Tiempo de lectura: 4 minutos
Con 37 votos a favor y 20 en contra, el oficialismo porteño logró darle primera sanción al acuerdo para levantar la urbanización promovida por la empresa como “Costa Urbana” en la ex Ciudad Deportiva de Boca. El proyecto fue aprobado por mayoría absoluta (la mitad más uno) cuando correspondería con 2/3 de la Legislatura, según dicta la Constitución. Pero como Juntos por el Cambio no tiene los 2/3 (40 votos), pasa por arriba de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Los votos afirmativos para el proyecto fueron de los diputados de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución y Partido Socialista. La empresa IRSA va a construir allí megatorres de lujo, lo que será el proyecto más importante de la historia de la compañía.
Se trata de un nuevo “Puerto Madero” a construirse en los predios del ex complejo deportivo de Boca Juniors, destruyendo el humedal y la reserva ecológica Costanera Sur. No se convocó a la audiencia pública obligatoria previa a la votación, ni se dieron a conocer los estudios de impacto ambiental. Se trata de la destrucción de la calidad de vida de miles de familias que podrían utilizar esos ámbitos abiertos en medio de la pandemia en vez de destinarlo a pingües negocios de especuladores. Este proyecto avanza en la destrucción de los humedales, esenciales en la preservación del medioambiente urbano y evitan inundaciones.
El objetivo también es pasar por arriba de la villa Rodrigo Bueno, pegada al predio, mediante la expulsión directa de sus habitantes o por medio de un proceso típico de expulsión de mercado, en el que se les otorga a los habitantes la propiedad del lugar que luego es comprada por privados por poca plata, porque las familias no pueden pagar los servicios, impuestos, expensas, o porque el sueldo no les alcanza para vivir. Y en ese lugar se desarrollan enormes proyectos inmobiliarios de millones de dólares. Todo bajo la supuesta “urbanización” de las villas. Lo que avanza no son los proyectos de vivienda popular en el país y en la ciudad, sino los negociados para un puñado de especuladores.
El predio de la ex Ciudad Deportiva fue cedido en 1964 por el Estado nacional a Boca Juniors con la condición de que allí se desarrollaran actividades deportivas y que no fuera vendido a privados. Pero en 1982, la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires le otorgó la posesión legal del terreno a Boca, que en la década de 1990, bajo la gestión del banquero kirchnerista Carlos Heller y la ciudad dirigida por el menemista Carlos Grosso, lo vendió a la sociedad Santa María del Plata, cuya mayoría accionaria fue luego adquirida por IRSA (Télam, 19/8).
La media sanción al convenio urbanístico pactado entre el Grupo IRSA y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, habilita la construcción de edificios de hasta 45 pisos en la ex Ciudad Deportiva de Boca. El convenio urbanístico incluye cambios al tipo de uso del suelo del predio que, en la actualidad, sólo tiene autorización para actividades deportivas. Ahora habilita la construcción de edificios que tengan como máximo los 145 metros. Ese predio consta de 71 hectáreas a metros de Puerto Madero y de la entrada sur de la Costanera.
Se calcula que se van a construir decenas de torres con una superficie aproximadamente de 900 mil metros cuadrados. Muchos denuncian que será un nuevo barrio privado y que se trata de un enorme negociado, ya que van a pagar 50 millones de dólares y ahora valdrían 1600 millones (ídem). Con la aprobación del convenio urbanístico el valor del suelo se multiplicará 32 veces como mínimo (nadienosinvito, 19/8). Las acciones de la empresa IRSA subieron en la Bolsa de Buenos Aires un 3,4%, mientras que los papeles que operan en Wall Street (ADR) aumentaron 2% (El Economista, 19/8). Estamos ante el negociado del siglo.
Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, y el kirchnerismo a nivel nacional, con Jorge Ferraresi a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se han dedicado a “sellar el suelo” de negociados inmobiliarios que benefician al capital inmobiliario, financiero y de la construcción. Larreta modificó el código urbanístico y la rezonificación para facilitar los negocios inmobiliarios en muchos barrios de la Ciudad, expulsando a las familias trabajadoras y permitiendo la construcción de departamentos de menos de 20 metros cuadrados. Ferraresi viene de aprobar en el Congreso, con el apoyo de JxC y del FdT, la ley de blanqueo de capitales para la construcción, que permitió eliminar cargas impositivas a los que fugaron plata el año pasado, impulsando la construcción de departamentos de lujo inaccesibles para los trabajadores, en una ciudad donde 4 de cada 10 personas alquila y el alquiler se lleva el 100% de un salario.
En muchas oportunidades la cesión de tierras públicas ha sido votada por la Legislatura porteña sin “grieta”. La Ciudad privatizó 500 hectáreas con el apoyo de todos los bloques políticos. Es más, un ejemplo reciente de ello es el proyecto inmobiliario de Boedo, votado por el Frente de Todos, por el Frente de Izquierda y también por el oficialismo de Larreta, que implica no la construcción de espacios verdes, sino un enorme emprendimiento comercial repudiado por los vecinos y que afecta la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
Los socios políticos del larretismo, el Frente de Todos, que aprobó las leyes macristas en la ciudad como en el país, ahora sale a denunciar el negociado inmobiliario cuando ellos son los impulsores de cesiones de tierras a la Iglesia, de venta de tierras públicas para negocios inmobiliarios y de exenciones impositivas a fugadores de capitales. Y todos juntos, sin grieta, se aprestan a votar el acuerdo con el FMI que implicará profundizar la enorme crisis habitacional del país que hace que 4,5 millones de familias no tengan una vivienda digna y vivan hacinados en medio de la pandemia.
Diversas organizaciones presentaron el Proyecto de Ley N° 1973-P-2021 en la Legislatura de la Ciudad para «declarar de utilidad pública y no sujeta a expropiación» la parcela costera de 70 hectáreas conocida como Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors para transformarla en una Reserva Ecológica”. El domingo 22 de agosto convocan a una Bicicleteada frente al Congreso y que luego arribará a la Costanera Sur.