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El gobierno de Manzur, esta vez con el apoyo de la legislatura -es decir, de su rival, el vicegobernador Jaldo- adhirió al decreto nacional que estableció nueve días de restricciones a la circulación y en algunas actividades. Ha excluido del ‘lockdown’ a la cosecha del limón y la frutilla, y la zafra azucarera, que involucran a más de 70.000 trabajadores en forma directa y a otros 200 mil en forma indirecta. Los dueños de bares y restaurants decidieron abrir sus negocios y enfrentar las acciones judiciales.
En paralelo, desde el Siprosa (Sistema Provincial de Salud) se comunicó que los principales hospitales de atención Covid estaban en Código Negro, o sea que sus terapias están saturadas. Faltan insumos imprescindibles como sedantes.
La provincia había tocado el techo de los mil contagios hace diez días. Ahora, el promedio de muertes llega a las 20 por día, con edades promedios mucho más bajas.
Ante esta situación, el gobierno acompaña los discursos dramáticos con disposiciones criminales. La circular Nº 10 del ministerio de Educación, que suspende la presencialidad educativa, obliga a los docentes a presentarse en las escuelas, con presencialidad parcial de alumnos (aquellos que no tienen conectividad). Con estas disposiciones educativas, y el pleno funcionamientos de las principales actividades productivas, bancarias y comerciales, la provincia se orienta a una catástrofe sanitaria.
El agotamiento del personal médico y de enfermería, que era crítico antes de la pandemia, enfrenta ahora las vacantes producidas por los fallecimientos (más de un centenar), por la licencia del personal de riesgo, con diversas renuncias e incluso cesantías.
Las autoridades pretenden remediar la crisis con los residentes y con 300 “rotarios” que son los estudiantes del último año de la carrera de medicina de la UNT. Los “rotarios” realizan sus prácticas ad-honoren, son obligados a cubrir todas las instancias de atención hospitalarias, sin haber sido incluidos en la lista de vacunación y sin estar provistos de equipos de protección.
La política de Manzur es apoyada por todo el arco político, empresarial, la burocracia sindical y la iglesia.
