Nicaragua: Ortega perdió la condición de “nuestro hijo de puta” de Estados Unidos

Escribe Joaquín Antúnez

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En los últimos días ha cobrado relevancia internacional la crisis política que se desarrolla en Nicaragua por el arresto de varios políticos opositores.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha ordenado la encarcelación de 17 opositores políticos al régimen. Cuatro de ellos se habían postulado como precandidatos para las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Entre ellos se encuentra la hija de la ex presidenta Violeta Chamorro, Cristiana Chamorro, quien encabezaba las encuestas contra el devaluado régimen sandinista. Además, apresó a diversos encargados de la extinta Fundación Violeta Chamorro y a cuatro sandinistas disidentes, tres viejos compañeros de ruta de Ortega y Suyen Barahona, la joven presidenta del Movimiento de Reforma Sandinista (MRS), ahora llamado Unión Democrática Renovadora (Unamos).

Las detenciones de los 17 opositores ha sido justificada bajo la carátula de la “Ley de Soberanía” aprobada en diciembre de 2020. En palabras de Raquel Dixon, primera secretaria de la Asamblea Nacional, “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas que menoscaben la independencia, soberanía, autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, no podrán optar a cargos de elección popular” (El 19 digital, 21/12).

La digitación de las elecciones previstas para noviembre próximo empezó antes de las recientes detenciones, en mayo pasado, cuando se había constituido un Consejo Supremo Electoral (CSE) con 9 de 10 magistrados alineados directamente con el régimen de Ortega. Unos días antes habían reformado la Ley Electoral, que borraba los acuerdos alcanzados bajo la supervisión de un comité de observación encabezado por la Unión Europea (UE) en 2011. Las nuevas disposiciones dejan al del poder de turno el seguimiento de las elecciones y el financiamiento a los partidos.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un documento -aprobado con 26 votos a favor sobre 34 posibles- que condena los arrestos, calificándolos de arbitrarios, e insta a Ortega a permitir una supervisión por parte de la OEA (y otros países) en las elecciones de noviembre. La Argentina y México se abstuvieron de votar esta resolución, propuesta por Luis Almagro, secretario general de la OEA, y por Estados Unidos. En cambio, fue apoyada por Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Paraguay y Perú, entre otros.

La OEA ha jugado un rol activo en el golpe en Bolivia y en todos los conatos derechistas en América Latina y apoya, como se puede imaginar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. No ha manifestado la menor preocupación por las masacres de Piñera en Chile y Duque en Colombia o de Lenin Moreno en Ecuador. Tampoco, ahora, sobre las tentativas golpistas contra Castillo en Perú.

La posición de Argentina y México - denunciar las detenciones arbitrarias sin votar la resolución dictada por Estados Unidos – pretende servir a una “mediación” entre las partes en Nicaragua, como asimismo en Venezuela. Es, sin embargo, lo mismo que busca Biden con una condena a las detenciones y a la desnaturalización de las elecciones. Bajo la presión de Estados Unidos, que maneja el FMI, encargado de la deuda argentina, los Fernández han retirado (para consultas) al embajador en Managua, bajo el paraguas que le ofreció el mexicano López Obrador. Bien mirado, sin embargo, este retiro obedece a la insustentabilidad de la ‘tercera posición’ de los Fernández, ya que cualquier mediación requeriría el visto bueno de USA y la UE. Por eso Bolivia y Cuba han votado en contra, aunque tengan sus fuertes reservas acerca de Daniel Ortega. Es también el “carril del centro” que los Fernández buscan tomar para no comprometer las negociaciones con el FMI. Otra fantasía, porque el FMI no se baja de la exigencia de ‘un plan’ para cerrar un acuerdo, que es como se refiere a la liquidación de los derechos laborales y previsionales.

Ortega no puede admitir elecciones relativamente transparentes o supervisadas, porque su derrota lo llevaría a l cárcel. ¿Quién le garantizaría la ‘impunidad de rebaño’? El régimen de Ortega es un aparato institucionalizado de negociados, cuya quiebra tendría consecuencia explosivas. Fue respaldado por Obama-Biden (2009/13), cuando Ortega fue premiado como el gobierno más pro-mercado de América Latina. Gobernaba con el apoyo institucionalizado del Consejo de la Empresa Privada de Nicaragua y de la Iglesia, y era saludado por la liberad de su comercio exterior; Ortega había logrado convertir a la casi totalidad de la fuerza de trabajo en ‘informal’, o sea sin protección laboral. El intento de construir un canal inter-oceánico, Caribe-Pacífico, a cargo de un poderoso pulpo de China, cambió el escenario. No sólo introdujo una cuña contra EEUU, sino que el proyecto suponía la expropiación de centenares de miles de campesinos, la entrega a casi perpetuidad de un territorio muy vasto y una colusión de negociados cantada. El proyecto con China naufraga. Es el momento en que comienza una enorme represión frente al enorme descontento popular, la ruptura de los capitalistas nicos y la Iglesia con el régimen, y una reactivación de la oposición política de la burguesía y de la pequeña burguesía ajena al aparato para estatal del gobierno.

Las denuncias de la oposición, por otra parte muy variada, al aparato para estatal y a la corrupción, corren paralelas a las alternativa que ofrecen o admiten de ‘libre mercado’ y alineamiento con el imperialismo norteamericano pos (por ahora) Trump. Las masas de Nicaragua son las principales víctimas de este impasse. En términos de propaganda está planteado el derrocamiento de esta dictadura; es con esa bandera que los socialistas deben plantear elecciones libres, por supuesto, bajo la supervisión de las organizaciones populares emancipadas de su burocracia ‘sandinista’, incluso una Asamblea Constituyente Soberana. Sobre Nicaragua se proyecta la presión del imperialismo norteamericano, por supuesto, pero también las rebeliones populares que crecen en el continente. No hay que descuidar la primera, ni por sobre todo la segunda.

Franklin Delano Roosvelt, el Biden norteamericano (más o menos) de la década del 30 del siglo pasado, había bautizado a Anastasio Somoza, el jefe de la dinastía de la dictadura nicaragüense, como un “hijo de puta” que había que apoyar porque era el “nuestro”. Otega recibió el mismo trato, durante un tiempo obviamente mucho más corto y con menos énfasis, que ahora ha perdido. Estos son los ‘demócratas’ que imparten lecciones de moral a América Latina.

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