Salta: Sáenz y la justicia clerical impiden el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo
Escribe Catalina López
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El juez provincial en lo Civil y Comercial Tomás Méndez Curutchet dictó una medida cautelar que impide a una mujer salteña acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), hasta tanto no se consume una “audiencia de conciliación” con el supuesto padre del “niño o niña por nacer”, y una sentencia sobre el pedido de prohibición de la práctica solicitado por quien se presenta como progenitor a futuro. En tiempo record, el ministerio de Salud emitió un memorándum para impedir que se le realice la práctica en los hospitales y centros de Salud. Busca evitar lo ocurrido en San Juan, donde no obstante un fallo similar, la mujer pudo acceder a la IVE en un hospital público. Queda a luz una canallada de la Justicia, que pretende ‘prorrogar’ los tiempos de embarazo, y la complicidad del poder político, que lejos de apelar en contra, se ha apresurado en la aplicación instantánea del fallo.
La medida no solo bloquea la aplicación de la IVE en la provincia sino que deja a las mujeres en una situación de subordinación jurídica a los progenitores en potencia, lo viola un punto absolutamente esencial del derecho al aborto, que las defensa de las niñas y adolescentes. Se ha pasado del derecho a la vida desde la concepción al ‘derecho’ sobre la mujer por un asociado a esa concepción. El objeto de la audiencia de conciliación es imponer la voluntad de un supuesto progenitor en representación de los derechos del “niño por nacer”, apoyados en la reforma del código Civil de la Nación establecida por el kirchnerismo en 2015. Sin embargo, ese mismo código sólo otorga derechos a los niños, bajo la potestad de los progenitores, una vez que se nace vivo. La dilación de la sentencia es una maniobra burda para evitar el aborto para una mujer que ya cursa la séptima semana de gestación. El poder político de Salta pretende consagrar un derecho masculino sobre la mujer, que implica un aval potencial a cualquier violación sexual.
El inusualmente rápido accionar de la Justicia y del gobierno acatando dicha resolución, da cuenta de una acción discutida y coordinada por los sectores clericales de la provincia. Los abogados del supuesto progenitor son militantes católicos y antiderechos declarados.
La curia salteña no se ha privado nunca de usar sus atrios para una agitación política contra el derecho al aborto, ahora obtenido por la inmensa movilización de las mujeres en todo el país. Tampoco para entrometerse en otros asuntos de la vida pública, como la defensa criminal de la presencialidad escolar en pandemia. El gobernador Sáenz acaba de suspender las fechas de las elecciones después de que la curia católica lo exigiera en sus homilías. El reclamo clerical contra la intervención del estado para resguardar la salud de la población en la pandemia, no rige y hasta es saludado cuando se trata de garantizar la violación del derecho al aborto de una mujer.
El Estado provincial apoyado en el planteo reaccionario la objeción de conciencia, no garantiza las prácticas de IVE en los hospitales públicos, ya que bajo las presiones clericales, políticas y hasta judiciales, la mayoría del personal actual se declaró en masa como “objetor”. El mismo director del Hospital Materno Infantil, Federico Mangione, denunció públicamente que no contaba con el personal necesario para dicha práctica y que los declarados objetores en el hospital público, no se declaraban como tales en su actividad en clínicas y consultorios privados.
Este fallo reaccionario ya ha provocado el repudio generalizado del movimiento de mujeres de la provincia, que viene conmovido en el último período por la aparición de los restos del joven trans Santiago Cansinos, desaparecido hace más de 4 años; y por el intento de la justicia salteña de responsabilizar y condenar a Yolanda Vargas, una madre trabajadora que perdió a sus hijos y todas sus pertenencias en el incendio de la casilla en donde vivía, por esta tragedia.
Es necesario derrotar esta ofensiva con una movilización inmediata y fulminante. Nuestra corriente llama a luchar contra la Justicia y el gobierno clerical salteños y desmontar en conjunto del régimen político y jurídico clerical y reaccionario en esta y en todas las provincias.
