Este 3J las docentes nos plantamos: "Ni una menos por el virus y la miseria" "El estado y la burocracia sindical son responsables"

El 3 de junio de 2015, ante el asesinato de Chiara Paez, una adolescente embarazada, se llenaron las plazas políticas del país en repudio a los femicidios así como a la acción y omisión de un Estado que es partícipe necesario en la violencia contra las mujeres. “Ni una menos. El Estado es responsable” se convirtieron en gritos de guerra desde entonces.

En medio de la crisis humanitaria que atravesamos, agudizada por la pandemia covid-19, la salud y la vida de las mujeres trabajadoras atraviesa uno de los peores momentos de la historia. El Estado, más que ausente, está presente para sostener la precarización y busca liquidar nuestras condiciones de vida para garantizar el acuerdo fondomonetarista y rescatar al capital a como dé lugar.

Según un documento de Unicef y la Dirección de Economía y Género del Ministerio de Economía sostiene que “en los hogares monomarentales, con jefatura femenina, la pobreza alcanzó al 59% de los hogares y al 68,3% de los niños, niñas y adolescentes” y la indigencia al 23,6%, y que dichos hogares son los que “enfrentaron el mayor impacto negativo de la crisis por COVID-19 y son los más alcanzados por la pobreza y por la crisis de los cuidados”. La docencia no escapa de esta realidad: el gremio docente está altamente feminizado. Más del 80 % de su cuerpo laboral está conformado por mujeres que en muchos casos son el único o el principal sostén de familia.

La apertura escolar en pandemia y sin vacunas nos coloca como trabajadoras, como mujeres y como madres en el lugar de prenda de descarte para avanzar con la nueva normalidad que nos quieren imponer a riesgo del contagio y la muerte del conjunto de la comunidad educativa. Los protocolos no son más que ficciones mortales al servicio de las patronales.

La incorporación de la Educación sexual Integral (ESI) en la currícula de todas las materias y niveles del sistema educativo, fue una conquista del movimiento de mujeres y de las docentes organizadas. La ESI se enfoca en "la concepción del cuidado psíquico y corporal” y en la ruptura de los roles asignados según género. Pese a que introduce la idea del “respeto a los idearios institucionales” abriendo la puerta a la injerencia clerical en los contenidos seguimos combatiendo este aspecto regresivo al tiempo que luchamos por más presupuesto para su desarrollo. Denunciamos que mientras se sigue arrojando a las compañeras docentes embarazadas a “escuelas covideros” con una sola dosis de vacunación y se sigue extorsionando a las madres de nuestros estudiantes negándoles el bolsón de alimentos en tiempo y forma el Estado usa la ESI como maquillaje y como manto para cubrir la doble explotación que sufren las mujeres en general.

Hoy, la perspectiva laboral de una docente implica:

1. Un salario reventado por paritarias a la baja, que fueron cerradas en montos que no superan el 30% mientras la inflación interanual supera el 47%. Al tiempo que los precios de los alimentos, los alquileres y el costo de vida general están por las nubes. Una docente tiene que acumular dos o tres cargos para llegar a un salario que no permite llegar a fin de mes.
2. Ir a trabajar enferma para no sufrir el descuento del ítem presentismo que es una de las principales desigualdades de género dado que, en la actual estructuración de la sociedad, somos las mujeres las que tomamos licencias para el cuidado de hijos y familiares a cargo. Esto da cuenta de la superposición de tareas entre el ámbito laboral y el doméstico. Al mismo tiempo, la pandemia, agravó esta superposición de tareas porque hay que hacer malabares para congeniar la modalidad presencial y virtual.
3. Altos niveles de inestabilidad laboral por falta de cargos y actos públicos virtuales de dudosa transparencia, precarización laboral en los programas socioeducativos con la consiguiente precariedad al momento de la jubilación.
4. Altos niveles de estrés laboral por las presiones de los ministerios de educación e instrumentada por supervisores y directivos que exigen el cumplimiento de protocolos impidiendo el cierre de “burbujas” lo que redunda en el contagio de las docentes y estudiantes bajo el miedo de llevar el virus a sus casas y enfermar a sus familias. Situaciones en donde se exige continuar con trabajos virtuales mientras las compañeras están bajo el cuidado de sus hijos con diagnóstico de Covid son moneda corriente dentro de las escuelas.
5. La imposibilidad de traslado del lugar de trabajo para poner al resguardo a docentes que sufren violencia de género debido a que no queda contemplado dentro de la licencia 70 y, que fue arrancada con lucha.

Pero las docentes, en especial quienes trabajamos en las villas, sabemos que las madres de nuestros estudiantes viven una realidad similar o más profundizada que la que se vive en nuestro sector.

La precarización del empleo femenino no comenzó con la pandemia. Los datos arrojan que solo 1 de cada 10 trabajadoras de entre 55 y 59 años podrá jubilarse al cumplir los 60 debido a que no cuentan con los años de aportes, aunque hayan trabajado durante toda su vida. Hoy el 85% de las mujeres se jubila a través de una moratoria.

La pérdida de empleo durante la crisis del COVID-19 se concentró en los trabajos informales, mientras que las madres “que están a cargo de hogares con niños, niñas y adolescentes son quienes enfrentan los mayores obstáculos para reincorporarse a la vida laboral y mantener sus puestos o buscar un nuevo empleo” (Clarín 25/5).

Además del servicio doméstico en casas particulares, las mujeres son la mayor parte de los trabajadores en actividades como los servicios sanitarios y sociales que, al ser considerados esenciales durante la pandemia, no redujeron su actividad, quedando desproporcionadamente expuestas a riesgos de contagio y a la extensión de las jornadas laborales. Dos rubros altamente feminizados como educación y salud están entre los sectores peor remunerados.

Esta situación se vio profundizada porque, producto de la pandemia, se discontinuaron los servicios educativos ya diezmados por ajustes presupuestarios y una falta de vacantes escolares continua, sin que se dieran licencias ni asistencias sociales sistemáticas y suficientes para las trabajadoras a cargo de menores. Tampoco se garantizó el acceso a la educación virtual por medio de dispositivos y conectividad a cargo del Estado. La falta de inversión en garantizar subsidios que permitan llevar adelante el aislamiento en defensa de la vida, así como para garantizar la educación remota en contexto de pandemia, o canastas alimentarias acordes a las necesidades nutricionales de nuestros estudiantes, implican mayores desigualdades en el futuro acceso al trabajo y, por ende, también mayor pobreza general e infantil. El IFE, que está suspendido para cumplir con el plan fondomonetarista, consistió en un subsidio de tres pagos miserables de 10.000 pesos durante el 2020, que cobró exclusivamente una persona por familia.

El Estado que se autoproclama feminista, bajo el palabrerío vacío de “aplicar políticas de amortiguamiento de la violencia de género y la pobreza” implementó el Ministerio de la mujer y géneros, facilitó teléfonos y flyers para hacer denuncias que nunca llegan a ser atendidas, buscando cooptar y burocratizar a un sector del movimiento de mujeres apropiándose de las conquistas de derechos arrancados en la calle y convirtiéndose en un apéndice del poder que hoy justifica el empobrecimiento de millones de mujeres trabajadoras. “La amortiguación de la pobreza” es una frase hecha, que no solamente revela ignorancia e insensibilidad. Su propósito es exculpar al gobierno, al estado y al capital, que se presentan como “amortiguadores” de una crisis humanitaria que es enteramente la responsabilidad de un régimen social históricamente en decadencia.

Para muestra basta un botón. Según Gómez Alcorta, para facilitar el acceso de las mujeres al “trabajo” el Ministerio de la Mujer promueve la creación de 800 jardines de infancia y guarderías, y “analizar las políticas de las licencias de paternidad y maternidad”. Otra de las funcionarias “feministas”, D'Alessandro, impulsa la idea de mujeres “profesionalizadas en el trabajo de cuidados”. La mujer, siempre “friega” y “cuida” “solidariamente”.

Pero los “jardines de infancia” que promueven las funcionarias “nac and pop” no tienen nada de novedoso. Son un refrito de los CPI que impulsó Mauricio Macri durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para niños de 45 días a 4 años no dependen del Ministerio de Educación sino de Desarrollo Social. No tienen, por lo tanto, un objetivo pedagógico sino de mera contención social. Los modos de contratación en estos centros es, en gran parte, bajo contratos basura y las currículas quedan a criterio del ideario institucional de las ONG que los gestionan, sean estas religiosas o no. No parece descabellado pensar que esta modalidad sea la que siga primando. Por otra parte los CPI y los CDI establecen un doble estándar educativo, el de niños y niñas que van a jardines maternales y de infancia con currícula educativa y los que van a jugar un rato y a comer a un lugar alquilado a un centro de jubilados, un club o una Iglesia. Más precarización para las trabajadoras de la educación y más degradación educativa para la escuela pública.

Estas son las “salidas” del feminismo estatizado. El de Acuña que saluda a las docentes de nivel inicial en su día y agita la idea de “previsibilidad” porque “las mujeres necesitan las escuelas abiertas para retomar su vida laboral”, mientras nos obliga a una presencialidad escolar en pandemia que está generando un espiral de contagios y de muertes en la comunidad educativa, mientras descuenta el salario de las compañeras que luchan y aprieta a las madres que eligen no enviar a sus hijos a la escuela para ponerlos a resguardo del virus. Una encerrona que es acompañada por las burócratas sindicales como Alesso y Graciano que mientras ya superamos la centena de docentes fallecidos a lo largo y ancho del país y los 19 fallecidos en la CABA, hacen la plancha y se limitan a sacar jornadas de duelos, comunicados en tono electoral y flyers con paros domingueros.

Este cuadro de pauperización en el marco de la carestía de la vida que se profundiza bajo un proceso inflacionario desbocado que se come el poder adquisitivo del salario día a día y que se agrava a la luz de la crisis habitacional, coloca a la orden del día la unificación de las luchas de los trabajadores ocupados y desocupados con las del movimiento de mujeres al que, desde Tribuna Docente Tendencia, llamamos a mantener la independencia política con respecto a los sectores patronales, sus gobiernos y sus burocracias.

Somos las mujeres trabajadoras quienes nos ponemos de pie ante tamaña violencia y, junto con nuestros compañeros, salimos a parar la olla en los barrios, en los comedores, en las escuelas, en los hospitales y a organizarnos contra los femicidios. El movimiento de mujeres piqueteras, independiente del poder y del vaticano, es el que lucha a brazo partido por arrancarle al Estado trabajo genuino y alimentos. Somos las que tomamos las tierras para exigir el derecho a la vivienda, las que, en medio de la pandemia, nos ponemos en la primera línea para exigir la vacunación masiva y nos plantamos para que el capital y sus gobiernos no nos arroje a una presencialidad que enferma y mata para perpetuar la reproducción del capital a costa de nuestra vida y de la de toda la familia obrera. Somos las que nos plantamos en las calles hasta arrancar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y que hoy seguimos luchando para lograr su aplicación efectiva. Esta no es una lucha nacional: las mujeres palestinas que a pedradas se plantan contra el genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel armado por el imperialismo, las mujeres colombianas que forman la primera línea y luchan junto a sus compañeros e hijos y se organizan frente a la represión, las jóvenes de la revolución chilena que se plantan contra el régimen pinochetista de Piñera, las estadounidenses contra el racismo y la barbarie policial.

A días del 3J, tenemos que levantar un pliego que ponga sobre la mesa todas nuestras demandas y organizarnos para tomar el control de los recursos que generamos las y los trabajadores y son apropiados por el capital. Nuestra liberación es también la estatización de dichos recursos, la gestión de los mismos por sus trabajadores. No es el 1% de la riqueza lo que necesitamos, es tomar por asalto el 100% de lo que es nuestro si queremos que el “Ni una menos” se haga efectivo. Frente a la violencia del Estado y sus gobiernos, de las burocracias sindicales y papales que los sostienen, opongamos organización y lucha por:

• Suspensión de las clases presenciales en pandemia así como también de toda actividad no esencial.
• Que el Estado garantice la virtualidad con la entrega de equipos y conectividad mediante la estatización de los recursos de telecomunicaciones, como así también, las medidas económicas necesarias para garantizar el aislamiento del conjunto de las y los trabajadores, incluyendo licencias, subsidios y alimentos.
• Abajo el ataque contra las compañeras embarazadas y de grupos de riesgo a las que se les impide tomar nuevos cargos y se las hace volver al trabajo sin el esquema completo de vacunación. Vacunación masiva. Ni una menos aplastada bajo la violencia estatal.
• Por un salario igual a la canasta familiar-que contemple el valor del alquiler- para un cargo de jornada simple que permita el reparto de las horas de trabajo. Abajo el ítem del presentismo.
• Por la recuperación de las juntas de clasificación y la transparencia en los actos públicos. Ni una menos sin trabajo. Basta de precarización laboral.
• Implementación efectiva y cabal de la ESI y la Licencia 70.
• Por la recuperación de los sindicatos de mano de las burocracias para ponerlos al servicio de la lucha de la clase obrera.