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La campaña chabacana y de términos ordinarios en la que se embarcaron de los principales candidatos no ha corrido al gobierno del Frente de Todos de su preocupación principal, el ajuste económico y social que requiere el nuevo acuerdo con el FMI.
En los últimos días surgió la novedad de que una cantidad de desocupados de diferentes organizaciones sociales no cobraron los pagos comprometidos por el Ministerio de Desarrollo nacional. Estos compañeros son parte de organizaciones como OCR, Mariano Ferreyra, TODU y CPS 29 de mayo entre otras. ¿La excusa? Un pedido del fiscal Marijuán de suspender los pagos a aquellas organizaciones denunciadas penalmente por coacción, en una causa armada para criminalizar la protesta. Cabe resaltar que este pedido de Marijuán no tiene ningún respaldo legal y que el ministro Zabaleta la lleva adelante de oficio. El gobierno se apropia de un ingreso de emergencia que los compañeros necesitan para no pasar hambre, dando lugar a acciones de legales de los afectados hacia el Juez y el Ministro. Esta situación es un precedente negativo para el conjunto del movimiento.
En realidad, la extorsión al trabajador con el hambre y la miseria es la herramienta predilecta del Estado y sus funcionarios, que es el responsable de los pagos, las altas y las bajas. Dentro de la causa también se coloca como delito de amenaza la movilización misma y el reclamo a Desarrollo Social, un absurdo legal que pondría en jaque todo reclamo del movimiento obrero. Rápidamente aprovechando el ataque a los desocupados el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés "el Cuervo" Larroque, aseguro que "hay que redefinir" el sistema de planes.
Para estas horas, se cierne la preocupación de que tampoco se deposite el pago sobre aquellos compañeros que ya fueron reconocidos previamente. Extendiendo el ataque al conjunto de desocupados de estas organizaciones. Mientras avanza en la justicia federal la causa contra dos de los dirigentes de la movilización del 18 de agosto pasado, Eduardo Belliboni del Polo Obrero oficial y Diego Quiroga de la OCR. La jornada fue convocada por la Unidad Piquetera en reclamo de los compromisos incumplidos por el gobierno. Este ataque legal se da en un contexto de recrudecimiento de la situación social donde los ingresos se encuentran cercanos a un piso histórico. Los índices muestran que de 2013 a hoy la capacidad de compra de las familias se redujo a la mitad.
Esta semana también se dio el reclamo de cientos de familias de la Villa 21-24 que ocuparon un predio ferroviario sin uso para reclamar tierra y una vivienda digna, como paso en Guernica. La solidaridad desplegada por vecinos y organizaciones está impidiendo que se haga efectivo el desalojo y muestra también el respaldo al reclamo.
En este marco, el movimiento piquetero debe discutir y preparar acciones, el régimen y sus funcionarios buscan amedrentar la creciente lucha de los desocupados. Denunciemos la criminalización a todos los compañeros imputados, sin especulaciones y en absoluta unidad preparemos una gran jornada. Para que los trabajadores desocupados castigados por esta medida no sigan pasando hambre y por todos los reclamos pendientes.
