La consigna contra la pobreza: plan de lucha

Los anuncios de Alberto Fernández sobre la ampliación de la Tarjeta Alimentar desataron cruces que involucraron a funcionarios de distintas carteras del gobierno y a dirigentes sociales oficialistas. Los medios opositores remarcaron las “crecientes tensiones internas” que se viven en el gobierno en relación a la “política social”.

Guerra de camarillas

Pérsico y Grabois sostienen que las medidas alimentarias “no generan puestos de trabajo”; opinaría lo mismo, según Clarín, Cristina Fernández. Los llamados “puestos de trabajo” hacen referencia a la contraprestación laboral de los beneficiarios del Potenciar Trabajo. El mismo ministro Daniel Arroyo viene declarando hace meses que hay que poner a trabajar a los desocupados a cambio del plan social. El dirigente de la CTEP manifestó que parte del gasto invertido en la Tarjeta Alimentar se la queda “la patria financiera” a través de una comisión del 0,8% que ponen los bancos para los pagos con Posnet. La sugerencia del “apóstol” del Papa era que, en su lugar, esa misma inversión se realice en la tarjeta que emite la Anses.

Pero el gran problema de los desocupados no es la comisión de los bancos, sino el gran negocio financiero de la deuda externa que se lleva los recursos que deberían estar destinados a financiar una cuarentena, con la reposición del IFE, y a resolver el problema del desempleo.

Esta guerra de camarillas oculta una crisis que no pueden resolver. Según Clarín, “en menos de cinco meses de 2021, el Gobierno ya agotó la mitad de todo el presupuesto destinado al gasto social”. Los recursos, políticos y económicos, se achican a medida que crece la miseria y la bronca social. Cada día el gobierno ensaya una nueva medida que dura menos que la anterior. La última de éstas, anunciada por Daniel Arroyo, apunta a la eliminación del IVA para compras con la Tarjeta Alimentar. Es decir que el gobierno financia con impuestos una ‘ayuda’ que grava con impuestos.

La lucha contra la pobreza

El ‘trabajo que Grabois y Pérsico ofrecen como una salida a la desocupación y a la pobreza es un fraude por partida cuádruple. Uno, la remuneración no supera el nivel de la indigencia; dos, cuando no son trabajos improductivos, Potenciar Trabajo compite con desventaja con cualquier emprendimiento capitalista, lo cual les impide autofinanciarse y los obliga a depender del Tesoro; tres, la deuda pública de 400 mil millones de dólares succiona cualquier apoyo estatal al programa; cuatro, la carestía, en especial en alimentos, destruye lo poco que apuntala a la economía familiar. El reclamo de planes sociales en general y la asistencia a los comedores, son sin duda más que urgentes frente al hambre, pero el hambre es una cuestión que debe ser abordada con un programa social y con una estrategia política. Ese programa y esa estrategia chocan con el estado capitalista y plantean, objetivamente, una rebelión popular. La cuestión de la pobreza concentra toda la crisis capitalista y la crisis política en Argentina. En el marco de la crisis humanitaria que ha desatado el capitalismo frente a la pandemia, convierte todo esto en explosivo.

Las marchas multitudinarias de las organizaciones de desocupados han creado una situación política nueva. Desde el punto de vista de las masas ponen en evidencia una consciencia del antagonismo irreconciliable de ellas con la situación presente. El pasaje de los índices de pobreza del 25 al 60% en cinco años, marca un derrumbe sin precedentes de condiciones de vida que ya eran insostenibles. Una parte de los estratos medios de los trabajadores ha caído en la pobreza. Desde el punto de vista de la burguesía, del Estado y del gobierno, la consciencia de que enfrentan un peligro mortal para sus intereses y para su dominación política, es incuestionable. No tienen un horizonte de salida. La apuesta a que un acuerdo con el FMI recupere financiamiento e ingreso de capitales tiene un destino incierto, cuando la condición es, además, seguir apretando salarios, jubilaciones y prestaciones sociales. El bloque fondomonetarista de los Fernández tiende a una quiebra, por ninguna otra razón que la consciencia de que sus términos desatarían, a corto plazo, una explosión social. El llamado de Carrió al frente macrista para que proteja al gobierno (no importa si es de sus propios desastres), apunta explícitamente a contener esta irrupción. Los círculos que acompañan a Arroyo y el propio dúo Pérsico-Grabois tienen hasta pánico de que alguien se aproxime siquiera a la avenida 9 de Julio y Moreno.

El gobierno ‘compra tiempo’ por medio de la división entre el movimiento obrero, de un lado, y el movimiento piquetero, del otro, y por medio de una política de concesiones de emergencia. Una nueva disposición del ministerio de Desarrollo Social conmina a los desocupados a no cambiar de organización a riesgo de perder su plan social. No es una medida aislada – encima de esta regimentación pretende crear una comisión de cúpulas que se comprometan a abandonar la calle. A los ‘nacionales y populares’ los aterroriza el escenario de Colombia.

Mientras se defienden las concesiones mínimas que se han arrancado, es necesario un plan de lucha claramente político. En primer lugar, el programa. Los trabajadores desocupados deben recibir un salario, distinto al seguro al desocupado, que contemple, como mínimo, la canasta alimentaria, los servicios, la educación y la salud, y los alquileres. El derecho al trabajo es fundamental: se plantea, en la crisis, la reducción de la jornada laboral a seis horas (sin afectar el salario) y la contratación de nuevos trabajadores, con un entrenamiento laboral a cargo de las patronales. De otro lado, la pobreza afecta a la mitad de los trabajadores ocupados y al 80% de los jubilados, o sea que es necesario un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar completa y el 82% para los retirados. La unión de la clase obrera con y sin trabajo es decisiva para el plan de lucha, lo cual plantea el impulso a coordinadoras y autoconvocatorias de ocupados y desocupados.

Los períodos de gran pobreza han desatado conmociones políticas a lo largo de la historia. Forzaron giros políticos de todo tipo; en EEUU el plan social de Roosevelt, que nunca arribó al pleno empleo; a la dictadura fascista de Mussolini y de Hitler, que encaminaron a Italia y Alemania por la economía de guerra (ante el fracaso de la revolución socialista); en Argentina, al gobierno de Perón y más recientemente al derrocamiento de De la Rúa, primero, y a la recuperación del empleo destruido, en el gobierno de Néstor Kirchner. Depende de una acción política autónoma, o sea por un programa de reivindicaciones políticas y sociales, la salida positiva al impasse mortal de la economía y política en Argentina. En oposición al acuerdo con el FMI y los fondos financieros, planteamos un pliego de reivindicaciones sociales y políticas de los trabajadores.