Obra social de los estatales nacionales: la disputa en el reparto de fondos, el deterioro y el lucro

Escribe Martín Temperley

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La muerte del Superintendente de Servicios de Salud, Daniel Zanarini, ha expuesto una nueva disputa en la coalición de gobierno. Según reflejaron algunos medios, Cristina Fernández candidateó para ese puesto a Liliana Korenfeld, ex diputada y actual gerenta general de la obra social de los trabajadores del Congreso de la Nación. Korenfeld ya ocupó el cargo de Superintendenta durante la gestión de CFK y protagonizó la disputa con Moyano por el reparto del Fondo Solidario de Redistribución a las Obras Sociales sindicales. Fue investigada por favorecer a Oscar Martínez de la UOCRA.

El candidato de la CGT era un delfín de Andrés Rodríguez, el burócrata de UPCN. Se trata del médico cirujano David Aruachan, ex presidente Unión Personal y de Accord Salud -la prepaga de UPCN-, actual gerente general de la Superintendencia de Salud con la gestión de Alberto Fernández. El 6 de mayo la CGT almorzó con Fernández en Olivos para hacer lobby.

Finalmente AF optó por Daniel López, un funcionario cercano al despedido ministro Ginés González.

El eje de la disputa es la caja del Fondo Solidario de Redistribución, una de las principales preocupaciones de la burocracia. Durante el macrismo, con esos fondos se lubricaron las relaciones con los popes sindicales. El FSR recauda una parte de los aportes y contribuciones a las obras sociales y con ese dinero se realizan los reintegros por tratamientos de alta complejidad y alto costo. Quien ocupa el cargo, maneja la caja y su distribución entre las Obras Sociales de los Sindicatos. En los primeros cuatro meses del año se repartieron $ 11.500 millones. Es el “bocado de Cardenal” de la burocracia, que se ha apropiado del patrimonio obrero de las obras sociales para sus enjuagues.

Por caso, la atención de la Obra Social de los trabajadores del Estado Nacional, Unión Personal, se deteriora: los turnos se dan a dos meses, o no se consiguen, dado que la página suele “caerse” y hay prestadores que dejan de atender. El Sanatorio Anchorena, de la obra social, está saturado. Para hacer un chequeo normal, hay que concurrir a por lo menos cinco turnos en sedes distintas. La situación linda con el maltrato, lo que obliga a quienes pueden pagarlo a “optar” por una prepaga.

En medio de la segunda ola de la pandemia, cuando el pico contagios no deja de subir, Unión Personal aranceló las consultas virtuales; la opción es concurrir presencialmente al consultorio, con el riesgo de contagios que eso conlleva. El servicio médico domiciliario ya se encontraba arancelado, y como frutilla del postre, la empresa tercerizada de ambulancias Emergencias S.A., que pertenece al “holding” de Rodríguez.

En este cuadro de connivencia, de presencia de esta burocracia de ambos lados de los mostradores, los trabajadores vemos como se negocian paritarias a la baja sin ninguna consulta. Se deteriora nuestra salud y la de nuestras familias y se lucra con eso en beneficio de esta casta de dirigentes que ha perdido toda relación con la vida de los trabajadores. Estos dirigentes viven como empresarios, defienden sus intereses particulares. Están incapacitados para defender los derechos y la salud de los trabajadores.

Los afiliados necesitamos conocer las cuentas de la obra social, que hoy son un secreto. Si se abren los libros al control de los trabajadores podremos encontrar por donde se va el dinero que explica el deterioro de los servicios de salud y decidir cuáles deben ser las prioridades. Las autoridades de la Obra Social deben ser producto de la democracia de los trabajadores, es decir, elegidas por los que aportamos mes a mes y no por el dedo de las cúpulas del sindicato que utilizan a la Obra Social como caja de financiamiento propio.

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