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El Tribunal Oral en los Criminal Federal N°3 ha rechazado la excarcelación del compañero Sebastián Romero, militante del PSTU que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria desde julio del año pasado. Anteriormente, había estado preso desde el 29 de mayo, luego de su captura en Uruguay y su extradición a la Argentina.
El juez que lleva la causa, Feliciano Ríos, ha utilizado argumentos que no justifican de ninguna manera que Sebastián permanezca preso en su domicilio. Debemos recordar que el pasado 13 de abril los jueces Daniel Patrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña, pertenecientes a la Cámara Federal de Casación Sala 1, habían sostenido la misma decisión que ahora aplica Ríos. La reiteración de las diversas cámaras y tribunales contra Sebastián son una confirmación innegable de la persecución política contra un luchador de la clase obrera. La acción de todos estos jueces amerita iniciar causas en su contra puesto que mantienen con prisión domiciliaria a un acusado que de ser declarado culpable pesarán sobre él penas excarcelables.
La justicia sostiene la judicialización de la protesta al también sostener las causas abiertas contra Daniel Ruiz y Cesar Arakaki, en las cuales no se ha presentado ni una sola prueba en su contra, sin embargo, se encuentra la causa en instancia de juicio oral. Una treta del Estado para criminalizar la protesta.
La persecución política contra Romero se enmarca en el ridículo porque es acusado de oponerse a una ley de movilidad jubilatoria que la propia Justicia declaró inconstitucional. Al tiempo que Romero no se movilizó en soledad sino que lo hizo con 300 mil trabajadores en la Plaza de los Dos Congresos. En Francia, el propio código penal enmarca que toda causa derivada de una movilización pierde mérito si la medida es retirada luego por el gobierno o declarada inconstitucional por la Justicia. En la Argentina la pantomima democrática no permite al pueblo deliberar más que mediante sus representantes, que en el caso de los jueces son elegidos por nadie de forma vitalicia.
La burguesía y sus gobiernos están en una cruzada abierta contra la clase obrera que no para de rebelarse en el mundo contra el manejo asesino que realizan todos los gobiernos de la pandemia. La persecución a los que luchan tiene una finalidad estéril, es imposible judicializar una rebelión popular. Así lo demuestra la juventud palestina que se levanta contra el genocidio sionista, la juventud colombiana que lucha incansable contra los escuadrones asesinos del ESMAD y la juventud de Myanmar que se levanta en armas contra una dictadura asesina.
Libertad a Sebastián Romero. Cierre de las causas contra Daniel Ruiz y Cesar Arakaki.Por la defensa irrestricta del derecho a la protesta, la organización y la lucha obrera.
