´Expropiación´ de tierras en Avellaneda: un bocado de cardenal en disputa

Escribe Emiliano Monge

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El Consejo Deliberante de Avellaneda, donde el Frente de Todos tiene mayoría de dos tercios, aprobó una ordenanza que le permite al Municipio expropiar terrenos baldíos o “en desuso”.

“Establece que los dueños de terrenos vacíos o con edificaciones frenadas tienen un plazo máximo de ocho años para construir o terminarlas Si no lo hacen, el municipio puede declarar la utilidad pública y expropiar” (LN, 14/6). La ordenanza abarca a baldíos, edificación derruida (en estado de deterioro avanzado y que haya sido declarado inhabitable) y edificación paralizada (por más de cinco años), a las cuales se les irá aumentando progresivamente los impuestos, dice La Nación. Según el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat -e intendente de Avellaneda en uso de licencia-, Jorge Ferraresi, "no se trata de expropiar terrenos baldíos, porque en el municipio no hay terrenos libres, sino de desarrollos que terminaron paralizados durante años. En Avellaneda hay muchas fábricas abandonadas" (750am, 16/6).

Luego de la expropiación onerosa, el municipio, en lugar de desarrollar un plan de viviendas, remataría estos terrenos, o sea impulsar un nuevo desarrollo inmobiliario. Desde la oposición advirtieron que la recaudación iría a engrosar las arcas del municipio (TN, 15/6), es decir que las indemnizaciones serán inferiores al precio de reventa. Por otra parte, Ferraresi ya había señalado que “la planificación territorial en todo el mundo porque no solo permite mejorar los desarrollos del Estado, sino que también beneficia a los privados" (750am, 16/6). Agregó que con el Plan de Suelo Urbano los especuladores inmobiliarios "tienen condiciones para que les vaya muy bien" (Clarín, 15/6).

El país tiene un déficit de viviendas de 4 millones. El hacinamiento creció de manera exponencial durante la pandemia, El DNU 320, que prohibía desalojos y extendía contratos, no fue prorrogado, y la nueva ley de alquileres ha disparado un alza espectacular de los precios. Los planes Procrear son insuficientes y el acceso a créditos implican salarios por encima del promedio nacional, lo que impide el acceso popular a los créditos.

Para La Nación y otros medios, sin embargo, “la propiedad privada está en juego en Avellaneda”, y amalgama la ordenanza de marras con el fallido intento de expropiación de Vicentin, la “toma” de Grabois, o lo que ve como ‘amenazas’ al sistema sanitario. Temen que se tasen los terrenos a precios de remate. Olvidan, sin embargo, que Ferraresi, como ministro, ha promulgado una ley de “blanqueo” para capitales de la construcción. La propiedad privada del capital y lo negocios privados están bien resguardados: lo que temen los críticos es que esos terrenos vayan a para a manos de ‘capitales amigos’ de Ferraresi.

El “banco de tierras” que proponen Alberto Fernández, Kicillof y Ferraresi, tiene el mismo destino que el “mercado en pesos” de Guzmán – convertir dólares en peso para ampliar el mercado financiero.

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