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Después de seis largos años de cavilaciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la decisión de tres de sus miembros -Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco- y la disidencia de Carlos Rosenkrantz, anuló la falta de mérito que la Cámara de Casación había dictado en beneficio de Carlos Pedro Blaquier, dueño del poderoso complejo agroindustrial Ledesma, por los crímenes durante la llamada Noche del Apagón, en Jujuy, cometidos en 1976. Lorenzetti no participó de la decisión. Ahora, el tribunal deberá dictar un fallo adecuado a la decisión de la Corte, lo cual dará lugar a nuevas chicanas judiciales. Blaquier ya cuenta 93 años. Difícilmente pise un calabozo.
Entre el 20 y el 27 de julio, se sucedieron razzias de los grupos de tareas de la dictadura videliana, que concluyeron con el secuestro de alrededor de 400 estudiantes, sindicalistas, obreros y militantes sociales. El ´operativo´ se llevó a cabo con la participación de vehículos suministrados a los genocidas con el logo de la empresa. Blaquier está procesado, además, por dos secuestros que cometidos el mismo día del golpe del 24 de marzo de 1976 -entre ellos, el del exintendente de Ledesma, Luis Arédez- y por otro que se concretó en los primeros días de abril del mismo año.
Blaquier ha sido uno de los popes de la ´burguesía nacional´. Ha hecho grandes negocios con todos los gobiernos, incluido el kirchnerismo, que lo benefició con el 20% de la cuota interna de la producción de bioetanol. Blaquier dejó testimonio de su ´enamoramiento´ del gobierno ´nacional y popular´ con un bizarro poema dedicado a su jefa política.
El 13 de marzo de 2015, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación revocó los procesamientos que le habían dictado a Blaquier y a Alberto Lemos (ex administrador general del Ingenio Ledesma) por los secuestros de 29 personas, ocurridos entre marzo y julio de 1976. El poder político, militar, empresario y eclesiástico fue cómplice del genocidio – el obispo de Jujuy, José Miguel Medina, fue parte de los interrogatorios, de la tortura.
Blaquier encarna como pocos la colaboración de la clase capitalista con los militares, en la ejecución de la represión genocida que ellos mismos reclamaron a los cuarteles para acabar con la ´guerrilla fabril´, como denominó el radical Balbín al combativo movimiento obrero de la época.
El CELS denunció que “las investigaciones judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos por empresarios y personal jerárquico de empresas son las que enfrentan mayores obstáculos y avanzan con más lentitud”. Pero no exclusivamente: a la fecha hay apenas un condenado por campo de concentración, sobre alrededor de 700 centros clandestinos de detención tortura y exterminio que se distribuyeron por todo el país.
