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Milagro Sala se encuentra detenida bajo el cuadro de prisión preventiva hace seis años, actualmente bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Ha sido condenada a tres años y medio de prisión, por amenazas, en un hecho ocurrido en 2009; y la otra por organizar una manifestación contra Gerardo Morales, en marzo de este año, por medio de un audio a la distancia.
Teléfono pinchado
El audio que circula en los medios muestra una conversación entre Sala y el abogado Huespe, que representa a vecinos de Campo Verde, organizando una manifestación contra el gobernador en un acto de inicio de obras para construir una escuela sobre un terreno donde había una cancha de futbol y un espacio recreativo para los vecinos.
Aunque Morales declaró que detrás de lo ocurrido estaba la mano de Milagro Sala, presentó la denuncia formal el 10 de junio, hace una semana, y solo hace dos días filtró el audio. El contenido del audio, sin embargo, no tipifica un delito en sí mismo, y es altamente cuestionable como prueba. La filtración apunta a aprovechar la denuncia a una semana de las elecciones.
Apriete judicial
Milagro Sala solo había recibido dos condenas hasta el momento: una por amenazar a policías que se robaban la mercadería que decomisaban a vendedores ambulantes (la llamada “causa de la bombachas”), y otra por ser la “autora intelectual” del escrache que sufrieron Gerardo Morales y el ex Auditor General de la Nación Despouy en el Consejo de Ciencias Económicas en 2009 – “la causa de los huevazos”. Esta causa se encuentra abierta inclusive desde que gobernaba el kirchnerismo, desde 2009 hasta 2015. El ex gobernador Fellner no promovió su absolución ni aceptó la probation que solicitó, enfrentado a la Tupac, la organización que dirigía Sala. Fellner y Mórales se complementan. El radical asegura ser adversario de la ‘grieta’, pero la explota sin miramientos. La ex diputada Mabel Balconte y varios dirigentes de la Tupac Amaru, terminaron integrando el gobierno de su ‘verdugo’, luego de una “apretada” judicial. En consecuencia, recibieron condenas menores, o directamente el cajoneo de las causas judiciales que los involucraban.
Desde la detención de Sala en 2016 la Corte de la Provincia ha jugado su propio juego. Excedidos los plazos legales para una prisión preventiva, la Corte tomó la decisión “salomónica” de ordenar la prisión domiciliaria de Sala mientras continúa la investigación, presionada por algunos organismos internacionales de DDHH.
Milagro Sala había sido condenada a tres años de prisión por daños en la causa del escrache, y absuelta por el delito de amenazas. La Cámara de Casación hizo lugar a una apelación de Morales, y ordenó al Tribunal a que también fije sentencia por el delito de amenazas (tres años y medio más). La defensa de Sala recurrió a la Corte Suprema para intentar revocar la decisión, pero la Corte lo rechazó el 27 de noviembre de 2018, alegando que no era una sentencia definitiva.
Luego de conocerse la sentencia, Milagro convocó a un acampe en Plaza de Mayo para reclamar su libertad. Dentro del FdT apuntan los dardos a Gómez Alcorta, flamante ministra (nacional) de la Mujer y abogada de Milagro, y a Alberto Fernández.
La justicia como extorsión
En Jujuy no avanzan, sin embargo, las causas contra Milagro (después de más de cinco años) por malversación de fondos y la falta de viviendas. Una investigación en regla sentaría, junto a Sala, a decenas de funcionarios políticos del PJ y la UCR, y a todos los empresarios que también estuvieron involucrados en el desfalco.
La detención de Sala, que se produjo por un acampe para el apoyo a las cooperativas que dirigía su organización, después se fue extendiendo en el tiempo, concatenando causas de la más diversa índole. Sala ha recibido condenas en causas menores, en algunos casos prolongadas en el tiempo, para mantener la presión política.
El senador del PJ, Guillermo Snopek, pidió el año pasado la intervención federal de la Justicia de Jujuy, que no prosperó por los acuerdos políticos entre Morales y Alberto Fernández.
