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En Salta, varios casos de impunidad fueron abriendo camino a la irrupción del primer NI una Menos en 2015: el asesinato de las turistas francesas, el de Luján Peñalva y Yanina Nuesch, el de Cintia Fernández. Todos ellos marcados a fondo por el encubrimiento al poder político.
Continuismo
El año previo, Juan Manuel Urtubey, improvisó una emergencia en Violencia de Género. Ese año los femicidios ya ascendían a más de una docena, siendo el caso de la docente Evelia Murillo, uno de los más conmocionantes. Se “abrieron” hogares refugios, la mitad de ellos a cargo de la Iglesia e inaccesibles; se crearon Juzgados y Fiscales de Género, un nuevo refugio para las camarillas judiciales ligadas al sostenimiento del poder político a cambio de su propia impunidad. El observatorio de Violencia hacia la mujer, creado con esa emergencia, ha sido una fuente de cooptación y de réplica del discurso oficial. Por eso, mantuvieron y mantiene un silencio sepulcral frente a cada realidad brutal.
Ahora Sáenz sigue el mismo camino inocuo. Anunció la creación de un Fuero Especial de Género para y reivindicó al Polo Integral de Mujeres bajo un discurso feminista. Sin embargo el salto de las cifras de la pobreza, desocupación y déficit habitacional ha arrojado a miles de mujeres trabajadoras y pobres a un cuadro cada vez más desesperante, que es inseparable del crecimiento de las denuncia por violencia de género. Salta es la cuarta provincia con mayor tasa de femicidios por cantidad de habitantes, con 11 femicidios el año pasado, seis en lo que va de este año.
El año pasado, se ha puesto en pie una comisión de familiares de víctimas de femicidios que nuclea a una decena de casos. Todos ellos, demostrando una y otra vez, que el Estado es el único responsable. De cara a este 3J, denuncian el cierre de la causa de Luján y Yanina a pesar de que su familia ha desbaratado la tesis oficial de un “doble suicidio” y la imposición de una restricción de acercamiento para la familia por parte del Procurador General. El sistema de justicia salteño es uno de los más oscurantistas y conservadores, hecho a medida de los intereses de la oligarquía local y la curia católica. En vez de desmontarlo, Sáenz busca reforzarlo con su Constituyente trucha, otorgándole el carácter vitalicio a la camarilla de la Corte de Justicia de Salta, principal garante de la impunidad, no sólo en caso de femicidios.
Las salteñas, presentes en todas las luchas
Hundidas en la miseria social creciente y la agudización de la pandemia, las trabajadoras y nuestras familias estamos frente a una encrucijada: salir a buscar el pan para subsistir a costa de contagiarnos o de quedarnos en casa con hambre. Esta es la dicotomía a la que pretenden someternos, quienes han puesto sus intereses de clase por encima del de nuestra salud y nuestras vidas.
Es frente a esa realidad, en las barriadas, encabezando los merenderos y contra el hacinamiento. En las escuelas, luchando contra la muerte frente a la política aperturista del gobierno; en los hospitales, enfrentando la precarización laboral y la falta de insumos contra el gerenciamiento hospitalario. Las mujeres levantamos cabeza.
La lucha por la libertad a Yolanda y, ahora, por su sobreseimiento, ha sido una verdadera escuela de lucha. Mientras la Justicia intentó resguardar la responsabilidad del Estado de la miseria social a la que someten a nuestras familias, poniendo todas sus herramientas al armando de una causa, inventando testigos y denuncias. Las trabajadoras en Colonia Santa Rosa, hicieron propia la lucha por desbaratar la causa armada contra Yolanda. Pero, a la par, convirtiéndola en una lucha por la urbanización de los asentamientos.
Este 3J en Salta nuevamente se caracterizará por un torrente de mujeres que lucha día a día por acabar con el cuadro de opresión y violencia que sufre sistemáticamente por parte de este régimen. Profundicemos nuestra organización y nuestra lucha poniendo en pie comités de mujeres en los barrios y lugares de trabajo, para intervenir en los casos de violencia y resguardar a las mujeres violentadas; por la exclusión del violento del hogar y hogares refugio bajo control de las organizaciones de mujer. Tiremos abajo el intento de Sáenz de atornillar al aparato judicial cómplice de los femicidios. Impongamos subsidios equivalentes al 80% de la canasta familiar a toda víctima de violencia. Aplicación efectiva de la ILE y la IVE en Salta abajo la objeción de conciencia, separación de la iglesia del estado en base a la confiscación de todos sus bienes. Por el derecho a la vivienda, al trabajo, la salud y educación para quebrar el cuadro material y cultural de la violencia hacia la mujer.
Hagamos de este 3J una instancia más de lucha contra un régimen social que bajo la pandemia ya no sólo no garantiza la vida de las mujeres sino del conjunto de la humanidad.
