La toma de la villa 21-24 y la cuestión de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires

La toma de tierras en la villa 21-24 del barrio de Barracas se instaló en la agenda mediática. El predio tomado por más de cien familias fue donado al Estado Nacional por el ferrocarril. Las familias de la toma, rodeadas por los policías de la Federal y de la Ciudad, aún no han sido atendidas por los gobiernos nacional y porteño.

El censo que realizaron los propios vecinos de la toma indica que se trata de familias compuestas, en su mayoría, por mujeres solas con hijos, familias en condición de hacinamiento - hasta 18 personas en dos ambientes - y trabajadores precarizados que no cubren el valor de un alquiler con sus ingresos salariales. La toma de la 21-24 es la punta del iceberg de un drama que abarca a millares de familias en todos los centros urbanos del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, según la Dirección de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad, el salario promedio es de 57 mil pesos, mientras que en la zona norte sube a 77 en la zona oeste y sur, donde se concentra la mayor cantidad de habitantes de las villas, el promedio de ingresos baja a 40 mil. Sin embargo, uno de los delegados de la toma en conferencia de prensa informó que para acceder a un crédito ProCrear del complejo de viviendas “Estación Buenos Aires”, aledaño a la ocupación, hay que tener ingresos familiares que sumen 80 mil pesos de mínimo. Inauguradas en 2019, de las 2.396 viviendas del complejo que darían vivienda a 10 mil personas, el delegado informó, que solo el 3% se encuentra habitado.

Según los censos, el crecimiento poblacional de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra prácticamente estancado en tres millones de personas desde el año 1947. Para 2010, la población total censada fue incluso menor. Esto demuestra que en la ciudad no faltan viviendas, y que inclusive en los últimos 60 años ha proliferado la construcción de edificios y torres para especulación inmobiliaria, pero poco y nada para vivienda de trabajadores. Puerto Madero es el ejemplo de esto, donde sólo 4 cada 10 departamentos están ocupados. Una ciudad repleta de viviendas de lujo y desocupadas han aumentado exponencialmente el valor del metro cuadrado del suelo en la ciudad, en una relación inversa a la caída de los ingresos salariales de los habitantes.

Para fines de los 80, la dictadura a través del funcionario impuesto Osvaldo Cacciatore había expulsado a 180 mil personas de la villa 31. Con el retorno a la democracia, el último intendente porteño, el peronista Jorge “Topadora” Domínguez fracasó, en el mismo barrio, con su propio intento violento de desalojo. De allí en adelante se dio comienzo a una nueva etapa de expulsión por goteo de la clase trabajadora de la ciudad.

Durante la gestión macrista en la Ciudad, se han otorgado para negociados inmobiliarios 500 hectáreas fiscales, donde se han construido torres de lujo, estadios y polos gastronómicos. El Frente de Todos ha acompañado absolutamente toda esta entrega de tierras en la Legislatura con excepción y, en el actual contexto electoral, del proyecto del grupo IRSA llamado “Costa Urbana” que permite la construcción de torres de lujo de hasta 145 metros avanzando sobre el barrio “Rodrigo Bueno” y sobre las aguas del Río de la Plata.

Luego de diez días de iniciada la toma y a diez días de las PASO, los dirigentes sociales, políticos y funcionarios del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad no han hecho mención al tema ni mucho menos se han acercado a las familias. En la toma la policía que no deja ingresar lonas o materiales de construcción. Por la solidaridad e insistencia populares se lograron ingresar víveres, pañales y medicamentos.

La falta de respuesta de las gobernaciones a las necesidades de vivienda de las más de cien familias y las amenazas de desalojo violento por un lado responden a la defensa de una política de negociados millonarios en el mercado inmobiliario sobre la base del usufructo de tierras fiscales, es decir públicas. Por el otro, a la defensa de una orientación social capitalista en materia de políticas de vivienda. Las represiones de las tomas de tierras en el parque Indoamericano en la zona oeste de la ciudad, la represión a la resistencia de los trabajadores al intento de desguace del hospital Borda y la feroz represión a las familias en Guernica dan claras muestras de la defensa de fuertes intereses capitalistas sobre la tierra.

La existencia de 300 mil personas que habitan en las villas, más de 80 mil en hoteles e inquilinatos y que los costos de los alquileres se lleve en promedio, el 50% de los ingresos familiares, pone en evidencia que la crisis habitacional no puede entenderse aislada de la crisis social general del país. Un plan de obras públicas que construya viviendas populares con la masa actual de mano de obra desocupada requiere de una reorientación política y de que la planificación del uso de la tierra entienda definitivamente a la vivienda como un bien social y no un negocio capitalista.

La solidaridad con la ocupación de la toma de la 21-24 abre la posibilidad de lograr que el problema de la vivienda se instale definitivamente en la agenda de la campaña electoral obligando a unos y a otros a pronunciarse por una solución definitiva. La victoria de la ocupación de los vecinos de la villa 21-24 debe abrir una política obrera para la lucha contra la crisis habitacional.