Tiempo de lectura: 2 minutos
El Instituto de Previsión Social (IPS), a cargo del pago de jubilaciones de los trabajadores estatales provinciales, los roba cuando estos se jubilan, no paga lo que les corresponde por ley sino un monto arbitrario menor a la jubilación que corresponde. El IPS justifica este robo con que la ley dice que se debe pagar el 82% del sueldo del activo – pero no dice desde cuándo. Los reclamos no se atienden por años y cuando se reconocen, la deuda es devuelta en cuotas sin actualizaciones ni los intereses correspondientes.
El IPS recauda los aportes jubilatorios de trabajadores del estado provincial, docentes, policías, tra-bajadores de los municipios y también recauda los aportes de obra social. La ley provincial establece que a los 30 años de servicio se percibiría el 82% móvil, pero también que se puede jubilar con un porcentaje menor a los 25 años de servicio.
Un trabajador con categoría 24 (máxima posible) tiene un básico de $7.467,94; con 16 años de anti-güedad, título universitario percibe alrededor de $40.000. El sueldo de bolsillo está fijado por un decreto que establece que nadie puede percibir menos de esa suma mencionada; este decreto, al no establecer proporcionalidades, liquida de un plumazo el escalafón de categorías y antigüedades.
El trabajador del ejemplo se jubilaría con unos $30.000 si se jubila a los 30 años de servicio, mucho menos dependiendo de la antigüedad y de la categoría; esto hace que muchos trabajadores sigan en sus puestos hasta muy avanzada edad y dolencias graves. No son pocos los que han muerto en sus lugares de trabajo.
El gobierno entonces incurre en el acto ilegal de aplicar una reducción salarial en base a resoluciones administrativas; dicho de otro modo, modifica la ley con normas menores. Especula con que, si el empleado se jubiló con edad avanzada, fallezca antes de devolver lo que le corresponde. Roban a trabajadores que no llegan a la canasta de pobreza en la región del país donde la inflación es más al-ta. Es un crimen por donde se lo mire.
Pero la situación se agrava dado que más del 50% de la planta de trabajadores del estado está preca-rizado bajo formas de contratos sin relación de dependencia (monotributistas), becas, pasantías etc.; estos trabajadores no aportan al IPS. Por otro lado, el IPS funciona como caja partidaria del go-bierno de turno y financia así sus campañas y las rentas de militantes.
Estamos ante una política francamente criminal que por cómplices necesarios a UPCN, ATE y toda la burocracia sindical que anda dando vuelta entre los trabajadores del estado. Este robo y este ac-cionar criminal no mereció ninguna atención en la reciente campaña electoral. Nada raro dado que los ´opositores´ han votado a dos manos los presupuestos de ajuste permanente de los últimos 20 años. La ´seguridad jurídica´ no alcanza a los trabajadores.
Asambleas en los lugares de Trabajo y plan de lucha por un aumento de emergencia de 50.000 pesos al básico; básico igual a la canasta familiar para la menor categoría, restitución del escalafón por ca-tegoría, 82% móvil para todos los trabajadores a los 25 años de servicio. IPS bajo control de los tra-bajadores y trabajadoras. Que se abran los libros del IPS y del Estado.
