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Durante los días 17, 18 y 19 de febrero, en el Tribunal N° 7 de San Martín, se llevará adelante el juicio contra Eva Analía de Jesús, de 42 años, más conocida como Higui, acusada de homicidio simple.
Su caso ha despertado un enorme apoyo popular por su absolución. En octubre de 2016, Higui fue a visitar a su hermana a Lomas de Mariló, en Bella Vista. Ella se había mudado del barrio porque un grupo de vecinos constantemente la amenazaban por ser lesbiana, le tiraban piedras cuando la veían con su pareja, incluso llegaron a prenderle fuego a la casa. Ese día, cuando se iba, los mismos vecinos la atacaron al grito de "Lesbiana forra, te vamos a hacer sentir mujer". La tiraron al piso, la patearon, le rompieron la ropa y se tiraron sobre ella hasta dejarla inconsciente. En algún momento de ese forcejeo, Higui hirió de muerte a un agresor. Recobró la conciencia en una comisaría, acusada de homicidio.
El relato de Higui, una mujer pobre y lesbiana, es común a muchas mujeres. No solo por el hostigamiento cotidiano. Higui contó que cuando era niña su padrastro la abusaba cada vez que la madre se embarazaba. Según Unicef, en Argentina una de cada 5 niñas sufre abuso sexual, y el 85 por ciento de esos abusos se producen en el entorno familiar.
La violencia contra las mujeres y disidencias es naturalizada por el Estado. Las violaciones son una práctica que busca aterrorizar a las mujeres y en este caso “corregir” las sexualidades que no se ajusta a la norma que predica el clero. El Estado coloca a Higui en el banquillo de las acusadas como una advertencia, para reforzar el sometimiento del conjunto de las mujeres.
Higui recuperó su libertad gracias a una enérgica campaña del movimiento de mujeres y disidencias, en junio de 2017, después de pasar más de 8 meses en la cárcel. Aunque desde el primer testimonio, Higui denunció el ataque sexual de la pandilla, la justicia nunca lo investigó. La carátula de homicidio simple es un reflejo de la política de persecución de la justicia penal contra las mujeres que se defienden de las agresiones sexuales. Gabriela Conder, la abogada de Higui, señala que “le pegaron con saña, terminó muy golpeada, pero la intervención del fiscal es tendenciosa. Pudimos aportar algunos testigos, porque no había testigos a favor de Higui. No investigó lo que Higui dice que pasó y eso es una obligación. Se la castiga por defenderse”.
Conder coloca una polémica de interés: para la justicia ¿cuándo es válido hablar de defensa propia y cuándo no? La justicia avala el gatillo fácil contra los pibes de las barriadas y en defensa de la policía, y por otro lado criminaliza a luchadores que se defienden frente a las patronales y al mismo Estado. La parcialidad de la justicia en uno y otro caso es manifiesta.
El procedimiento judicial muestra el carácter condenatorio a priori. La condena a Higui tiene un fuerte carácter de clase y busca disciplinar a las mujeres que no se someten pasivamente a la violencia, sexual y de todo tipo.
El Estado es un promotor de la violencia contra las mujeres y disidencias sexuales porque garantiza la impunidad de los agresores y condena a quienes se defienden.
El movimiento de mujeres tiene una larga tradición de lucha contra la violencia sexista. Exigimos
Inmediata absolución de Higui.
Castigo a sus agresores
Por el derecho a la defensa de todas las explotadas.
