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Soledad Ledesma es una joven tucumana que, entre los 8 y 10 años, fue abusada por su vecino Daniel Zelaya, cuando éste contaba con 16-18 años. Zelaya es actualmente el presidente del Concejo de Deliberante de la capital de Catamarca. En ese momento, ambos vivían en Lamadrid, una localidad al sur de Tucumán. En marzo de 2020, tras 23 años de calvario por todo lo vivido, Soledad radicó la denuncia.
La respuesta del ministerio público fiscal, luego de un año de demora en nombre de la pandemia, fue el archivo de la denuncia por prescripción de la acción penal. En una nueva operación de impunidad y de complicidad con el poder político, le niegan el acceso a la justicia a Soledad sin considerar la gravedad de los hechos, dado que hubo acceso carnal, y los graves daños a su salud.
Configura también un grave antecedente en la lucha que llevan adelante víctimas de abusos sexuales sufridos en la infancia.
Frente a la apelación que realizó Soledad por el archivo de la denuncia, se hizo una audiencia y nuevamente los jueces del tribunal hicieron una jugada miserable. La audiencia se realizó en su totalidad, con el descargo de los abogados de la querella y la defensa y el propio fiscal que actuó en la causa, y cuando debía dictarse la sentencia, los jueces plantearon que el recurso de apelación se presentó fuera de término. Unas semanas antes se había hecho una instancia de control y no se hizo ninguna observación.
La causa está ahora en manos de la Corte Suprema de la provincia, que deberá resolver si Soledad accede a la justicia y Zelaya es investigado. No obstante, la Corte tiene un historial en dilatar las resoluciones y en beneficiar al poder político. Incluso uno de los vocales, Antonio Estofán, está denunciado por acoso a una empleada judicial y la causa está paralizada.
Sólo la movilización popular ha logrado que se reviertan fallos de impunidad como ocurrió con el que se dictó en su momento a una parte de los responsables de la desaparición de Marita Verón. De la misma manera, con la movilización, se pudo arrancar la absolución de Belén, joven injustamente condenada por asistir a un hospital con un aborto espontáneo.
Es fundamental extender la organización y la lucha para que el pedido de justicia para Soledad avance pero también las otras causas donde los abusadores son integrantes del poder político – como las que involucran al senador nacional Alperovich, el legislador Bussi, el vocal de la Corte Estofán, el concejal Romano, el ministro de la defensa Navarro Dávila, el intendente de Famailla José Orellana, el intendente de las Talitas, Najar, entre otros.
La impunidad y la descomposición del régimen político sólo pueden ser enfrentadas con la movilización popular.
