Tiempo de lectura: 5 minutos
A pesar de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la aplicación de ese derecho clave para las mujeres enfrenta múltiples obstáculos. Ya existen 29 presentaciones ante la Justicia para impedir que se cumpla la IVE en diferentes provincias y en los fueros federales y provinciales, de los cuales 18 fueron desechados, los otros siguen en proceso. Las campañas contra la IVE, en las que participan algunos gobiernos provinciales (tanto de la oposición como del Frente de Todos) están en consonancia con las diferentes iglesias e importantes sectores del Poder Judicial.
Un juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, suspendió la IVE dando lugar a un amparo. El fallo manifiesta que la ley votada meses atrás en el Congreso “vulnera los derechos del niño contemplados en la Constitución a través de pactos internacionales a los que el Estado adhirió en la reforma de 1994” (La Capital, 8/6). El “amparista” beneficiado por la Justicia es Héctor Seri, un ex legislador del MODIN que está preso y embargado por ser jefe de una asociación ilícita para estafar a la Anses y la AFIP y por tenencia ilegítima de armas de fuego.
La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es una conquista para el movimiento de mujeres, sin embargo, su aplicación ha sido limitada. La ley 27.610, vigente desde enero de este año, permite abortar de forma legal, libre y gratuita hasta la semana 14 por libre decisión de la gestante. Las instituciones deben realizar el aborto en el término de 10 días. Sin embargo, desde el gobierno no existe ninguna campaña de alcance nacional para explicitar los derechos de las mujeres y las obligaciones de las instituciones que deben instrumentar la práctica.
Una de las trampas para burlar la IVE es dilatar los plazos de su ejecución hasta que exceda los que establece la ley. Los turnos hospitalarios o de obra social para la ecografía -indispensable para la interrupción con misoprostol- muchas veces superan los dos meses. La pandemia ha agravado estas trabas.
Antes de marzo, solo eran legales los abortos que cumplían las condiciones del artículo 86 del Código Penal -violación, peligro de vida o salud de la mujer, En 2012, un fallo de la Corte Suprema indicó que esos casos no debían ser judicializados. Sin embargo, muchas instituciones públicas y privadas burlaron también el fallo escudándose en la objeción de conciencia.
El senador por Río Negro Weretilneck afirmó que en su provincia, el 73% de los tocoginecólogos de la provincia son objetores, y que debieron “recorrer toda la provincia para lograr la realización de un aborto en una nena de 12 años” (ídem).
En las provincias de San Juan y Mendoza la venta de misoprostol estaba prohibida en las farmacias. Recién con la aprobación de la interrupción legal Mendoza levantó la prohibición. Sin embargo, “todas las ILE; IVE entran por el 0800 de Nación, que está explotado. De ahí lo toma el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Mendoza (Página 12, 1/02).
Todos los diputados cordobeses votaron en contra de la ley del aborto. En el mes de enero de este año, aunque la ley no incluye la objeción de conciencia institucional, el hospital Privado hizo saber que se declara “objetor de conciencia y que derivará a las pacientes que solicitaren una IVE”. En el mismo sentido, el Sanatorio Allende dijo que todos sus profesionales eran objetores (La Voz del Interior, 31/01).
Otro tanto ocurre en Salta, donde el ministro de Salud de la provincia reunió sólo “19 profesionales para realizar la IVE. Hospitales como el Papa Francisco, y departamentos enteros dicen no contar con profesionales que garanticen la IVE… los objetores en el sector público no son todos objetores en el sector privado” (Flor Ruiz, Política Obrera, 31/01).
La aplicación de la ley es muy despareja en la provincia de Buenos Aires, con regiones en donde prácticamente todos los profesionales se han declarado objetores de conciencia y otras donde se lleva a cabo sin bloqueos. Según los datos del “Primer Registro Centralizado de la provincia”, en 2020 se practicaron 14.330 Interrupciones Legales del Embarazo. El 88% fueron resueltas utilizando misoprostol exclusivamente. El informe, elaborado por la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y la Dirección de Equidad de Género del Ministerio de Salud, dice que se duplicó la cantidad de establecimientos que garantizan el aborto en la provincia. Se pasó de 42 hospitales provinciales a 48; de 34 hospitales municipales a 74 y de 120 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) a 282. En total, hoy son 404 los establecimientos. “El 8% de las intervenciones corresponde a menores de 19 años. Entre ellas hay 12 niñas de 9 y 13 años y 236 adolescentes de entre 14 y 18 años; “el 3% del total corresponde a violaciones (Tiempo 29/9/20).
En Lomas de Zamora se festejó nuevamente “El día del niño por nacer”, que data del gobierno de Menem (1993). “Nos concentramos en las puertas del Concejo Deliberante exigiendo la derogación de la ordenanza” (Ximena Donoso, Política Obrera, 15/05). La IVE no está garantizada en Lomas -ni en muchas otras ciudades- debido al colapso sanitario, por la pandemia.
Las mujeres muchas veces no hacen público cuando van a una institución periférica u hospital, y le niegan su derecho a la IVE. Así como lo describe la compañera Ivana Gutiérrez la precariedad y la falta de acceso a la salud pública es un problema enorme para las familias pobres en el norte de la provincia de Santa Fe. Especialmente en el departamento de Vera uno de los más empobrecidos (Política Obrera, 27/05). Aparte de la violencia obstétrica que ha provocado muertes en recién nacidos y mujeres. Tampoco se garantizan abortos seguros (ídem).
En la Ciudad de Buenos Aires, según datos oficiales “la cantidad de ILE, del primer semestre del 2020 fue de 3.997”de los cuales, 284 fueron abortos por violación (ídem).
El aborto en el consultorio privado puede salir $40.000, y no olvidar que muchos son realizados por los “objetores” en sus propios consultorios.
La estimación estadística, se realiza por el retiro de misoprostol de las instituciones de salud. Es un dato inexacto ya que a veces se necesitan 2 o 3 tratamientos para realizar el aborto.
Esto muestra que durante la pandemia muchas mujeres quedaron desprotegidas por el Estado, no sólo para defender sus derechos ante una ley lograda con la lucha; hubo aumento de feminicidios y la violencia contra la mujer. Esta violencia se expresa también en el desamparo frente a las repetidas denuncias ante las instituciones civiles que no la representan y no atienden sus llamadas (“Feminismo escrito con F de Funcionaria”, Olga Cristóbal, 19/05), a la policía que no las cuidan. Las mujeres pierden el empleo más que los hombres y son desalojadas aún con niños a cargo, por no poder pagar alquileres, también en mayor número que los varones, asimismo sus salarios son menores.
Hay otros derechos sexuales y reproductivos que, incluso garantizados por la ley, siguen siendo un desafío. Por ejemplo, el acceso a la ESI en las escuelas, los partos sin violencia obstétrica o el acceso a tratamiento hormonales para personas trans.
