Colombia: la política del Comité Nacional del Paro

Escribe Emiliano Monge

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La rebelión popular en Colombia inaugurada el 28 de abril, suma adhesiones de trabajadores, estudiantes, indígenas y campesinos. En medio de la militarización del país y de masacres de las fuerzas de seguridad estatales, las negociaciones iniciadas entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno, fracasaron de inmediato -”aunque tras varias horas de diálogo” (Semana (16/5) Los juventud que sostiene los puntos de resistencia, piquetes y plantones reclama Fuera Duque. El Comité Nacional del Paro le entregó al Gobierno Nacional un documento de tres carillas (“guía”) y anunció que el 19 volverá a las calles.

El CNPE articula 26 sectores sociales del nivel nacional, 29 comités departamentales, y más de 300 comités municipales. El CNP dice: “Reconocemos que otros sectores sociales y de la ciudadanía se han sumado a la convocatoria de paro nacional, y por eso, no pretendemos, ni queremos asumir la vocería de toda la ciudadanía que se encuentra movilizada desde el pasado 28 de abril” (Comunicado del CNP, 16/5). EL CNP se distancia de su condición de organismo de poder, con el curioso argumento de que la movilización crece en amplitud. Se trata, en realidad, de una declaración de subordinación a la feligresía política de centro-izquierda.

Represión

La represión estatal continuó sumando víctimas, como las de Alison Méndez, joven violada que luego se quitó la vida, y el joven asesinado por un proyectil policial en Popayán, Sebastián Quintero, ocurrida el viernes. También siguió la represión en Medellín, Bogotá, Tunja, Cali y otras ciudades.

El CNP exige al Gobierno que el Ejército y Esmad sean retirados del control de las protestas y que la Policía Nacional “que se abstenga de utilizar armas de fuego y otras que puedan producir heridas en las acciones” (Semana, 16/5) y defiende el “ejercicio del derecho a la protesta social”. Se trata de una reculada política, toda vez que “la protesta social” tiene el propósito de arrancar reivindicaciones vitales, y no es una exhibición callejera. El aparato de represión, por otra parte, debe responder por los crímenes que ya ha cometido, no declarar que no cometerá otros.

Mientras se desarrollaban las negociaciones, en el monumento a los héroes en Bogotá, la policía y el Esmad reprimían a los manifestantes. Atacaron a transeúntes, ciclistas y sometieron brutalmente a una mujer que quisieron llevar detenida sin ningún motivo. Fue sólo por la resistencia de los manifestantes que no se los llevaron detenidos. En Colombia hay centenares de estos apremios ilegales y personas desaparecidas.

El Comité pide que no haya uniformados del Ejército Nacional patrullando las calles, y que la Policía no use armas contra la población civil. La responsabilidad de una dirección obrera en circunstancias como esta, debe organizar la lucha contra la policía y formar sus propias escuadras anti-represivas. La carta del CNP, en cambio, pide que Diego Molano, ministro de Defensa, presente disculpas públicas “por el uso excesivo de la fuerza cometido por el Esmad y la fuerza pública en el marco de las protestas”.

El CNP denuncia “la violencia sexual como mecanismo de control de orden público”. Es una terminología repudiable por varios motivos: uno, porque coincide en la necesidad de un orden público bajo control; dos, porque no plantea el juicio y castigo a los culpables de esas violaciones. En un alarde de doctrina de género reclama “Que sean las mujeres policías las encargadas de custodiar, trasladar y vigilar a las detenidas y que estas no sean trasladadas a estaciones o instalaciones donde haya predominancia de hombres”. Represión con perspectiva de género. En, Bogotá, a esas mismas horas, mujeres policías golpeaban a manifestantes e intentaban detenerlas sin ningún motivo. La semana pasada o los 87 casos de violencia sexual por parte de las fuerzas represivas. El CNP se encuentra empeñado en encontrar un punto de apoyo en el régimen político, que le permita desmovilizar la rebelión popular.

Es necesaria una nueva dirección del paro y nuevos organismos políticos de las masas a partir de la coordinación de las luchas y los puntos de resistencia en más de 500 distritos del país y en todos los departamentos y ciudades de Colombia.

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