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El policía Luis Chocobar fue recibido en la Jefatura de la Policía de Salta por el secretario de Seguridad de la Provincia, Benjamín Cruz, y el jefe de la fuerza de seguridad local, José Ibarra. Recientemente, Chocobar fue condenado por el Tribunal Oral de Menores N°2 de la Ciudad de Buenos Aires, a dos años de prisión en suspenso por el asesinato por la espalda de Juan Pablo Kukoc, en 2017, cuando escapaba luego de un frustrado intento de asalto a un turista en el barrio porteño de La Boca. El gobierno Macri-Bullrich lo había colocado en el pedestal de héroe. El tribunal finalmente consideró que el policía cometió “exceso en el cumplimiento de su deber”, y dictó una condena atenuada.
El efusivo recibimiento es expresivo de la política represiva del gobierno de Sáenz. En lo que va de 2021, se registraron 970 denuncias a policías, según la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke (Cuarto, 5/5). El hostigamiento policial a jóvenes, vendedores ambulantes y artistas callejeros -apoyado en una ley de contravenciones que habilita la detención por “averiguación de antecedentes”- es cotidiano. También lo es la impunidad del gatillo fácil. Por caso, los policías asesinos de Jorge Farfán, Martín Carreras, David Alfonso y Cristian Gallardo gozan de completa impunidad por aquellos crímenes cometidos en 2019. Los asesinos de Cristian Gallardo, en cambio, están detenidos, pero con prisión domiciliaria – un privilegio al cual no accede cualquier encausado. Recientemente, tres policías fueron imputados por haber disparado contra una familia y haber lesionado a un niño de 9 años, en un hecho ocurrido el 13 de febrero de 2020 en el barrio Norte Grande, de la ciudad de Salta. A raíz de esto, salió a la luz que los mismos policías cargan una larga nómina de acusaciones por violencia policial que quedaron en la nada. La lista sigue. Por eso en la provincia ha surgido un importante movimiento de familiares y víctimas en lucha contra los atropellos policiales.
El ministro de seguridad de Sáenz es un ex coronel, Juan Manuel Pulleiro, vindicador de los crímenes del Operativo Independencia, quien ha sido colocado en el puesto para reprimir las luchas de los trabajadores, los vecinos que reclaman una vivienda, comida o los docentes que exigen la suspensión de las clases presenciales. Chocobar, oriundo de Salta, había solicitado una audiencia en nombre de la fundación que encabeza, cuyo objetivo es “brindar asistencia legal, técnica, psicológica, médica, sanitaria, social, alimenticia, económica y toda otra necesaria, a los miembros de las fuerzas de seguridad de todo el país”. Su recibimiento por parte de funcionarios de primer nivel es una provocación a la lucha de los familiares de víctimas de gatillo fácil que exigen justicia para sus caídos. En estos días, Sáenz ha militarizado el ingenio San Isidro, por cuenta y orden de la patronal ante los reclamos de los ex trabajadores que no han sido indemnizados por los despidos ocurridos en el 2018.
En el gobierno de Sáenz las recetas de Bolsonaro abundan. Su política de ´seguridad´ apunta a disciplinar a los trabajadores salteños, entre los cuales corre una tendencia a rebelarse frente al desastre sanitario y social.
El desmantelamiento de la cúpula policíal que transa con los Chocobar, con la venia de Sáenz, solo vendrá con el levantamiento de los que luchan contra la impunidad y de los trabajadores que deberán tomar el poder para acabar con los gobiernos del capital y la represión.
