Metán: Issa y Sáenz, los impulsores del Covid y la miseria social

Escribe Silvia Colque

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En las últimas semanas, San José de Metán entró en una verdadera escalada de contagios, que alcanza también a los departamentos del sur de la provincia de Salta. En lo que va de la pandemia, se produjeron 2121 casos (La Nación 28/05). Hace dos días se produjo un pico de 65 casos, a posterior del feriado largo, y se confirmó la circulación de las cepas de Manaos y del Reino Unido.

Las medidas “de emergencia” de Sáenz y el intendente Issa (Partido de la Victoria) en estos días, no han servido ni servirán para siquiera contrarrestar la política criminal de apertura de la economía y de vaciamiento completo del sistema sanitario que acosa a Metán. La gerente del Hospital reconoció que hay “un salto del 100% de casos con respecto al año anterior”. Es que los casos que se registran son apenas una muestra del desastre sanitario. El personal de salud realiza guardias de 48hs y deben volver a sus puestos muchas veces sin descanso para relevar al personal contagiado. Todas las mañanas llegan al hospital local decenas de trabajadores para intentar conseguir un hisopado, que se realiza a 50 personas por día y solo con síntomas completamente visibles. Es decir, las cifras declaradas -mínimo- deben multiplicarse por dos o por tres.

La pobreza en el departamento alcanza a más de la mitad de la población, con salarios a la baja y una desocupación y el trabajo informal que supera los dos dígitos, sin embargo, la asistencia social es mísera. La política del intendente solo se redujo a “donar” un bolsón que apenas sobrepasa los 10 productos, así transcurren el asilamiento familias enteras contagiadas. La elevación de los alquileres y de impuestos empujó a cada vez más trabajadores a vivir entre el hacinamiento y asentamientos a la vera de los ríos que cruzan la principal ciudad para enfrentar la falta de viviendas y el negociado de loteadores truchos, amparados por los gobiernos. Esta semana, cumplió un mes el asentamiento al costado del Molino con más de 50 familias.

El sur de la provincia cuenta con una elevada cifra de muertes de docentes y personal de la educación. El viernes pasado, el fallecimiento de la docente Sonia Padilla produjo una marcha de antorchas sobre el COE local para exigir la suspensión de las clases presenciales, reclamo que se conjugó con un rechazo a la extorsión entre morir de hambre o morir por COVID.

Ningún plan para la pandemia

En la mañana de ayer, restringiendo el acceso de la prensa local, el gobernador junto al ministro de Salud se apersonó en Metán y Rosario de la Frontera. Anticipó la apertura de hospitales de campaña con 20 camas cada uno, pero no dijo una sola palabra de reforzar el sistema de salud con más personal o los insumos necesarios. En las barriadas, las familias que se van recuperando comparten con las nuevas familias afectadas, la medicación que les sobra del tratamiento.

Mientras Sáenz recomienda a la población que “se cuiden” y los acusa de que “depende de cada uno”, ha dado vía libre a la voracidad de las patronales de la molienda, los arándanos y los limoneros que los obligan a seguir produciendo sin ninguna protección sanitaria. Los esfuerzos no son para cubrir las necesidades “esenciales” de la población trabajadora de Metán, sino la de los exportadores que se han beneficiado con enormes subsidios a costa de la salud y la vida de sus trabajadores. A la par que desde el COE provincial anticiparon que retornarán esta semana a clases presenciales, se conoció que son 676 los casos de contagios en la provincia.

Es frente a esta orientación criminal de los gobiernos que los trabajadores debemos abrirnos un curso, apoyados en las acciones que ya han protagonizado la docencia y las ordenanzas, los sin techo, las feriantes para imponer que se sostenga la suspensión de clases presenciales, garantizando los insumos de conectividad; la determinación de suspender toda actividad no esencial y que las patronales paguen el 100% del salario a los licenciados. Para todos los desocupados, changarines y feriantes un subsidio a equivalente al 82% de la canasta familiar. Inmediato cese del pago de la deuda externa y el cobro de impuesto extraordinario a las grandes patronales y su gestión bajo control de los trabajadores del departamento.

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