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El poder judicial dirimirá 200 órdenes de desalojo que afectaran a conventillos y viviendas precarias. Los 147 que se encuentran situados en el barrio de La Boca, empezarán a hacerse efectivos a mediados de febrero tras la feria judicial. Estas resoluciones son impulsadas por el gobierno porteño y es el correlato del fenomenal negocio inmobiliario que Larreta ha desatado sobre el Sur de la Ciudad.
El reciente incendio en la calle Irala que afecto a 62 familias y al merendero ‘Los Angelitos’ volvió a mostrar la grave situación habitacional, el conventillo en cuestión es una de los tantos con pedido de desalojo en curso en este caso propiciado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Los desalojos son parte del proceso de acaparamiento de terrenos y de reconversión inmobiliaria del barrio a manos de los grandes pulpos inmobiliarios. Uno de los puntapiés fue dado con la aprobación del ‘Distrito de las Artes’ a lo que le sucedió la apertura de toda una serie de galerías, una cuña de negocios de alto valor, que revitalizó el interés de los grupos inmobiliarios en el acaparamiento de viviendas y terrenos. En el mismo sentido se desarrolla el convenio para construir un complejo de torres de oficina en los terrenos aledaños a Catalinas Sur.
Es moneda corriente comprar viviendas “con la gente adentro”, con la violencia contra las familias que quedan en la calle y los incendios intencionales como correlato. El entramado corrupto entre gobierno de la ciudad e inmobiliarias permite la compra de gran parte del barrio a precios de remate, donde se marcan aquellas propiedades de herencia vacante y se reclaman para los grupos inmobiliarios.
Este brutal negocio está llevando a una creciente especulación y aumento de los alquileres. Para muchas familias se vuelve imposible renovar su alquiler, cada vez más difícil encontrar viviendas sin ocupar e imposible para las familias numerosas. A esto se suma la precariedad creciente de las viviendas (algunas sin agua, sin gas y con un servicio eléctrico precario) y las mafias que regentean los conventillos asociadas a todo tipo de actividad delictiva. Las leyes que intentaban dar respuesta a esta situación como la 2240 o la 341 se encuentran cajoneadas y sin ningún tipo de presupuesto.
Los legisladores del Frente de Todos que votaron el grueso de los negociados inmobiliarios del PRO en la legislatura han impulsado una serie de amparos y reuniones “por la emergencia habitacional” completamente demagógicas en la legislatura porteña, que solo sirvieron como enorme lavada de cara frente a los vecinos que afrontan esta dramática situación. Las propuestas no pasaron de un protocolo para casos de emergencia habitacional en situaciones de violencia de género y la formalidad de pedir que se cumplan las leyes de acceso a la vivienda. Estuvieron presentes los asesores del PTS y del oficialismo del PO en dichas reuniones, ninguna crítica o planteo propio trascendió de su parte frente a la demagogia e impostura desarrollada por las organizaciones del gobierno nacional.
Esta situación no es exclusiva de La Boca, la ciudad se encuentra con un déficit habitacional que alcanza al 20% de su población, con subsidios habitacionales insuficientes de 6000$ en promedio y donde uno de cada diez inmuebles se encuentra ocioso. Son más de 2.000 los juicios por desalojo en toda la ciudad según informo la Cámara de Apelaciones, en cada uno de estos edificios viven de unas 50 a 300 personas. Las consecuencias también llegan a los trabajadores, en particular de la salud que se encuentran luchando contra la compactación de tres hospitales de salud mental para habilitar sus terrenos en el sur de la ciudad para estos negociados.
Frente a esta situación los vecinos de La Boca se empiezan a organizar en asamblea e impulsan una gran coordinadora para parar los desalojos y garantizar el acceso a la vivienda digna en la ciudad.
