Vera, provincia de Santa Fe: violencia obstétrica y abortos clandestinos

Escribe Ivana Gutiérrez

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La precariedad y la falta de acceso a la salud pública es un problema enorme para las familias pobres en el norte de la provincia de Santa Fe. Especialmente en el departamento Vera, uno de los más empobrecidos.

Han pasado gobiernos peronistas, radicales y actualmente el PRO y no se dio solución a ninguno de los problemas básicos de la salud. Incluso han empeorado, llegando a límites extremos de violencia obstétrica o asesinato de madres y bebes. Esto en el marco de un preocupante aumento de los embarazos de niñas, abusos intrafamiliares y prostitución infanto-juvenil.

Lucha por la salud

En 2016, a partir del escandaloso asesinato de dos bebes, la maternidad de Vera cerró sus puertas por orden del gobernador del Frente Progresista, Miguel Lifschitz. Por tal motivo quedaron suspendidas las prácticas correspondientes a partos programados y cesáreas, y había que recorrer casi 65 kilómetros hasta Reconquista para poder atenderse.

A partir de una lucha del movimiento de mujeres, en 2018 se anunció la reapertura de la maternidad. Fue también a partir de la exigencia del cumplimiento de la ley nacional de parto humanizado del 2004.

En enero de este año sucedió el aberrante caso de Talía Fontana, de 22 años. Este caso de violencia obstétrica desencadenó nuevamente en la lucha del movimiento de mujeres. Se organizaron junto a las demás víctimas frente al hospital para exigir justicia y que se implemente la ley de parto humanizado

Esto pone en evidencia la realidad que padecen miles de mujeres de los sectores más populares que son discriminadas en el sistema de salud público, sometidas a tratos totalmente deshumanizados a las que el Estado les niega el derecho a acceder a un parto respetado.

Falta de derechos y de garantías

En el norte de la provincia de Santa Fe no solo no se puede acceder a un parto respetado para aquellas mujeres que continúan sus embarazos, sino que tampoco se garantizan abortos seguros. El clero está enquistado en el sistema de salud. Se sirve de la objeción de conciencia que le fue concedida por el proyecto del Gobierno, pero tampoco garantiza el bienestar de las madres. Esto le pasó en Vera hace ya 14 años a la joven Ana María Acevedo, a quien le negaron el aborto legal y el tratamiento para su cáncer.

Frente a esta situación la mujer busca por sus propios medios garantizarse el aborto poniendo en riesgo así su vida. Para las niñas madres que no han podido acceder al aborto y tienen que continuar con la gestación, no tienen ningún tipo de acompañamiento con equipos interdisciplinarios. Un sinfín de jovencitas llegan al hospital a hacerse controles y nadie les presenta el derecho a decidir supuestamente legalizado.

Pero en la provincia, no sólo mueren las mujeres y las infancias por abortos clandestinos, sino por no acceder a la salud en general, a la educación y al trabajo genuino. Frente al 3J tenemos que continuar gritando que el Estado y los gobiernos son los responsables de las violencias que atravesamos las mujeres trabajadoras, que recrudecen en el marco de la pandemia y del aumento de la precarización laboral.

Bata de violencia obstétrica. Que se garantice el acceso a la IVE.

El Estado es responsable.

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