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Hace tres meses, nuestra compañera Yolanda Vargas, del Polo Obrero de Colonia Santa Rosa, Orán, perdió a sus dos hijos en el incendio de su casilla en el barrio Las Palmeras. Desde el 9 de febrero pasado, emprendimos una batallando contra la justicia salteña que, desde el día del incendio, comenzó a tramar la causa contra Yolanda.
La fiscal Claudia Carreras tiene a Yolanda imputada por “abandono de personas seguido de muerte agravado por el vínculo”, a pesar de no tener, luego de tres meses, un solo elemento probatorio contra ella. En esas condiciones de irregularidad, Carreras solicitó la prisión preventiva de Yolanda, la cual fue desestimada por el juez interviniente, luego de la inmensa movilización popular, que se desarrolló en Colonia, en Salta, a nivel nacional e internacional, exigiendo la libertad de nuestra compañera. Yolanda permaneció 23 días detenida en Orán: la denuncia pública sistemática y la movilización lograron arrancarla de prisión.
Sin embargo, la fiscal Carreras y el juez Oyarzú ensayan nuevas maniobras para sostener la imputación y forzar un juicio. El abogado defensor de Yolanda, Pablo Cardozo Cisneros, presentó testimonios de vecinos, familiares de Yolanda, y de agentes sanitarios, encargados del control y seguimiento de sus hijos, quienes expusieron un informen técnico en el que desbarataron la tesis del “abandono de persona”. Cisneros solicitó el sobreseimiento de Yolanda, pero el juez ha hecho oídos sordos. Dilata el sobreseimiento y mantiene una imputación sin fundamentos, con el único propósito de darle tiempo a la fiscalía para construir pruebas que no tiene. Un proceso judicial podrido en irregularidades de principio a fin.
Yolanda junto a su familia y los compañeros del Polo enfrentan a una justicia profundamente clasista que pretende responsabilizar a una obrera por la muerte de sus hijos, para excluir de responsabilidades al régimen político y social criminal que arrojó a Yolanda -como a centenares de otras trabajadoras- a sobrevivir con sus hijos en barrios sin servicios, sin acceso a la vivienda, sin trabajo genuino, sin asistencia económica.
La situación de Yolanda se reproduce y crece cada vez más en las barriadas y asentamientos en toda la provincia de Salta y en el país. El departamento de Orán, con el 50% de los trabajadores desocupados y los índices más altos de pobreza del norte argentino, pone a los trabajadores y a sus familias en una situación cada vez más trágica y explosiva a la vez.
El intendente de Colonia, Mario Guerra, le negó cualquier ayuda o asistencia a Yolanda, quien ha perdido absolutamente todo en el incendio. La orientación política del gobierno de Gustavo Sáenz es contraria a las necesidades más básicas de las trabajadoras. Mientras favorece a especuladores inmobiliarios y terratenientes, las mujeres y sus hijos acampan entre chapas y lonas para poder vivir; mientras Sáenz celebra con Alberto Fernández la eximición de impuestos a las grandes patronales, las trabajadoras rurales son explotadas en jornadas de 12 horas en el campo por 900 pesos.
Por el contrario, fueron los vecinos y compañeros de Yolanda los que, desde el primer momento, acompañaron en cada necesidad a la compañera. El Polo Obrero de Colonia desarrolló una rifa de cara a todo el pueblo con la que recaudó rápidamente 30 mil pesos para financiar los costos de su defensa. De este modo, se multiplican las acciones solidarias que colaboran con Yolanda, y que demuestran con nitidez, la enorme potencialidad de la acción organizada de la clase obrera por sobre la descomposición de la clase social que gobierna a costa de la vida misma de los trabajadores.
Así como arrancamos su libertad, ahora la lucha se profundiza por el sobreseimiento inmediato de Yolanda.
