar sus principales medidas en acuerdos de precios.
Al margen de los acuerdos de precios, el único anuncio de relativa importancia fue el de la ampliación de los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar. Los montos se mantendrán estables, salvo para las familias de más de tres hijos, a las cuales se les aumentará en $3.000 en el cobro. Estamos hablando de un aumento de $200 por día para las familias de más de tres hijos. La ampliación de la cobertura, desde pasó el límite de edad de los niños desde los 6 años (que rige actualmente) hasta los 14 años (con las nuevas medidas), abarcan, según Infobae, “una inversión de $250.000 millones, equivalente al 0,7% del PBI”. La medida deja afuera a aquellas familias que no cobren la AUH. Con un piso de $6.000, el beneficio llega 1,9 nuevas familias.
El gobierno pretende que los desocupados y los trabajadores precarizados tiren con estos anuncios durante toda la pandemia, cuyo final es cada vez más incierto. Lo más importante del acto fue, en realidad, las medidas que no se anunciaron: la restitución del IFE, la apertura de los programas sociales, la asistencia a los comedores. Fue la confirmación del ajuste en materia de asistencia social. Como si fuera poco, el ministro de economía, Martín Guzmán, se dio el lujo de hablar en el consejo a viva voz a favor del aumento de las tarifas energéticas. El consejo contra el hambre, que va desde la iglesia hasta la burocracia sindical, pasando por el gobierno y las organizaciones sociales, se reveló como un “consejo del hambre”. La única salida al “hambre” en la situación actual pasa por la restitución del IFE con un monto que garantice la canasta básica de alimentos de todos los trabajadores que no son esenciales; por un plan de obras públicas para resolver la situación sanitaria y habitacional en las villas, con una bolsa de trabajo discutida en asambleas por manzanas.
