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En marzo, en Pergamino, un operativo policial de carácter ilegal irrumpió en la casa de Daniel Glasinovich, quien se encontraba con parte de su familia y un amigo, supuestamente en búsqueda de una persona fugada de una comisaria de Moreno. La brutalidad policial se hizo presente: el operativo terminó con una golpiza brutal sobre Glasinovich, quien sufrió la rotura de dos costillas, heridas en uno de los ojos y lesiones en una de sus piernas.
Las vejaciones y la brutalidad policial son moneda corriente dentro de la policía bonaerense. También lo es el encubrimiento por parte de los superiores, la justicia y los personeros políticos. Por este hecho, se encuentran procesados 18 policías y el operativo impunidad se puso en marcha.
El comisario actuante en el operativo ilegal fue Gustavo Almada, quien confirmó ante los medios que se han entablado diálogos con el Ministro de Seguridad Sergio Berni y con Daniel Alberto García, jefe de la policía bonaerense, y estos le garantizaron que el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, intervendría en la causa comunicándose con la fiscalía general de Pergamino, para blindar a los policías procesados.
Del operativo realizado el 12 de marzo por pedido exclusivo de Berni, participaron policías de la DDI de Pergamino y Moreno y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD). La investigación del fiscal Furnari comprobó la intervención en el allanamiento de los comisarios mayor Gustavo Omar Almada y mayor Sebastián Lapidote y de los comisarios inspectores Marcelo Alberto Garrido y Daniel Gómez. El grupo de la DDI de Moreno estuvo al mando del comisario mayor Claudio Gastón Albert y los integrantes del GAD actuaron bajo las órdenes directas del comisario Jorge Iberra. Como se dijo arriba, el operativo de carácter ilegal, ya que no contaba con una orden de allanamiento, tuvo la venia del inefable ministro kirchnerista, Sergio Berni.
Gustavo Almada quien se encontraba al frente de la DDI de Pergamino fue beneficiado con un traslado a la DDI de San Martin. Pero antes de tomar funciones en su nuevo destino, Almada se acercó a “hablar” con el fiscal de la causa, Furnari, quien le manifestó que debía seguir adelante con la investigación. El mismo Almada en dialogo con medios de prensa y haciendo gala de la impunidad con la que se manejan declaró: “Hoy (por el martes 15/6) habló el jefe de la policía (Daniel Alberto García) con el superintendente nuestro y García iba a hablar con el ministro (Berni) para llegar a este muchacho (en clara referencia al fiscal de la causa)”. De primera mano se pone de manifiesto los aprietes que se están desarrollando para que la causa se empantane y termine con los policías absueltos. (https://www.elcohetealaluna.com/policias-imputados-y-bancados/)
En lugar de proceder a la exoneración de los policías procesados y citados a declaración indagatoria por los delitos perpetrados en el allanamiento -encubrimiento, lesiones agravadas, omisión de auxilio y vejaciones en actos de servicio-, desde las diferentes esferas policiales, políticas y judiciales, buscan garantizar la impunidad para seguir garantizando el accionar represivo de las fuerzas.
Como ocurrió el año pasado con la desaparición seguida de muertes de Facundo Castro, el ministro Berni ha salido a bancar a sus subalternos. Por su parte el gobernador Kicillof (que en su momento mantuvo más de cien días de silencio sobre el caso de Facundo) no se ha manifestado al respecto. Muy por el contrario, la línea de acción del kirchnerismo es la de desviar sus responsabilidades políticas con el argumento de que la brutalidad policial, responde a la “doctrina Chocobar”, levantada por el macrismo y avalada por todo el arco político patronal.
Kicillof y Berni gobiernan con los Chocobar de cada uno de los distritos de la provincia y con el aval del aparato judicial, que garantiza la impunidad del accionar de las camarillas policiales más allá de los colores políticos.
En el marco de una crisis sin precedentes es necesario poner en pie un movimiento que luche y se organice contra la brutalidad policial, que plantee el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad, la apertura de los libros de las comisarías y el control de las mismas por organismos de derechos humanos.
