Salta: liberan a la médica detenida por practicar abortos

En la mañana de ayer, el juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, ordenó la detención de una médica, acusada por el “delito de aborto”, a pedido del Fiscal de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega. Fue liberada horas después, cuando su detención amenazaba con convertirse en un escándalo nacional de proporciones.

La doctora MLR (se la identifica por sus siglas) es residente en el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal y forma parte de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Es la única que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (ILE) en ese departamento. La paciente que solicitó la práctica tuvo que viajar 53 kilómetros hasta el hospital. Varias organizaciones feministas señalan que la médica sufre una persecución por haber sido denunciante de un médico del hospital por abuso sexual a una joven, el cual goza de impunidad por parte del Ministerio de Salud, a cargo de Juan José Esteban.

Rápidamente, la condena a este nuevo agravio corrió como reguera de pólvora, con pronunciamientos y acciones a nivel nacional. En Salta, se llevaron adelante pañuelazos en la puerta del Ministerio Público Fiscal y el Hospital Materno Infantil. Se sumó una concentración en las puertas de la Casa de Salta (CABA). A las 15.30hs, la Justicia tuvo que otorgar su libertad, aunque aún sostiene la imputación.

El acceso al aborto legal y la batalla contra el régimen clerical

Hace un mes, se conoció la advertencia desde el propio Ministerio de Salud de la Nación de que en Salta se exigía una denuncia previa para el acceso a la ILE y IVE. Las profesionales de la Línea 0800 de Salud Sexual y Reproductiva fueron reasignadas a otras áreas, produciendo una mayor demora en el acceso a la práctica, que puede llevar a más de dos semanas.

Son pocos los médicos no objetores, la mayoría de ellos (3) se encuentran en el principal hospital de la provincia, el Materno Infantil. La objeción de conciencia impulsada por los sectores clericales de la provincia viene desde arriba. El Estado provincial postrado garantiza las presiones clericales, políticas y judiciales. En el mes de junio, se derrotó la intentona de prohibir el acceso al ILE a una mujer, dando lugar a la figura de “los derechos del progenitor”.

Entonces, no es casual que la mayoría del personal actual se declare “objetor” y que se avance en imputar a los profesionales que sí lo garantizan. Sáenz y el régimen pretenden imponer hasta con la Justicia un disciplinamiento a los profesionales, situación que se agrava con la precariedad laboral y falta de resguardos jurídicos a los residentes como pasó con esta doctora. Pero esto va más allá. En abril pasado, el gerente del Materno Infantil, Federico Mangione, denunció que no contaba con el personal necesario para el acceso a la ILE. Expuso, a su vez, que quienes se declaran objetores en la pública, no lo son en sus consultorios privados. Las clínicas privadas y obras sociales se niegan a cumplir con el derecho al aborto por los costos de la práctica. Lejos ya de los velos de la moralidad, la objeción de conciencia queda expuesta como una garantía a los capitalistas de la salud a no hacerse cargo de la práctica, reforzando el cuadro de colapso sanitario público. Una muestra de por qué los capitalistas defienden la injerencia clerical en su Estado.

Con la libertad de la médica, reforcemos nuestra organización

La movilización inmediata que hizo recular al régimen de Sáenz en cuestión de horas, debe ser la base para derrotar a la Justicia y al gobierno clerical salteño en esta nueva intentona y arrancar que caigan todas las imputaciones contra la médica residente. Llamamos a una gran campaña en este sentido y en la perspectiva de demoler al conjunto del régimen político y jurídico reaccionario.