Política criminal, violencia institucional

En su informe de junio del año 2020 al Grupo de Trabajo de ONU sobre Detenciones Arbitrarias Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, relacionada con las políticas de drogas el CELS afirma: “…El delito de drogas es el motivo de encarcelamiento penal que más creció en Argentina en las últimas décadas. El crecimiento de la población encarcelada por delitos de drogas duplica el incremento de la población encarcelada por otros delitos en los últimos 20 años. Mientras la población encarcelada por delitos de drogas se incrementó un 329% entre 2002 y 2018, la población por otros delitos creció un 152%, según datos del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena (SNEEP). Así mismo el delito de drogas, representa la principal causa de encarcelamiento de mujeres (46% de las privadas de la libertad mujeres) y de las personas trans (70%), de acuerdo a los últimos datos del SNEEP, para el año 2018…”

La simple lectura de ese párrafo arroja una primera conclusión.

El espacio comandado por el destacadísimo “vacunado Vip” Horacio Verbitsky resalta que, durante el período que abarca (prácticamente en su totalidad) a las anteriores gestiones “Nacionales y Populares” el aumento del encarcelamiento vinculado con el presunto tráfico al menudeo de sustancias duplicó al generado por otros delitos.

Así, sin sonrojarse, como si no constituyera un espanto en cualquier orden social medianamente civilizado, se indica que la cifra “menor” por otros delitos creció en un 152 % (¡!).

Luego se incursiona en el saldo que arroja la actividad propia de los restantes poderes del modelo de Estado imperante.

Se señala textualmente en el fallo Arriola:

"En el año 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo de dicha ley que penaliza la tenencia para uso personal por considerar que esta es una conducta privada y su punición representa una invasión a la esfera de la libertad personal cuando no implica una afectación o daño a terceros. El Fallo Arriola reconoció el fracaso del paradigma de la criminalización del consumo y sugería la adecuación del marco normativo. Sin embargo, desde ese momento no se ha producido un cambio en la ley para seguir la recomendación del fallo… Alrededor de 25 proyectos de ley, de las más diversas bancadas políticas, se han presentado desde “Arriola” a la actualidad con el objetivo de despenalizar conductas asociadas al consumo…. Ninguno prosperó.”

Es incuestionable que esa descripción, que en términos burgueses no implica otra cosa que “invocar la propia torpeza”, evidencia de un modo irrefutable la inoperancia que revisten las decisiones que emanan del poder judicial y el enorme fraude que constituye la actividad parlamentaria que se ejerce en los márgenes de las relaciones sociales imperantes.

Claro que esa mezcla de inoperancia y trampa tiene funestas consecuencias que, naturalmente, recaen sobre un inmenso número de seres pertenecientes a la clase obrera (sea ocupada, sub ocupada o desocupada) ya que en el aludido informe se asevera que: ”… unas 20 personas son detenidas a diario por las fuerzas federales motivo de tener escasa cantidad de sustancias para su propio consumo, principalmente cannabis. La mayoría son jóvenes, entre 16 y 30 años, de nacionalidad argentina, de bajos ingresos, sin antecedentes penales y sin estar cometiendo delito alguno al momento de su detención.”

Solo sobre la base de una candidez o necedad extrema puede sostenerse que, a pesar de todos “los esfuerzos”, los inexistentes resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico y el brutal encarcelamiento del pueblo pauperizado se deben, simplemente, a la torpeza o, en su caso, a la impotencia estatal.

Lo real es que, es una regla de oro del Estado burgués, destinar abultados presupuestos para, tras un telón vaporoso y difuso, montar la logística de control social de la clase oprimida.

En ese sentido el informe referido también clarifica la cuestión.

Sostiene que ese modelo de política criminal “…significa un cuantioso dispendio de los recursos públicos. Estos recursos podrían destinarse a la persecución de delitos de verdadera gravedad y entidad social, como ser los derivados de la gestión y administración del narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción…”

Es en ese contexto que debe ser analizada la decisión de desfederalizar la aplicación de la Ley 23.737

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, durante el gobierno “Nacional y Popular” de Felipe Solá, se adhirió a ese régimen y hasta el presente, sin “grieta” de por medio, el mismo se mantiene intacto.

De acuerdo al informe del CELS “…un tercio de las causas ingresadas a fiscalías provinciales corresponden a casos de tenencia para consumo personal, de acuerdo con los datos del Ministerio Público Fiscal provincial. En algunas jurisdicciones como Zárate-Campana (53,8%), Trenque Lauquen (52%), Necochea (64%) más de la mitad de las causas iniciadas de 2018, son por tenencia para consumo.”

En definitiva, puede leerse en el referido trabajo que “…en la provincia de Buenos Aires el encarcelamiento por delitos menores de la ley de drogas se incrementó 10 veces, desde 2002 contra un crecimiento de una 1,5 en otros delitos.”.

Ese impresionante aporte al colapso carcelario que desde hace tiempo alcanza ribetes de crisis humanitaria es padecido, en abrumadora proporción, por personas jóvenes que integran todos los segmentos de la clase laboriosa.

Naturalmente, idéntico resultado ha arrojado la adhesión de CABA en el año 2019. El informe en cuestión señala que la persecución de consumidores aumentó, nada más y nada menos, que en un 278%.

Mientras tanto el enorme negocio global del narcotráfico goza de la muy buena salud que, siempre sin “grietas”, le aseguran los gobiernos capitalistas.

Obviamente, la persecución y el multitudinario encarcelamiento (en su enorme mayoría escandalosamente prolongado como “preventivo”) se vincula con la finalidad que orienta al sistema penal en el marco de las relaciones sociales vigentes.

Mediante ese modelo de política criminal, el sistema capitalista controla a una enorme masa humana no incorporada al mercado de trabajo que, además, por su nivel de exclusión, ni siquiera puede ser considerada ejército de reserva respecto del mismo.

De esa forma el sistema de relaciones sociales capitalistas se preserva como tal.

Criminaliza de un modo tosco a una cada vez más exuberante multitud que no es asimilada por los tradicionales mecanismos de explotación de la fuerza de trabajo y, tras la bruma que producen las variantes políticas patronales, obtura la concientización que generaría una radical oposición a ese inhumano sistema de opresión y acumulación de ganancias.

Se trata de seres tan despreciados y marginados que ni siquiera pueden aspirar a ser explotados en el interior de las relaciones laborales capitalistas.

Así se propician antagonismos incluso con los miembros de la propia clase que aún conservan el “derecho” a ser explotados.

Es una exigencia humanitaria elemental que, como en todos los terrenos, los esfuerzos de la izquierda revolucionaria se concentren en transparentar los recurrentes subterfugios de los que se vale el “pensamiento progresista” para no atacar a fondo al colapsado sistema de relaciones sociales capitalistas.

Estado Obrero. Gobierno de trabajadores.

SOCIALISMO O BARBARIE.