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Esta semana salió a la luz una nueva demostración de la operación de impunidad para rescatar a todos los responsables del femicidio de Paola Tacacho. La joven había realizado 22 denuncias en 5 años, ante la fiscalía, comisarías y distintas dependencias estatales, contra un acosador que finalmente la mató. Detrás de la inacción estatal estaba la mano del hermano del femicida, el empresario Ronald Parada Parejas, vinculado al gobierno.
En una de las primeras causas que se pudo conocer salió a la luz la actuación del juez Francisco Pisa, quien ante el pedido de elevación a juicio por parte del fiscal actuante, en tanto el femicida había violado la restricción de acercamiento, decidió sobreseerlo en nombre de evitar gastos a la justicia. Nunca investigó que Paola ya había hecho otras denuncias ni consideró el testimonio de la joven ni las pruebas aportadas por ella. Frente a esto se presentaron ocho pedidos de juicio político contra el juez, en su mayoría formulados por organizaciones de mujeres, de derechos humanos y víctimas. Si bien dicha comisión pidió un descargo al juez, dejó correr los tiempos y que el trabajo sucio de salvataje lo haga Manzur. El magistrado había pedido la renuncia condicionada a la jubilación de privilegio antes del femicidio y 5 horas antes que se venzan los plazos para que la comisión de juicio político formulara la acusación, para iniciar el proceso de destitución, el gobernador le firmó la jubilación.
La nueva manifestación de impunidad se pudo conocer debido a que transcurridos 60 días de la firma para la jubilación, Pisa todavía sigue en funciones. Sin embargo la ley lo que estipula ante estas situaciones es que el proceso de juicio político continúe si luego de ese período no se sustanció la renuncia. No obstante la comisión de juicio político de la legislatura, de manera fraudulenta, también en febrero y con la firma de Manzur, dio por clausurado el proceso. Advertidos de esta situación, familiares de Paola Tacacho junto al Ni Una Menos iniciaron una campaña para desenmascarar toda esta operación y exigir que se reactive el proceso de destitución del juez.
Lo que está en claro es que todo este esfuerzo por salvar al juez Pisa responde a su función de “Oyarbide tucumano”, en las causas de corrupción que involucran al gobierno, se trate de Manzur o Jaldo, ahora enfrentados pero unidos en todo tipo de fechorías. Por otra parte, avanzar contra Pisa significaría poner en el banquillo a todos los jueces y fiscales que actuaron de la misma manera en el resto de las causas iniciadas por Paola. Pretenden clausurar el proceso de la misma manera que el fiscal que investiga el femicidio se niega a unificar todas las causas bajo el argumento que no hay nada que investigar.
La única manera de avanzar en el desmantelamiento de todo este régimen de impunidad y sacar a los Pisa es poniendo en pie un gran movimiento de lucha que enfrente al Estado y sus instituciones. Es 3 de junio es importante que en las acciones que se desarrollen en las plazas del país, en los lugares de trabajo y barriadas esté presente el reclamo de justicia por Paola Tacacho y todas las víctimas de femicidios y el planteo que no podemos tener ninguna confianza en que la solución vendrá de los gobiernos responsables.
