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El proyecto de ley de “estatización” de los corredores viales oeste y norte, que presentó el pasado mes de junio Facundo Moyano, ha suscitado una deliberación tanto dentro de la actividad de peajes como en la sociedad en general.
La composición accionaria de la nueva empresa que se crearía para la explotación de los corredores, AUMET, sería síndico-estatal-privada. Un 10 % sería licitado a capitales privados, un 7 % quedaría en manos del sindicato de Facundo Moyano y el 83 % restante en manos del Estado. De esta manera Facundo Moyano pretende imitar el modelo de AUBASA (Autopistas Buenos Aires S. A., que administra la autopista Buenos Aires-La Plata) donde el sindicato SUTPA se asocia al negocio patronal.
Desde el punto de vista de los trabajadores dicha asociación es incompatible con sus intereses y sus derechos. El proyecto dictamina que en materia tarifaria el aumento de los peajes de los corredores será automático y se actualizará según el IPC (indicador de los aumentos de los precios al consumidor). Lo notable es que las paritarias del SUTPA nunca siguieron tal evolución sino todo lo contrario: siempre estuvieron por debajo de la inflación.
AUSA
En declaraciones a distintos medios y en redes sociales, llama la atención que Facundo Moyano ponga como ejemplo a AUSA, la administradora de las autopistas de CABA. No solamente debido a que es administrada por la gestión de Larreta y del macrismo, sino porque reivindica la eficacia de la gestión.
Para los trabajadores del peaje y los usuarios de esa autovía, se trata de una empresa costosísima. La automatización en AUSA avanza, y la regla es el pase a disposición de los trabajadores sin funciones ni tareas, lo cual significa el preludio de una cesantía generalizada. De esta manera, y de forma hostil, AUSA avanza sobre los derechos de los empleados de la empresa “modelo” que elogia Facundo Moyano. Consideremos que los puestos de trabajo en la actividad, y que están en peligro, se cuentan de a miles.
En materia tarifaria, AUSA aumenta según el criterio propuesto por Moyano, dando por resultado la tarifa de peaje más cara del país al seguir la relación precio por kilómetro recorrido. La relocalización de los trabajadores en tareas efectivas es la prioridad que debe tener el SUTPA, para defender los puestos de trabajo. A su vez los trabajadores debemos organizarnos en asambleas soberanas para que nos informemos y debatamos el futuro laboral de miles trabajadores y de sus familias. La organización garantiza la efectividad de la relocalización de los puestos y su defensa inclaudicable.
AUBASA
En las mismas declaraciones, Moyano criticó a la gestión sindico-estatal de AUBASA por su ineficiencia. A esta crítica cuesta digerirla ya que el SUTPA no sólo es accionista de la empresa, sino que tiene cargos directivos en la misma y de que está, por lo tanto, a ambos lados del mostrador. El encargado de representar al SUTPA es la mano derecha de Facundo: Federico Sánchez.
Un dato elocuente del fracaso de la administración de AUBASA es que en las autopistas oeste y norte se realizaron colectas para brindarle ropa de abrigo a los trabajadores, que no le son entregadas por parte de la empresa. Al incumplir con el aprovisionamiento de la indumentaria de trabajo, la firma incurre en ilegalidad. Por otro lado, ha habido retrasos en los pagos de los aumentos paritarios, que firmó el propio sindicato con las empresas del gremio.
En este caso la gravedad es aún mayor, puesto que allí el SUTPA cogestiona la administración de la empresa. El bono de fin de año -que no se acreditó y que estaba firmado en el acuerdo paritario- es otro condimento de esta situación. En la peor etapa que han sufrido los trabajadores desde la fundación del SUTPA, y bajo una pandemia que se llevó a decenas de compañeros, Facundo Moyano y sus dirigentes han respaldado las ganancias de las empresas, en detrimento del ingreso y de la salud de los miles de trabajadores de la actividad. Su actitud es criminal y hostil a los intereses de los trabajadores de peajes y afines.
AUSOL y GCO
El amago de estatización de los corredores viales oeste y norte tiene otro detalle importante a considerar, que está vinculado con el CIADI y el FMI. Repasemos para algún recién llegado. El gobierno de Macri y su ministro Dietrich están imputados por otorgarle a estas empresas una garantía de ganancia de más de 1.700 millones de dólares por tarifas futuras, además de una venta fraudulenta de las acciones del propio Macri. Estos números son resultado de una dilatada auditoría que se dio a conocer esta primera semana de agosto. Además, les extendieron la concesión hasta el 2030. Esta entrega se dio en el marco del reingreso a la órbita del FMI que ejecutó el gobierno de Macri. Para ello el FMI exige estatutariamente que para realizar cualquier acuerdo con el organismo no debe haber juicios pendientes en el CIADI: Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones, institución del banco Mundial con sede en Washington. La moneda de cambio de todos los beneficios descritos fue que las empresas de los corredores en discusión retiraran las demandas en dicho organismo. El punto está en que justamente en este momento el ministro Guzmán está negociando con el FMI un nuevo acuerdo con el aval de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, y una supuesta expropiación podría generar una nueva ola de demandas en el CIADI. La efímera visita de Pedro Sánchez, jefe del Estado español, tuvo como tema principal la defensa de los intereses de la compañía Abertis (accionaria principal de los corredores norte y oeste) y la negociación con el FMI.
¿Qué hacer?
La principal preocupación de los trabajadores de la actividad de peajes es la defensa de los puestos de trabajo y la actualización del salario que pueda hacerle frente a una canasta básica que ronda los 120 mil pesos. La relocalización de los trabajadores en tareas efectivas es la principal tarea a desarrollar y conquistar por parte del conjunto de los trabajadores. Mientras la paritaria que debía iniciarse en junio sigue parada, la devaluación sigue carcomiendo el ingreso salarial y a la vez la inflación socava cualquier posibilidad de tener una vida digna.
Defendamos el salario y los puestos de trabajo.
Aumento salarial del 60 %.
